La inflación interanual se ubicó, con el registro de mayo, por encima del 60 por ciento. Proponemos una mirada de mediano plazo apuntando más allá del análisis de los factores coyunturales que se articularon para elevar los precios a un ritmo no visto desde el final del gobierno de Alfonsín.
Hace al menos tres lustros que la inflación viene acelerándose. Los picos son cada vez más elevados (32 por ciento en 2008, 44 en 2014, 47 en 2016, 57 en 2019 y 61, y subiendo, en 2022), los valles, cada vez menos bajos (12 por ciento en 2009, 24 en 2015, 36 por ciento en 2020).
Si bien los momentos de mayor inflación coinciden con cambios en alguna variable asociada al sector externo de la economía (movimientos bruscos en el tipo de cambio o incrementos de los precios internacionales de materias primas y alimentos), su amplificación doméstica, cada vez de mayor intensidad, entendemos, responde a un factor estructural interno: el deterioro de la capacidad estatal para conducir el proceso económico.
La capacidad de un gobierno para conducir la economía se asocia a un conjunto de factores de índole política (establecimiento de mayorías electorales, regulación del conflicto, fortaleza y representatividad de la alianza social gobernante), y a otro de índole económica (solidez interna y externa del modelo). Ambos conjuntos interactúan afectándose entre sí, debilitándose o fortaleciéndose mutuamente.
La facultad de conducir la economía es clave para impulsar determinados sectores económicos y a sus actores asociados, articular los precios relativos de la economía en función de los objetivos que se establezcan o resolver los conflictos distributivos en sus diferentes niveles.
Es en este contexto que debe pensarse la experiencia reciente del Estado y la economía nacional. Las dificultades en el frente externo que frenaron la tendencia creciente del producto interno a partir de 2011; el alejamiento de algunos actores sociales sensibles para el Frente de la Victoria en el último mandato de Cristina Fernández, que concluyó en la derrota electoral en 2015; el feroz endeudamiento en moneda extranjera asociado a un proceso inédito de fuga de capitales promovido por el gobierno de Cambiemos; las consecuencias de la pandemia y de la guerra en Ucrania; y la ausencia de un proyecto político desde el Poder Ejecutivo que convoque y participe a las voluntades que permitieron la victoria electoral del Frente de Todos, son elementos que fueron debilitando la capacidad de conducción económica del Estado en la última década.
Para esta mirada de largo alcance, el rol de los monopolios es central, pero no exclusivamente porque los monopolistas fijen para sus productos un precio superior al precio teórico que resultaría en un mercado competitivo. Eso es, en verdad, una consecuencia y una expresión del problema, aunque no su principal causa. El drama con la concentración económica es que, ante todo, es concentración de poder, y que esta tiene una traducción (o representación) política que históricamente se dedicó a minar las experiencias redistributivas favorables a las mayorías o, cuando fue posible, dirigir las experiencias liberales.
Uno de los principales componentes de la inflación, elemento central para entender su dinámica inercial, es la disputa por los ingresos. La tensión permanente sobre el sistema de precios sólo puede relajarse si, en alguna medida, también lo hace esta disputa. Esto ocurre cuando un grupo logra articular y ejercer un poder hegemónico sobre el resto: eso que llaman “acuerdo social”, no es otra cosa que una oferta que el sector más débil no está en condiciones de rechazar.
La retroalimentación entre problemas políticos y económicos tiene, en la inflación, un elemento particularmente peligroso. En un contexto de aceleración inflacionaria se profundiza el carácter bimonetario de la economía, empeora la distribución del ingreso, se incrementa el poder monopolista.
La escalada de precios debe frenarse, pero hasta ahora las experiencias “exitosas” de programas que han cortado con esta dinámica por un período considerable de tiempo han sido de carácter regresivo, con una pérdida importante de ingresos para la clase trabajadora.
Para construir una experiencia diferente es clave la construcción de un frente social sólido que recupere la iniciativa política y reconstruya la mayoría electoral que clausuró la última experiencia neoliberal en el país. En un campo minado por Cambiemos con la reintroducción del FMI, hay un elemento que puede jugar a favor: la economía, a pesar de todo, está creciendo.
