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viernes, 2 diciembre, 2022
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    Amendrentamiento policial y persecuciones judiciales contra profesionales y activistas feministas

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    La marcha de Ni Una Menos terminó el 3 de junio en San Luis con “una cacería”. El punto final era la ex terminal y fue allí donde les manifestantes fueron detenides, obligándolas a mostrar sus documentos de identidad sin explicaciones, o con mensajes contradictorios. “La Policía de la Provincia de San Luis realizó trabajo de inteligencia para identificar a las personas que fueron partícipes de la marcha. Efectivos policiales, parte de ellos vestidos de civil y utilizando autos sin identificaciones institucionales”, realizaron la tarea, según denunciaron diferentes organizaciones. “Nos recuerda a la última dictadura cívico militar eclesiástica, uno de los momentos más oscuros y sangrientos de la historia reciente argentina, plagado de persecución y miedo”, dijeron desde el movimiento feminista de San Luis, que este año será sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, no binaries e intersex.

    Dos jóvenes del colectivo LGTBIQ+ fueron llevados a la comisaría primera, donde permanecieron durante horas. “Es grave la criminalización de la protesta porque no es la primera vez que nos sucede”, dijo Alejandra Rizzo, de la colectiva feminista Aquelarre de aquella provincia. El ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, aseguró que se habían abierto nueve causas. Algo parecido pasó en San Juan, tras la marcha del 8 de marzo: cinco personas fueron acusadas por dañar un monumento histórico debido a pintadas en el Colegio Normal Sarmiento, que ya estaba lleno de graffities. Cuatro fueron indagadas. “Esto es disciplinador”, consideró una integrante del movimiento feminista sanjuanino que pidió reserva de su identidad.

    Durante el último fin de semana, la casa de la periodista de La Rioja, Manuela Calvo, fue allanada por orden de la jueza de Instrucción de violencia de género y protección integral de Menores María Eugenia Torres. Su material de trabajo fue incautado, sin que le dijeran de qué se la acusa. Ya le habían impedido estrenar su documental sobre el caso Arcoiris y difundir cualquier información sobre la nena -hoy de seis años- que fue obligada a revincularse con su familia paterna, aún a riesgo de que su abuelo volviera a abusar sexualmente de ella.

    La médica residente en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, Salta, Miranda Ruiz sigue imputada por “aborto sin consentimiento”, luego de intervenir en la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La enumeración resulta abrumadora: la embestida criminalizadora se espirala mientras se multiplican los discursos de derecha, la justificación de las violencias, la promesa de recortar los derechos ya conquistados.

    Las12 consultó sobre lo ocurrido en San Luis, San Juan y La Rioja a la coordinadora de la agenda transversal feminista del CELS, Vanina Escales. “En los tres casos estuvimos en contacto con referentas, abogadas, periodistas locales para entender cada situación. Si bien son todas distintas comparten una impronta de amedrentamiento”, expresó Escales.

    Así lo sienten las activistas. El antecedente más inmediato es San Juan. “Las compañeras han sido citadas, y han sido indagadas, y están pendientes de ser procesadas o sobreseídas. La acusación es por una pintada en el colegio normal Sarmiento, que es monumento nacional y provincial, en el marco del 8M. Allí acusan con el código penal, el artículo 184, como daño al monumento nacional y provincial. Es patrimonio de la provincia”, cuenta una activista del movimiento feminista.

    La escuela fue fundada en 1879 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1999. “Esto depende del poder ejecutivo. El querellante, desde la perspectiva de derechos humanos, es el estado”, agregó la compañera. La denuncia fue realizada por el área de Patrimonio de la provincia y por Educación, en forma conjunta. El director de Patrimonio Jorge Martín se presentó ante la fiscalía N° 2 por daño agravado, y la jueza Mabel Moya, llevó adelante las medidas del Segundo Juzgado de Instrucción.

