El pedido para apartar a María Eugenia Capuchetti de la investigación por el atentado a CFK avanza de a casilleros. La Cámara Federal porteña concedió un recurso de apelación a la querella de la vicepresidenta para acudir a la Cámara Federal de Casación Penal que ahora será quien decida si la jueza federal, impugnada por la querella por total falta de imparcialidad, continúa o no al frente del expediente. Un dato importante es que la revisión estará a cargo de la Sala II, integrada por Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y en la que volverá a sentarse quien ocupó este año la presidencia rotativa de la Casación, Alejandro Slokar. Esa composición contiene lo que en Comodoro Py no abunda, una abanico de miradas plurales. La querella llegó a esta instancia a puro batallar.
El 25 de noviembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó a la jueza en el expediente y rechazó su recusación. Los apoderados de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, apelaron y pidieron que el máximo tribunal penal federal del país analice si Capuchetti debe seguir o no en el caso. Ahora, la misma Sala I de la Cámara les abrió por lo menos la puerta de Casación a dónde seguirá la pelea. La resolución la firmó el camarista Leopoldo Bruglia con estas palabras: “Se advierte que las características del resolutorio puesto en crisis, colocan al proceso en un estado que, si bien no torna imposible la continuación de su trámite, por la entidad que reviste, podría generar un ´gravamen irreparable´”. Además, remarcó que se trata “de una cuestión que hace a la posible vulneración de la garantía al debido proceso penal” por lo cual encontró “motivo suficiente” para que lo planteado sea “debatido” en Casación.
Hasta aquí, la querella repuso en el último planteo lo mismo que viene sosteniendo en cada presentación, en la causa y CFK con en sus intervenciones públicas. Sostiene que el planteo está fundado en “la falta de imparcialidad que se desprende de toda la actuación de la jueza” que “solo puede deberse a negligencia o mala fe, rodeadas de incapacidad para dirigir una investigación”.
A modo de reseña, mencionan las cosas que la jueza no hizo o hizo mal.
– Celular, detenciones y PFA: En los primeros días de investigación, el celular del autor material del intento de homicidio se dañó en el juzgado y, luego, la jueza vulneró la cadena de custodia; luego demoró la detención de Brenda Uliarte y no supervisó el trabajo de la Policía Federal (PFA). La querella hizo notar “la incongruencia que supone que la jueza no haya investigado en lo más mínimo a la PFA, que fue parte de todas las aberraciones procesales mencionadas, y sí haya dedicado un tramo de la causa a investigar a la custodia vicepresidencial”.
– Recorte. Al constituirse en querella, CFK reparó a través de sus abogados, que la jueza no había investigado a personas que decían conocer el motivo del atentado o a quienes otros imputados les hablaban de planificar asesinatos contra la familia de CFK.
– Un grupo de loquitos. “Lo que ha sido lo más característico de la conducta procesal de Capuchetti –señalaron– feu su nula voluntad de investigar más allá de los vendedores de copos de azúcar”. Aunque con lentitud, admiten que realizó medidas sobre los vendedores de copos de azúcar, pero cada vez que una línea señaló a personas por fuera de este círculo, “la jueza frustró la investigación y posibilitó la pérdida de prueba fundamental”.
– Carrol-Milman. Un caso que no se investigó es la agrupación “Nuevo Centro Derecha”. “Capuchetti tardó casi un mes en citar a quien Sabag Montiel señaló como responsable de financiar su defensa, a quien Brenda Uliarte le escribió justo antes de su detención, quien estuvo con ambos imputados pocos días antes del atentado y quien se identificaba con Videla y la violencia política”. Cuando lo citó, ya era público que estaba siendo investigado pero además le secuestró sólo uno de sus dos celulares. Tampoco investigó la presencia de Brenda Uliarte en una marcha de la Nueva Centro Derecha, ni los viajes de Hernán Carrol con Fernando Villares, jefe de gabinete de Gerardo Milman mientras era segundo del ministerio de Seguridad de Nación.
– Las asesoras. Sobre la pista Milman, recordaron que Capuchetti rechazó el pedido de secuestro de los celulares de las asesoras sin fundamento alguno “y que no investigó en lo más mínimo el vínculo de una de ellas con una panelista de Crónica TV que trabaja en un programa de televisión en el que fueron entrevistados por primera vez, y antes del atentado, Brenda Uliarte y Sabag Montiel”. También que la jueza no hizo preguntas cuando debió interrogarlas, y que las preguntas partieron de la fiscalía y querella.
En la presentación, los abogados Aldazabal y Ubeira también recordaron a la Cámara Federal que ya dieron cuenta de ciertos vínculos de la jueza con la Agencia Federal de Inteligencia. “De esta forma, la jueza no supera ni el test objetivo ni el subjetivo de imparcialidad”, lanzaron. “Además, indicamos que su parálisis investigativa era especialmente grave dado que ella decidió dirigir la instrucción. El 15 de noviembre, después de interponer la recusación ampliamos los motivos que ameritaban el apartamiento. Es que, como nos hizo mostrar nuestro perito de parte, el peritaje sobre el celular de Hernán Carrol mostró que todo su contenido había sido borrado un día antes de que prestara declaración testimonial. La jueza, ante esta información, no hizo absolutamente nada”.
