El comienzo del año electoral encontró a gran parte de los gobernadores peronistas alineados con el presidente Alberto Fernández para impulsar un juicio político a los jueces de la Corte Suprema. En un encuentro que, por momentos, fue bastante tenso, una docena de autoridades provinciales se reunieron en Casa Rosada y aprovecharon para escenificar un espaldarazo al pedido de juicio político a los cuatro supremos. En una conferencia de prensa, los mandatarios afirmaron que la cautelar que había favorecido a la Ciudad de Buenos Aires era “parcial” y “antojadiza”, que la Corte había avanzado sobre el Poder Legislativo con “atribuciones que no son propias” y, por último, que los presuntos chats entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles ponían “en duda la legitimidad” de Horacio Rosatti. Todos estos cuestionamientos fueron, luego, trasladados a la letra del proyecto que se presentó a la comisión de Juicio Político (ver aparte). Entre los apoyos hubo, sin embargo, algunas ausencias ruidosas.
Dos días después de que Alberto Fernández hubiera anunciado que presentaría un pedido de juicio político contra los jueces de la Corte, la mitad de los gobernadores del país se reunieron para terminar de delinear los fundamentos del proyecto. “Es algo que no tiene antecedentes en la historia: un presidente y la mayoría de los gobernadores acompañando algo que tiene que ver con la división de poderes. Porque la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y Ejecutivo con atribuciones que no son propias”, destacó Axel Kicillof al mediodía, en una conferencia de prensa desde el Patio de las Palmeras de Casa Rosada. Minutos antes, Kicillof se había reunido con el presidente y los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gildo Insfrán (Formosa). También habían dado el presente los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca), mientras que sus gobernadores –Alicia Kirchner y Raúl Jalil– siguieron el encuentro vía zoom.
La cumbre en Casa Rosada había tenido como objetivo diseñar una estrategia común frente al accionar de la Corte Suprema, fundamentalmente luego de los chats que se habían filtrado entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el vocero de Rosatti, Silvio Robles. Hubo, sin embargo, varias ausencias que llamaron la atención. El sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Alberto Rodríguez Saá, por ejemplo, habían acompañado al presidente cuando, hace dos semanas, recusó a los supremos apenas se conoció la cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. En esta ocasión, en cambio, no participaron del encuentro en Casa Rosada ni acompañaron la petición. “La salida no es el juicio político”, indicaron cerca de Uñac. Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), mientras tanto, son gobernadores que representan partidos provinciales y que, hace dos semanas, habían firmado su propio comunicado criticando el fallo de la Corte Suprema. En esta ocasión, sin embargo, no acompañaron el pedido de juicio político.
Gustavo Bordet fue un caso aparte. El gobernador entrerriano había participado vía zoom del encuentro e, incluso, su firma apareció en el comunicado oficial que sacó Presidencia anunciando el pedido de juicio político. Unas horas después, sin embargo, salió a despegarse de la decisión del gobierno nacional. “Él no firmó el comunicado ni acompaña la petición contra los miembros de la Corte”, se apresuraron a aclarar cerca de Bordet. Su rechazo a acompañar el pedido podría representar un problema durante el trámite parlamentario, ya que la presidenta de la comisión de Juicio Político es Carolina Gaillard, una diputada oficialista que responde políticamente a Bordet. “Habría que averiguar que tienen en la Corte cada uno de ellos”, deslizó un gobernador que sí firmó el pedido de juicio político.
Más allá de las ausencias, algunos gobernadores aprovecharon la reunión con el Presidente para insistir en la necesidad de “pasar a la ofensiva” con la Corte Suprema de Justicia. “Tenemos que pasar a la acción directa”, se escuchó decir a uno de los mandatarios. Otros, mientras tanto, insistieron en la necesidad de denunciar penalmente a los supremos e “identificarlos”: “Tenemos que hablar de Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz, no de ‘la Corte’. Hay que poner de manifiesto la impunidad con la que se manejan”, sostuvo otro gobernador del Norte. Algunos, incluso, le pidieron a Alberto Fernández que sacara, por decreto, el proyecto de ampliación de la Corte Suprema que tiene media sanción del Senado (pero que nunca llegó a tratarse en Diputados). Fuentes que participaron del encuentro aseguraron que el presidente les dio la razón pero que, de momento, había que avanzar “con inteligencia”.
A modo de síntesis, los gobernadores y Fernández acordaron que se convocaría a extraordinarias para tratar el pedido de juicio político en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Allí el Frente de Todos se muestra confiado con que podrá tramitar sin grandes problemas la apertura del sumario para comenzar a investigar, ya que cuenta con una mayoría en la comisión: 16 de les 31 diputades integrantes son del oficialismo. Un gobernador, sin embargo, advierte: “Habrá que ver si se mantienen firmes los 16 y ninguno se hace el tonto y no se presenta”.