(*) Economista, integrante de MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía)
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La batalla principal
Por Santiago Manoukian (**)
La dinámica inflacionaria constituye la principal preocupación y madre de las principales batallas que enfrenta el Gobierno. Si bien en mayo volvió a moderarse, el proceso expone cuatro principales rasgos que concitan la atención:
1. El escenario nominal no sólo se ha vuelto más elevado, sino también más inestable. A finales de 2021 estimábamos que aún con un acuerdo con el FMI (que ayudaría a anclar expectativas, comprimir parcialmente la brecha y limitar la emisión), la ausencia de un shock en commodities y una pauta salarial controlada (en un año no electoral), la inflación no se desaceleraría este año: el levantamiento de las anclas cambiaria y tarifaria, junto a la inercia observada sobre el cierre del año auguraban que la velocidad de la inflación no perforaría el 50 por ciento. En el primer bimestre, la inflación subió un escalón respecto de diciembre (4,3 por ciento promedio versus +3,8 por ciento), aunque respondiendo principalmente a la fuerte suba en verduras (+70 por ciento) y frutas (+20 por ciento), con la sequía como telón de fondo, que se revertiría hacia adelante. De hecho, el IPC Núcleo (+3,9 por ciento) fue inferior al de diciembre (+4,4 por ciento). Sin embargo, la conjunción de diversos elementos puntuales (subas estacionales y de regulados) y el salto en el precio de los commodities agrícolas y energéticos llevaron a la inflación a promediar 6 por ciento en marzo-mayo, empujando al alza interanual de precios a los niveles más elevados desde 1992.
El impacto de este impulso inflacionario no se acotó al primer cuatrimestre, sino que alteró la dinámica del alza de precios hacia adelante: desanclando expectativas y acelerando paritarias, fue un shock que modificó cualitativa y cuantitativamente el escenario nominal, aún sin mediar un salto cambiario discreto. Estos niveles implican una distorsión más acelerada de los precios relativos, la existencia de mecanismos indexatorios más cortos y una carrera nominal que implica un mayor riesgo cambiario, garantizando que el piso de inflación para 2022 (70 por ciento) estará lejos de parecerse al de 2021.
2. Adquirió un sesgo más regresivo. A diferencia del segundo semestre de 2021, cuando el precio de los alimentos promedió un alza (2,9 por ciento) inferior al promedio (3,1 por ciento), en enero-mayo esta dinámica se revirtió: la suba en alimentos promedió un 6 por ciento mensual contra un nivel general trepando 5,3 por ciento, impactando en mayor medida en los sectores de menores recursos.
3. La alteración del escenario nominal presiona sobre el esquema acordado con el FMI por diferentes vías. En primer lugar, obliga al BCRA a acelerar la depreciación nominal para evitar una mayor apreciación real lo cual, junto con el recalentamiento de paritarias contribuye a cristalizar una mayor inercia inflacionaria, dotando de recursividad al proceso. Asimismo, fuerza a continuar subiendo las tasas de interés y garantizar rendimientos positivos en pesos. También tiene implicancias sobre la política fiscal: si bien permite una mayor “licuación” de los gastos, incrementa la necesidad de medidas compensatorias, complejiza la estrategia de financiamiento, tensiona el gasto energético y adiciona más presión sobre la política tarifaria.
4. Contribuye a recrudecer las internas en la coalición gobernante. En un marco en que no se detectan las condiciones de partida para instrumentar un plan de estabilización robusto (liderazgo político, credibilidad, precios relativos alineados, bajo déficit fiscal), la convulsión política en torno del acuerdo sólo adiciona presión al escenario vigente. En virtud de su complejidad, sería deseable que la política internalizara que revertir la agudización de la incertidumbre y mejorar la coordinación en la instrumentación de medidas proactivas serán insumos cruciales para lo que debería ser la prioridad absoluta en lo que resta de 2022: evitar que la carrera nominal siga escalando. En caso contrario, un shock cambiario ganaría cada vez mayor probabilidad, y la dinámica inflacionaria podría entonces adquirir definitivamente comportamientos que serán muy difíciles de desactivar sin medidas drásticas.
(**) Asesor económico en Ecolatina.
