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viernes, 20 mayo, 2022
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    Alberto Fernández confirmó que las tarifas estarán atadas a la evolución de los salarios

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    Las tarifas son el tema clave por el cual el Gobierno nacional negocia a contrarreloj con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este martes en la apertura de las Sesiones Ordinarias, Alberto Fernández confirmó que la evolución de las tarifas estarán atadas a la evolución de los salarios.
    En medio de una fuerte suba de los precios internacionales del gas y del petróleo aumentando los costos e inyectando presión a los subsidios, Alberto Fernández descartó “tarifazos” y explicó cuál será la evolución de las tarifas pese a la negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios”.
    Al mismo tiempo, aseguró que aplicará una ley ya sancionada por el Congreso: “Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que las tarifas solo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios. Así, alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales”.”El Estado está construyendo capacidad para hacer de modo justo y razonable esta segmentación. Si alguna persona considerara injusto dejar de percibir un subsidio que a su criterio le corresponde, siempre podrá hacer su reclamo para que su derecho le sea reconocido en tiempo oportuno”, aseguró el Presidente.

    Según una reciente estimación de la Consultora Eco Go, dados los aumentos definidos la semana pasada (falta gas en boca de pozo) y los nuevos costos, para que los subsidios no suban el alza de las tarifas debería ser de 60%. Para reducirlos en 0,6% del PIB deberían subir cerca de 140%.

    Si bien hasta la semana pasada, el oficialismo parecía obtener el acuerdo con el staff, la guerra entre Rusia y Ucrania cambió las expectativas del Fondo Monetario que aún permanece con dudas de que las metas logren cumplirse. Teniendo en cuenta el cierre de las primeras paritarias, los incrementos salariales se encuentran en torno al 40% y el 45%. De ser así, las tarifas deberían estar por debajo del 40%.

    Este factor que no estaba previsto al principio, fue mencionado por el secretario de Energía, Darío Martínez. El aumento del precio de la energía (gas y petróleo) afectaría negativamente a la Argentina -que es un importador neto- encareciendo el precio GNL, el gas natural licuado que llega en barcos al país. En este marco, la Secretaría de Energía había calculado para este año un precio medio del GNL en u$s25 el BTU, incluyendo el costo de regasificación, el triple de lo pagado en 2021. Sin embargo la evolución del conflicto estima que se necesitarán entre u$s3.500 millones y u$s4.000 millones para comprar el combustible necesario para pasar el invierno.

    Sin embargo los consultores privados calculan que la inflación rondará entre el 55% y el 70% a partir de una aceleración del tipo de cambio oficial y el aumento de tarifas. Esto presionará a los salarios a reabrir paritarias o ajustar salarios en torno al 50%. Es por eso, que el Fondo Monetario solicitó una suba mayor en torno al 60% y recibió una negativa tajante en el Ministerio de Economía. Con esto, aún resta saber cómo el gobierno logrará llegar a las metas de reducción del déficit fiscal absorbiendo los aumentos recientes para evitar el impacto en los bolsillos.

    El miércoles pasado, el gobierno autorizó un aumento del 36% en el ingreso de las empresas distribuidoras y del 60% en el de las transportadoras de gas. Eso se traduce en un incremento de hasta el 20% en las tarifas para usuarios residenciales y del 15% para pymes. El ajuste que finalmente se estableció es inferior al reclamo que formularon las empresas en la audiencia pública de mediados de enero último.

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