La consultora dice que “con inflación internacional arriba del 7% anual, la tasa actual de devengamiento que no llega al 3% implica un retroceso de 4% anual con respecto al PBI”.
En ese sentido, el reporte agrega que a ese ritmo hay que sumarle el crecimiento real de la economía, que estima para 2022 en 4,6%. “Es decir que si no hubiera necesidad de buscar nuevo financiamiento para cubrir el déficit el ratio deuda/PBI podría caer más del 8,5%”, explica el reporte privado. Si bien hacia adelante, el ritmo de devengamiento de intereses aumentará, la inflación internacional podría disminuir y probablemente el ritmo de crecimiento real del nivel de actividad baje, con lo que la ecuación seguiría siendo positiva.
“Si se cumplen los puntos pautados en el acuerdo con el FMI, los ratios de deuda sobre PBI al momento de volver al mercado mostrarían niveles de 75% para el total de la deuda pública y 47% para la deuda con el sector privado”, señala el reporte, el cual considera que “son indicadores que, más allá de la concentración de vencimientos entre 2025 y 2035, no deberían plantear problemas de refinanciación”.
Según plantea la hipótesis de MegaQ, la deuda con el sector privado tendría un recorrido que va desde los u$s207.788 millones en 2021 hasta u$s213.841 millones en 2025. De ello, hay u$s158.315 millones en moneda extranjera que se mantienen constantes a lo largo del período. Lo que cambia es la deuda en pesos. Los bonos ajustables por CER pasarán desde el equivalente a u$s25.017 millones a u$s28.897 millones y los no ajustables arrancan en u$s24.456 millones para cerrar en 2025 en u$s26.630 millones. Por otro lado, la deuda intra sector público se estima en diciembre del 2021 en u$s153.030 millones, que incluye Adelantos Transitorios, deudas con el BCRA y otros conceptos. Esta terminaría dentro de cuatro años en un nivel de u$s157.826 millones. MegaQ calcula que hasta 2025 el gobierno va a tener que tomar deuda nueva por u$s50.957 millones. En definitiva, se pasaría de una deuda bruta total de u$s360.818 millones en 2021, equivalente a 82% del PBI, a u$s422.624 millones en 2025, equivalente al 75% del PBI.
Para ello, será necesario que se cumpla el programa previsto por Guzmán, es decir, que haya un crecimiento económico de entre el 3,5% y el 4,5% este año; de 2,5% a 3,5%, en 2023; y entre 2,5% y 3%, en 2024; y que se logre por lo menos, un déficit fiscal cero de manera que no haya que tomar deuda para cubrir gastos.
No obstante, la consultora LCG imagina por delante un escenario mucho menos optimista. En un informe señala que el programa que plantea Guzmán “luce minimalista, a dos años de plazo como máximo, que tendría cierta coherencia interna sólo desde la perspectiva de intentar corregir la disociación que existe hoy entre el lado real y financiero de la economía”. LCG señala que el plan “no cuenta con anclas y ni reformas, y no garantiza ni estabilidad ni crecimiento” y advierte que “incluso en caso de éxito en dos años debería ser revisado para abordar problemas estructurales”. La consultora sostiene así que “en términos de la sostenibilidad de la deuda, para alcanzar el equilibrio recién en 2025, supone mantener el ratio de deuda a producto en torno al 85%, en el mejor escenario”. Incluso considera que “un programa de estabilización más largo deberá ser discutido después, posiblemente con una nueva administración”.
Luciano Cohan, exsubsecretario de Programación Macroeconómica, advirtió por su lado que “lo que está pasando con los precios del gas y el petróleo, la soja y otros commodities en el mundo vuelven obsoleto el programa del FMI presentado hace días”. “Son movimientos con impacto fiscal multimillonario”, señaló.