    El secretario de Seguridad provincial, Carlos Munisaga, aseguró en diferentes medios de comunicación provinciales que un grupo de 20 mujeres habían sido identificadas por las cámaras de seguridad del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). Quienes accedieron al expediente, vieron fotos con los rostros marcados con un círculo. “Como parte de la situación en la que se encuentran, les compañeres están siendo hostigadas, y algunes tienen miedo. Estamos irritades, indignades e inmovilizades, y no estamos pudiendo hacer lo que sabemos hacer, que es acompañar situaciones de violencia y abrazar a personas que sufren tantas situaciones de violencia que nos encontramos hace tiempo”, expresó la activista, quien recordó que los colectivos feministas abogan por el cumplimiento de las leyes 26 485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la 27.610, que establece el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

    La activista sanjuanina de Ni Una Menos consideró que el gobierno debió “llamar al diálogo”. “No llamó al diálogo, e incumplió su obligación de respetar el derecho de la libre expresión y cuidar a les defensores de derechos humanos de no ser perseguides y hostigades. En su lugar, nos intimidó, nos persiguió, nos criminalizó, imputándonos delitos que no existen”, apuntó.

    Al mismo tiempo que circula un documento de repudio con la firma de cientos de organizaciones para repudiar la criminalización de la protesta, el Consejo Provincial de las Mujeres, Géneros y Diversidades de San Juan, del que participan los tres poderes del Estado, publicó un comunicado el 23 de mayo en el que plantea “que es ilegítimo investigar a organizaciones sociales feministas e indagar a sus referentes ejecutando limitaciones a la protesta social no previstas en la ley y menos aún de manera expresa, taxativa, precisa y clara”, considera que el gobierno y la Justicia tienen “la obligación de gestionar el conflicto social mediante el diálogo” y que “la criminalización de la protesta no sólo puede afectar los derechos políticos y el derecho de libertad de expresión, de reunión y la libertad de asociación que en conjunto hacen posible el juego democrático; sino que, afecta derechos fundamentales de las mujeres y disidencias como el derecho a su integridad física, a la seguridad personal y a su libertad porque cuando se nos constituye como un ‘enemigo público’, se cierran los lazos de empatía para nuestras demandas y reivindicaciones”. Desde este organismo estatal consideran “sensato y coherente cesar las acciones contra militantes de organizaciones sociales de San Juan”.

    Para la activista que conversó con Las12, es importante señalar que “a les compañeres les endeudaron, porque hay que pagarles a los abogados”. Y al mismo tiempo subrayó que las están “construyendo de una manera determinada, nos están demonizando”. Por eso pide que “la sociedad reflexione” frente a los abandonos del Estado, en lugar de ponerse de forma automática en la defensa de los bienes inmuebles, como ya pasó en Rosario, en 2016, cuando el final del entonces Encuentro Nacional de Mujeres, la gran discusión fue el estado de las paredes tras una multitudinaria marcha de más de 100 mil personas. En San Juan, la marcha del 8M fue “espectacular”, de masiva convocatoria. Fueron entre 9000 y 25 mil personas, según las diferentes estimaciones de los medios de comunicación. “Fue espectacular la convocatoria”, subrayó la activista consultada por Las 12.

    La cacería puntana

    En San Luis, el relato de Alejandra Rizzo, de la Colectiva Aquelarre, refleja la “persecución” a las compañeras que participaron de la marcha. “Algunos estaban vestidos de policía y otros de civil. Uno de ellos se pisó, necesitamos los datos de ustedes porque hubo disturbios y necesitamos saber quiénes son, pero el otro se dio cuenta de que eso era una barbaridad y dijo que era solamente para un control de rutina.

    “Ahí nos dimos cuenta de que lamentablemente fue como una cacería y no nos explicaban para qué querían los datos”, relató la activista. En ese contexto, detuvieron a dos integrantes del colectivo LGTBIQ+ que pertenecen al centro de estudiantes de la Universidad de San Luis. “Se los llevaron a la comisaría primera, los tuvieron ocho horas, les agarraron los celulares, les borraron todo lo que tenían, y después, por la presión que hicimos en la puerta de la comisaría, los largaron como a las 3 de la mañana”, siguió el relato Alejandra, que integra la colectiva Aquelarre.

    Aquelarre, junto a otras organizaciones , reclaman justicia por el femicidio de Florencia Magalí Morales, que vivía en Santa Rosa de Conlara con sus hijos de 11 y 7 años, y con su nieta de 2. El 5 de abril de 2020 fue detenida por haber violado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y la encontraron ahorcada en la comisaría 25. También reclaman justicia por Johana Galdeano, que fue asesinada a balazos por su ex pareja, Juan Carlos Solalinde, padre de su único hijo y secretario general de la Uocra en Villa Mercedes. Además, se movilizan por la desaparición de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis. “Venimos denunciando la ineficacia de parte del gobierno provincial”, dice Alejandra.

