Un grupo de senadores le pidió este lunes a la Corte Suprema de Brasil que inicie una investigación sobre los delitos en los que podría haber incurrido el presidente Jair Bolsonaro en el llamado “vacunagate”. El senador Randolfe Rodrigues, uno de los que presentó la demanda ante el Supremo, explicó que el contrato de intención de compra firmado entre el gobierno y la empresa india Bharat Biotech por 20 millones de dosis de la vacuna Covaxin contiene “numerosas irregularidades que deben ser aclaradas por el presidente”. Algunas de ellas fueron reveladas el viernes pasado por el diputado Luis Miranda a una comisión del Senado que investiga la errática gestión del gobierno de Bolsonaro ante una pandemia que ya mató a casi 514 mil brasileños. El presidente subrayó que no tiene cómo saber lo que ocurre en cada uno de los ministerios y negó su responsabilidad por los supuestos sobreprecios.
“Podemos estar frente a varios casos de tráfico de influencias, corrupción pasiva y activa, prevaricato y otros delitos”, declaró el senador Rodrigues sobre el negociado que implica un costo de 320 millones de dólares por vacunas aún no certificadas por la agencia reguladora de Brasil. Según documentos presentados por el diputado bolsonarista Luis Miranda y su hermano Ricardo, jefe de importaciones del ministerio de Salud, en la negociación con Bharat Biotech se había acordado que parte del pago por las vacunas fuera depositado a una empresa que no figuraba en el contrato.
Se trata de la firma Madison, que tiene sede en Singapur, algo que la comisión parlamentaria consideró “altamente sospechoso” junto con otras cláusulas del contrato, que tenía como “intermediario” a un empresario brasileño que ya incurrió en fraudes en el área de la salud. Se trata de Francisco Maximiano, dueño de otra empresa investigada por corrupción por haberle “vendido” al ministerio de Salud unos insumos médicos que nunca entregó.
El diputado Miranda reveló que, en marzo pasado, le informó a Bolsonaro de sus sospechas y que el mandatario le dijo que ese era “un asunto” del legislador del Partido Progresista (PP) Ricardo Barros. El líder del gobierno en la Cámara Baja fue ministro de Salud entre 2016 y 2018 durante el gobierno de Michel Temer: su poder de lobby para la industria de los medicamentos lo llevó a montar un poder paralelo que convive con los militares puestos por Bolsonaro en la cartera sanitaria.
El bautizado “vacunate” podría abrir una herida profunda en la coalición oficialista. El derechista PP es el principal partido del “Centrão”, el bloque parlamentario aliado de Bolsonaro que funciona como un dique de contención de los más de 120 pedidos de juicio político en su contra por genocidio sanitario y otros delitos contra la salud pública.
El mandatario de ultraderecha salió a defenderse de las acusaciones ante sus seguidores en la puerta del Palacio de la Alvorada. “Son 22 ministerios, no tengo cómo saber lo que ocurre, confío en mis ministros y no hicimos nada equivocado”, remarcó Bolsonaro, quien no negó haberse reunido el 20 de marzo con Miranda pero descartó que en ese encuentro haya reconocido que sabía del escándalo.
