La exconsejera de Estado de Myanmar y Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, fue condenada este lunes a cuatro años de prisión por el gobierno militar que la derrocó el 1 de febrero. La acusación contra Suu Kyi, de 76 años, fue de dos años por el delito de “incitación contra los militares” y otros dos años por vulnerar las restricciones por la covid-19. Horas después le redujeron la condena a la mitad.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había advirtido que Suu Kyi era sometida “juicio político” debido a la “farsa” montada con un tribunal controlado por los militares.
El delito de “incitación” con el que se condenó a Suu Kyi fue aplicado tan solo por varios comunicados emitidos por la Liga Nacional por la Democracia (LND), partido que lidera la premio Nobel, para oponerse al reconocimiento de la junta militar poco después del golpe. Mientras que los cargos por violación a las restricciones de la pandemia buscan condenar actos electorales celebrados por Suu Kyi en la previa de las elecciones de noviembre de 2020, meses antes del golpe.
En esas elecciones, el partido de Suu Kyi arrasó en las urnas, como ya había hecho en 2015, con el aval de observadores internacionales. El gobierno militar, a cargo del general Min Aung Hlaing, anuló las elecciones tras el golpe de Estado, argumentando un fraude masivo. Desde entonces, la violencia civil se incrementó y los detenidos por razones políticas se calculan en 10 mil.
La exmandataria fue sentenciada por un tribunal que impuso la misma condena, por cargos idénticos, al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, también por el supuesto cargo de “incitación”.
El tribunal no precisó a qué prisión serán enviados los detenidos, que durante el proceso han estado aislados por los militares y han tenido acceso limitado a sus abogados. La sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.
Contra la premio Nobel de la Paz aún están pendientes una decena de casos presentados tras el golpe de Estado, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la ley de secretos oficiales, todas castigadas con penas de cárcel. Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, señalan que su representada niega todas las acusaciones presentadas en su contra.
“Una farsa de juicio”
Bachelet repudió la condena contra Suu Kyi y pidió su liberación.”La condena de la consejera de Estado tras una farsa de juicio en medio de secretismo en un tribunal controlado por los militares ha sido un juicio político”, dijo en un comunicado la alta comisionada de Derechos Humanos.
Por su parte, el alto representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó por su parte que las sentencias “representan otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una violación flagrante de los derechos humanos en Myanmar”.
En ese tono también hubo condenas de Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones de derechos humanos. “Las duras sentencias contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación del Ejército de eliminar cualquier oposición y suprimir las libertades en Myanmar”, indicó el subdirector de Campañas de Amnistía Internacional en Asia, Ming Yu Hah.
“La decisión absurda y corrupta del tribunal es parte del patrón devastador de castigos arbitrarios que han provocado más de 1.300 personas muertas y miles de detenidos desde el golpe de Estado en febrero”, agregó Ming.
La activista recordó que hay miles de detenidos sin el perfil de Suu Kyi que se enfrentan a la “terrible posibilidad” de años en la cárcel por ejercer pacíficamente sus derechos a la protesta y disentir con la junta militar.
Una dictadura con cruces diplomáticos entre Occidente y Oriente
El Consejo de Seguridad de la ONU, numerosos gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido y Japón y la Unión Europea pidieron la liberación de Suu Kyi y otros detenidos por la junta militar liderada por el general Min Aung Hlaing.
El líder militar ha sido excluido de las últimas cumbres y reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por no cumplir con unos acuerdos del pasado abril sobre el cese de la violencia y la apertura de un proceso de diálogo.
El primer ministro de Camboya, Hun Sen, cuyo país preside en la ASEAN en 2022, afirmó su intención de viajar a Myanmar para entrevistarse con los militares, que se encuentran cada vez más aislados del exterior, excepto por los contactos diplomáticos con Rusia y China.
El golpe de Estado sumió a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles, que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 1.300 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según los partes diarios de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 10.000 los opositores detenidos, entre ellos Suu Kyi.