    La marcha de Ni Una Menos terminó el 3 de junio en San Luis con “una cacería”. El punto final era la ex terminal y fue allí donde les manifestantes fueron detenides, obligándolas a mostrar sus documentos de identidad sin explicaciones, o con mensajes contradictorios. “La Policía de la Provincia de San Luis realizó trabajo de inteligencia para identificar a las personas que fueron partícipes de la marcha. Efectivos policiales, parte de ellos vestidos de civil y utilizando autos sin identificaciones institucionales”, realizaron la tarea, según denunciaron diferentes organizaciones. “Nos recuerda a la última dictadura cívico militar eclesiástica, uno de los momentos más oscuros y sangrientos de la historia reciente argentina, plagado de persecución y miedo”, dijeron desde el movimiento feminista de San Luis, que este año será sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, no binaries e intersex.

    Dos jóvenes del colectivo LGTBIQ+ fueron llevados a la comisaría primera, donde permanecieron durante horas. “Es grave la criminalización de la protesta porque no es la primera vez que nos sucede”, dijo Alejandra Rizzo, de la colectiva feminista Aquelarre de aquella provincia. El ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, aseguró que se habían abierto nueve causas. Algo parecido pasó en San Juan, tras la marcha del 8 de marzo: cinco personas fueron acusadas por dañar un monumento histórico debido a pintadas en el Colegio Normal Sarmiento, que ya estaba lleno de graffities. Cuatro fueron indagadas. “Esto es disciplinador”, consideró una integrante del movimiento feminista sanjuanino que pidió reserva de su identidad.

    Durante el último fin de semana, la casa de la periodista de La Rioja, Manuela Calvo, fue allanada por orden de la jueza de Instrucción de violencia de género y protección integral de Menores María Eugenia Torres. Su material de trabajo fue incautado, sin que le dijeran de qué se la acusa. Ya le habían impedido estrenar su documental sobre el caso Arcoiris y difundir cualquier información sobre la nena -hoy de seis años- que fue obligada a revincularse con su familia paterna, aún a riesgo de que su abuelo volviera a abusar sexualmente de ella.

    La médica residente en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, Salta, Miranda Ruiz sigue imputada por “aborto sin consentimiento”, luego de intervenir en la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La enumeración resulta abrumadora: la embestida criminalizadora se espirala mientras se multiplican los discursos de derecha, la justificación de las violencias, la promesa de recortar los derechos ya conquistados.

    Las12 consultó sobre lo ocurrido en San Luis, San Juan y La Rioja a la coordinadora de la agenda transversal feminista del CELS, Vanina Escales. “En los tres casos estuvimos en contacto con referentas, abogadas, periodistas locales para entender cada situación. Si bien son todas distintas comparten una impronta de amedrentamiento”, expresó Escales.

    Así lo sienten las activistas. El antecedente más inmediato es San Juan. “Las compañeras han sido citadas, y han sido indagadas, y están pendientes de ser procesadas o sobreseídas. La acusación es por una pintada en el colegio normal Sarmiento, que es monumento nacional y provincial, en el marco del 8M. Allí acusan con el código penal, el artículo 184, como daño al monumento nacional y provincial. Es patrimonio de la provincia”, cuenta una activista del movimiento feminista.

    La escuela fue fundada en 1879 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1999. “Esto depende del poder ejecutivo. El querellante, desde la perspectiva de derechos humanos, es el estado”, agregó la compañera. La denuncia fue realizada por el área de Patrimonio de la provincia y por Educación, en forma conjunta. El director de Patrimonio Jorge Martín se presentó ante la fiscalía N° 2 por daño agravado, y la jueza Mabel Moya, llevó adelante las medidas del Segundo Juzgado de Instrucción.

    El secretario de Seguridad provincial, Carlos Munisaga, aseguró en diferentes medios de comunicación provinciales que un grupo de 20 mujeres habían sido identificadas por las cámaras de seguridad del Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). Quienes accedieron al expediente, vieron fotos con los rostros marcados con un círculo. “Como parte de la situación en la que se encuentran, les compañeres están siendo hostigadas, y algunes tienen miedo. Estamos irritades, indignades e inmovilizades, y no estamos pudiendo hacer lo que sabemos hacer, que es acompañar situaciones de violencia y abrazar a personas que sufren tantas situaciones de violencia que nos encontramos hace tiempo”, expresó la activista, quien recordó que los colectivos feministas abogan por el cumplimiento de las leyes 26 485, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la 27.610, que establece el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

    La activista sanjuanina de Ni Una Menos consideró que el gobierno debió “llamar al diálogo”. “No llamó al diálogo, e incumplió su obligación de respetar el derecho de la libre expresión y cuidar a les defensores de derechos humanos de no ser perseguides y hostigades. En su lugar, nos intimidó, nos persiguió, nos criminalizó, imputándonos delitos que no existen”, apuntó.

