El gobierno de Brasil no incluirá a la vacuna india Covaxin en su Plan Nacional de Inmunizaciones contra el coronavirus, incluso si las investigaciones en curso demuestran que no hubo irregularidades en el contrato. La compra con sobreprecio de 20 millones de dosis de la vacuna está siendo investigada por el Ministerio Público Federal y la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado. La Policía Federal solicitó este miércoles a la Corte Suprema que decida si el congresista Luis Miranda, quien dio a conocer las negociaciones por la vacuna, debe ser investigado junto al presidente Jair Bolsonaro, acusado de prevaricato por el mismo caso.
Entrevistado por la CNN Brasil, el ministro de Salud Marcelo Queiroga intentó minimizar las investigaciones y cuestionó la necesidad de la compra de la vacuna de Covaxin en este momento. La cartera de Salud había negociado las dosis, producidas por el laboratorio indio Bharat Biotech, por medio de la empresa brasileña Precisa Medicamentos.
Queiroga sostuvo que la decisión se tomó tras la recomendación de la Contraloría General de la Federación (CGU), que inició una investigación sobre las sospechas de corrupción levantadas en relación al contrato. En un comunicado, el ministerio de Salud informó que en un primer análisis preliminar no se detectaron irregularidades en el contrato, pero optó por suspenderlo para analizarlo en profundidad.
La compra de vacunas de Covaxin había sido suspendida a fines de junio tras numerosos cuestionamientos al contrato, entre ellos el alto valor por dosis (15 dólares), el más caro gestionado por el gobierno de Bolsonaro, muy por encima del precio inicialmente previsto por la empresa Bharat Biotech, de 1,37 dólares por dosis. Además de haber pagado un anticipo millonario, las dosis nunca llegaron al país porque la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) no autorizó su uso de emergencia.
Las presuntas irregularidades fueron denunciadas por el diputado bolsonarista Luis Miranda y su hermano, el funcionario del ministerio de Salud Luis Ricardo Miranda, a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre coronavirus.
Las sospechas de un posible esquema de corrupción se dan por el presunto sobreprecio de las vacunas, por el secretismo de la reunión en la que se emprendió la negociación y porque el entonces ministro de Salud Eduardo Pazuello siempre aseguró que no negociaba con empresas sobre inoculantes. Sin embargo, la oposición dice que Pazuello hizo todo lo posible para intentar pagar rápido las vacunas indias.
La principal tesis de los senadores de la comisión investigadora del Senado es que el gobierno se mostraba indiferente en las negociaciones directas con los fabricantes de vacunas mientras le abría la puerta a representantes de empresas intermediarias que actuaban sin el aval de los laboratorios. Las aparentes irregularidades ya provocaron que el propio Bolsonaro esté siendo investigado por el presunto delito de abuso de poder y prevaricato, al no tomar medidas frente a lo que estaba ocurriendo dentro del ministerio de Salud.
En ese marco la Policía Federal le envió una carta oficial a la Corte Suprema para averiguar si podría incluir a Bolsonaro y al diputado Miranda en la misma investigación, alegando que estarían conectados. El legislador dice que le advirtió al presidente de un supuesto esquema de corrupción en la compra de vacunas, aunque dicha advertencia fue ignorada.
