La Secretaría de Comercio a cargo de Matías Tombolini convocó para la semana que viene a diferentes entidades de consumidores, sindicatos, cámaras empresariales y organismos públicos para que el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos vuelva a estar operativo. Dicha institución está desarticulada desde 2016 y recién ahora retomará la marcha, en un cuadro agudo de inflación y mientras arranca el congelamiento de precios de alimentos en los supermercados que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa.
El objetivo formal del observatorio es “transparentar el acceso a la información sobre precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios ofrecidos en el territorio de la Nación y propender a una mayor protección de los consumidores y usuarios”. En esta primera reunión, se “definirá la agenda de trabajo”.
Si bien se trata de un espacio deliberativo y no vinculante, cuyos informes en todo caso podrán servir de insumo para la toma de decisiones en un mediano plazo, la convocatoria se puede leer como una señal política del Gobierno en la línea de la intervención en el proceso de formación de los precios.
Los excesivos márgenes de rentabilidad de las grandes empresas de consumo masivo y el rol de los oligopolios como potenciadores de la dinámica inflacionaria forman parte de un diagnóstico que hasta el ala más ortodoxa del Gobierno en materia económica da cierto crédito.
El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, dijo semanas atrás que “hasta que no logremos la unificación cambiaria, habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales”. Aclaró que considera que las empresas “no tienen la culpa del desorden cambiario, las altísimas brechas, la obligación a financiarse a 180 días para importar, cupos, etc…”.
Por el lado cristinista, el economista Hernán Letcher considera que “estamos viendo es un proceso de inercia especulativa, en el que todos intentan recuperar parte de lo perdido por la inflación, y encima de eso los formadores de precios aprovechan el escenario y remarcan por si acaso”.
Observatorio
A la reunión prevista para el martes que viene fueron invitados representantes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).También se convocó a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), entre otras entidades.
“El Observatorio de Precios examina productos y servicios desde que salen de la producción hasta que llegan al consumidor. En 2015, por ejemplo, se analizó como era la venta en negro de la fruta, que hoy sigue existiendo. De todas maneras, la convocatoria realizada no está de acuerdo a la ley. Debido a la amplitud del llamamiento, será como una audiencia pública donde nada es vinculante, por lo cual vamos a ir pero vamos a dejar constancia de que eso no es el Observatorio de Precios”, advirtió el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor (Adduc), Osvaldo Bassano.
Por su parte, Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que “el objetivo del observatorio es el estudio de cadenas de valor en el transcurso del tiempo, un trabajo que es a mediano plazo”.
“En 2015 se empezó a operativizar, después en la etapa macrista se designaron nuevos miembros pero nunca se los convocó y desde que asumió este Gobierno venimos hablando de la importancia del poner en funcionamiento el observatorio”, agregó Boada. Detalló que a partir de las investigaciones del observatorio surgen “recomendaciones para que desde el Ejecutivo, o modificando legislación, se puedan plantear a los efectos de hacer más eficiente la cadena y que no haya un eslabón que se lleva la gran porción, sino que sea equilibrada”.
Desde la CAME, Salvador Femenía dijo que espera que la mesa de discusión sirva entre otras cosas para que el programa Precios Justos pueda ampliarse en favor de la participación de los pequeños y medianos comercios, además de su presencia en grandes cadenas de supermercados nacionales.