    Al mismo tiempo que circula un documento de repudio con la firma de cientos de organizaciones para repudiar la criminalización de la protesta, el Consejo Provincial de las Mujeres, Géneros y Diversidades de San Juan, del que participan los tres poderes del Estado, publicó un comunicado el 23 de mayo en el que plantea “que es ilegítimo investigar a organizaciones sociales feministas e indagar a sus referentes ejecutando limitaciones a la protesta social no previstas en la ley y menos aún de manera expresa, taxativa, precisa y clara”, considera que el gobierno y la Justicia tienen “la obligación de gestionar el conflicto social mediante el diálogo” y que “la criminalización de la protesta no sólo puede afectar los derechos políticos y el derecho de libertad de expresión, de reunión y la libertad de asociación que en conjunto hacen posible el juego democrático; sino que, afecta derechos fundamentales de las mujeres y disidencias como el derecho a su integridad física, a la seguridad personal y a su libertad porque cuando se nos constituye como un ‘enemigo público’, se cierran los lazos de empatía para nuestras demandas y reivindicaciones”. Desde este organismo estatal consideran “sensato y coherente cesar las acciones contra militantes de organizaciones sociales de San Juan”.

    Para la activista que conversó con Las12, es importante señalar que “a les compañeres les endeudaron, porque hay que pagarles a los abogados”. Y al mismo tiempo subrayó que las están “construyendo de una manera determinada, nos están demonizando”. Por eso pide que “la sociedad reflexione” frente a los abandonos del Estado, en lugar de ponerse de forma automática en la defensa de los bienes inmuebles, como ya pasó en Rosario, en 2016, cuando el final del entonces Encuentro Nacional de Mujeres, la gran discusión fue el estado de las paredes tras una multitudinaria marcha de más de 100 mil personas. En San Juan, la marcha del 8M fue “espectacular”, de masiva convocatoria. Fueron entre 9000 y 25 mil personas, según las diferentes estimaciones de los medios de comunicación. “Fue espectacular la convocatoria”, subrayó la activista consultada por Las 12.

    La cacería puntana
    En San Luis, el relato de Alejandra Rizzo, de la Colectiva Aquelarre, refleja la “persecución” a las compañeras que participaron de la marcha. “Algunos estaban vestidos de policía y otros de civil. Uno de ellos se pisó, necesitamos los datos de ustedes porque hubo disturbios y necesitamos saber quiénes son, pero el otro se dio cuenta de que eso era una barbaridad y dijo que era solamente para un control de rutina.

    “Ahí nos dimos cuenta de que lamentablemente fue como una cacería y no nos explicaban para qué querían los datos”, relató la activista. En ese contexto, detuvieron a dos integrantes del colectivo LGTBIQ+ que pertenecen al centro de estudiantes de la Universidad de San Luis. “Se los llevaron a la comisaría primera, los tuvieron ocho horas, les agarraron los celulares, les borraron todo lo que tenían, y después, por la presión que hicimos en la puerta de la comisaría, los largaron como a las 3 de la mañana”, siguió el relato Alejandra, que integra la colectiva Aquelarre.

    Aquelarre, junto a otras organizaciones , reclaman justicia por el femicidio de Florencia Magalí Morales, que vivía en Santa Rosa de Conlara con sus hijos de 11 y 7 años, y con su nieta de 2. El 5 de abril de 2020 fue detenida por haber violado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y la encontraron ahorcada en la comisaría 25. También reclaman justicia por Johana Galdeano, que fue asesinada a balazos por su ex pareja, Juan Carlos Solalinde, padre de su único hijo y secretario general de la Uocra en Villa Mercedes. Además, se movilizan por la desaparición de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis. “Venimos denunciando la ineficacia de parte del gobierno provincial”, dice Alejandra.

    Foto de Jose Nico, 8 de marzo de 2018
    El relato es estremecedor. “A las pibas las acorralaron con tres motos en un pasaje, y ahí empezaron a pedirles la identificación”, cuenta la activista, quien describió que “en las marchas hay infiltrados”.

