Al finalizar la audiencia, de casi tres horas, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, cabecera en tratar el asunto, anunció que se pasaba a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 11.
“Ese día procuraríamos consensuar las modificaciones que podamos realizar y emitiríamos dictamen”, anticipó Rodríguez Saá ante sus colegas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
Más de una decena de expositores participaron del encuentro mediante videoconferencia. El único que se ausentó, por problemas de conexión, fue el padre Pepe Di Paola, de la Pastoral de Adicciones y representante de los Curas Villeros.
El asunto había sido defendido la semana pasada en el plenario de comisiones por el ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, y casi treinta expositores apoyaron el proyecto de ley.
El coordinador del Grupo de Estudio y Trabajo sobre Cannabis de la Facultad de Agronomía de la UBA, Daniel Marcelo Sorlino, recordó que “en Europa se cultiva y se hace mejoramiento genético del cannabis” y destacó que “hay un gran interés en todas las áreas en las que el cultivo puede aportar materia prima”.
“Estamos perdiendo oportunidades por no adoptar tecnología que se usa hace más de 30 años”, conjeturó.
Diego Bertone, miembro de Proyecto Cáñamo, aseguró que “el cáñamo y el cannabis no solamente traen salud en el uso medicinal, sino que genera un sistema preventivo y sembrar cáñamo es sembrar salud”.
La doctora en sociología Clara Olmedo, docente de la Universidad Nacional de Chilecito, afirmó que “esta es una oportunidad porque el cáñamo supone un cambio de paradigma que nos exige el cambio climático y los desastres ambientales”.
“Me pone muy contenta que tengamos un conocimiento acumulado sobre las posibilidades que supone el cultivo del cáñamo industrial”, aseveró.
Pablo Oviedo, presidente de la Asociación Correntina Cannábica, consideró al proyecto como “atinado” y pidió “el desarrollo de cultivos sustentables que tengan un equilibrio entre la producción, la rentabilidad y, sobre todo, el cuidado ambiental”.
Por su parte, Claudio Mate Rothgerber, especialista en adicciones, apuntó que “todas las agencias del mundo que controlan medicamentos no consideran a la marihuana uno”, y agregó que “promueven el uso compasivo, pero advierten que todos los usos tienen que estar bajo controles de estricta trazabilidad”.
Victoria Baca Paunero, del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, celebró “el contenido de la ley y el debate”, y destacó que haya “un marco productivo muy interesante para impulsar”, aunque advirtió que “la inclusión de normativas penales que ya existen en otras leyes lo único que haría es ir en contra de los propios objetivos de esta ley”.
Florencia Corbelle, doctora en Antropología Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, celebró que “se debata un proyecto de marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal” al indicar que “es una medida necesaria y urgente”.
Finalmente, y entre otros expositores, el periodista y escritor Emilio Ruchansky evaluó como “muy importante que se pueda sacar de la clandestinidad a muchos cannabicultores y cannabicultoras”.
“Lo próximo tiene ser despenalizar los delitos asociados al consumo y regular el cannabis para adultos y adultas”, alentó.
2) impulsar la integración de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables al sistema eléctrico provincial;
3) incentivar la instalación de centrales fotovoltaicas conectadas a la red para lograr una transición energética con mayor mitigación climática;
4) estimular las inversiones privadas en el desarrollo de proyectos de producción de energía eléctrica;
5) promover el desarrollo empresarial local;
6) generar oportunidades de empleo sostenible y de calidad;
7) fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de cambio climático y energía limpia;
8) aumentar la concienciación y sensibilización pública en lo referente a energía limpia y cambio climático;
9) velar por los derechos del usuario de la energía eléctrica precautelando que los contratos establecidos en el marco de la presente ley no afecten de manera desfavorable la tarifa al usuario final.
Télam