    Como siempre, la excusa para criminalizar son las manifestaciones contra instituciones como la Catedral o el poder judicial. “Estas protestas son por toda la violencia que se ejerce desde estas mismas instituciones que nos oprimen. Y las autoridades, incluso la secretaria de Mujeres, Diversidad e Igualdad, Ayelén Masina, sale a repudiar las paredes pintadas. De lo único que terminan hablando es de gestión menstrual, mientras se vive un alto grado de violencia estructural y también económica”, consideró la integrante de la colectiva Aquelarre. Aseguró que hablaron con “compañeras que reciben el plan social y no las dejan denunciar, las amenazan con dejarlas sin su única fuente económica”.

    Para Rizzo, “hay todo un servicio de inteligencia que se está armando” contra las activistas que no se “quedan calladas”. “Todos siempre le echan la culpa al poder judicial, pero ¿qué está haciendo el estado? La cana te pide el número de teléfono y te hostiga. Te acosan y cuando acompañas denuncias, las que trabajan adentro de la secretaría le avisan al violento”, sigue el relato de Alejandra Rizzo.

    En el comunicado contra la violencia policial que circuló después de la represión del viernes pasado, las organizaciones feministas hacen “responsable al gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodriguez Saa, de lo que pueda sucedernos a quienes formamos parte de este colectivo”.

    Para el CELS, “en el caso de San Luis, producir demoras o detenciones en las inmediaciones se parece bastante a lo que pasó el 8M de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, aunque no hayan prosperado causas judiciales, como sí pasó en el caso de San Juan. Acá comprobamos que la provincia no respeta el derecho a la protesta, ya que la criminaliza”. Vanina Escales subrayó que “es una persecución muy dirigida contra el movimiento feminista. Digamos, también, que son justamente estas activistas quienes todos los días contienen y acompañan casos de violencia o acceso a derechos, no el Estado. Acá el Estado aparece con fines de estigmatización”.

    Acallar las denuncias
    En La Rioja, el allanamiento a la periodista Manuela Calvo -que el suplemento La Rioja12 informó desde el primer momento- tiene como trasfondo la causa judicial de Arcoiris, la nena de seis años que fue obligada una y otra vez a revincularse con su familia paterna. En esas visitas, debía mantener contacto con su abuelo, que la abusó sexualmente cuando era chica, y volvió a hacerlo aún después de las denuncias iniciales. Manuela había producido un documental sobre abuso sexual contra las infancias pero la jueza Torres le impidió estrenarlo. El domingo 4 de junio la allanó con la excusa de que había seguido difundiendo el caso, aunque sin pruebas de esa “desobediencia”.

    “El caso de La Rioja es muy delicado porque va más allá y directamente establece censura a la prensa. Es inaceptable en un régimen democrático”, planteó Escales, del CELS.

    El pedido de justicia por Arcoiris se nacionalizó en abril pasado, después de las decisiones judiciales que obligaban a la mamá de la niña a entregarla a la familia paterna. Como ya se contó en Las12, hubo incluso una agresión física contra la abuela materna de Arcoíris. En las últimas semanas, el padre denunció la desaparición de la nena, y el poder judicial de La Rioja emitió un comunicado de pedido de paradero con la foto de la niña en primer plano, además de todos sus datos. Otra violación a su integridad (en este caso, el derecho a la intimidad). Con la difusión nacional, la niña pudo ser recibida el domingo pasado por la directora nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Diana Carpineti.

    La mamá de la nena expresó que posee tres denuncias por presuntas situaciones de abuso sexual que habrían sido perpetradas por el abuelo paterno en perjuicio de la niña. Asimismo, manifestó su preocupación por el trámite dado a estas denuncias ya que no posee información al respecto y, por tanto, su hija se ve expuesta a la posibilidad de mantener contacto con aquel, en ocasión de cumplir con el régimen de comunicación con el padre.

    La nena, en reiteradas oportunidades, ha manifestado su deseo de no dirigirse al domicilio paterno y no mantener vinculación con su abuelo. “En virtud de lo expuesto y, dadas las complejidades que reviste el caso, teniendo en cuenta la larga trayectoria judicial para abordar la situación de la niña, como así también los videos aportados respecto de situaciones de violencia ejercida sobre la abuela materna y la niña, esta profesional concluye que son justificados los temores de la madre sobre la integridad de su hija. Asimismo, se corrobora que la intención de la progenitora es garantizar el pleno ejercicio de los derechos de su hija”, expresó la abogada del CAJ.

    Finalmente, esta misma semana, una resolución del Juzgado Civil 103 del Poder Judicial de la Nación prohibió el acercamiento del padre a la niña y a su mamá en cualquier lugar donde se encuentren. “Desde el Ministerio de Justicia de la Nación se informa que la niña habita en una casa que está bien y se acreditan todos los derechos de la niña. Hay una resolución del Poder Judicial de la Nación, en donde la Oficina de Géneros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece prohibir el acercamiento del denunciado, prohíbe el contacto con la madre y la menor. Yo anoche di conocimiento a la comisaría de esta resolución, no sé si ya fueron notificados”, afirmó la abogada Élida Barrera a La Rioja/12.

    El trasfondo de este caso es la relación del imputado, el abuelo de la nena, con Karina Becerra, actual integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Rioja y sobrina del gobernador Ricardo Quintela. Por eso, debieron intervenir organismos nacionales.

    Mientras tanto, la acción de Torres contra la periodista Manuela Calvo “es un amedrentamiento”, consideró la también periodista de la Red Par de la Rioja, Antonella Sánchez Maltese. “Había una orden de allanamiento para ella, para mí, para la abogada. Terminamos siendo todas mujeres”, dijo la profesional.

    El abogado de la familia paterna de la nena es Emilio Pagotto, quien acusó a la fiscal Nadia Schargrodsky, de actuar “en base a una ideología de género y no jurídicamente”.

    Mientras tanto, a Calvo le secuestraron la computadora, el celular y todos sus instrumentos de trabajo, donde hay archivada mucha de la información que maneja como integrante de la Asamblea Ni Una Menos.

    El sobreseimiento de la médica de Tartagal, Miranda Ruiz, fue uno de los reclamos de la movilización feminista del 3 de junio. La profesional está imputada por aborto sin consentimiento tras haber facilitado una Interrupción Legal del Embarazo a una mujer adulta, que firmó el consentimiento informado. Fue imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega. Hubo dos pedidos de sobreseimiento, que fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, por lo que la defensa jurídica de la profesional presentó la apelación correspondiente, que se encuentra en la Vocalía 2 de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta.

    Un objetivo claro
    Con sus particularidades, cada una de estas acciones contra activistas y defensoras de derechos de las mujeres apuntan a disciplinar y amedrentar. El avance de los discursos de ultraderecha, las arengas contra la adquisición de derechos y los embates contra las movilizaciones feministas tienen sus correlatos en los tribunales, y en despachos oficiales.

    Lo ocurrido en San Luis y San Juan retrotrae a la represión del final del Encuentro Nacional de Mujeres de 2015 en Mar del Plata y 2016 en Rosario. “¿Qué compone este escenario en Cuyo? Si vamos a la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la 26.485, vamos a encontrar un tipo de violencia de género que se despliega en la acción política. Es un tipo de accionar que busca disuadir a los transfeminismos del ejercicio de sus derechos políticos. Cuando pensamos en los efectos que tiene el amedrentamiento a jóvenes que salen a reivindicar proyectos emancipatorios, respeto a su diversidad, por el fin de la violencia machista, nos encontramos con fuerzas represivas con el objetivo de que dejen de salir. De esta manera, las jóvenes encuentran un límite a la vida política. Es gravísimo y las provincias deberían dar explicaciones claras”, planteó Escales.

    -¿Qué medidas se pueden tomar desde las colectivas feministas para defenderse de este tipo de acciones estatales? -preguntó Las12.

     

    -A lo largo de la organización de los paros, las manifestaciones y las acciones feministas en general fuimos desarrollando estrategias de autocuidado. Cada organización, cada grupo, tienen que darse esas claves para reducir riesgos. “Amiga, llegaste bien”, parece ser la frase más dicha post marchas, lo mismo que no desconcentrar solas y no quedarse en las inmediaciones. Deberíamos salir tranquilas, deberían respetar el derecho a manifestarnos, pero siendo realista y con los antecedentes que tenemos desde la primera represión a manifestaciones feministas en 2015, necesitamos más organización del autocuidado. En síntesis, la criminalización de las protestas feministas busca justamente desalentar este activismo y el autocuidado es una herramienta fundamental para sortear este obstáculo.

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