La decisión la firmaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz quienes deliberadamente se ubicaron a sí mismos en el centro de todos los cuestionamientos del kirchnerismo. Al primero, además, le achacan haber votado siendo parte del Consejo lo que, a su entender, no debería. Ricardo Lorenzetti no votó. Su enfoque acerca de que la Corte traspasó un límite al reinstaurar la ley previa a la reforma de 2006 bloquea su posición acerca de cómo operativizar la sentencia que prescribía cómo organizar el formato nuevo-viejo de 20 integrantes.
De todas formas, el mensaje es inequívoco cuando el fallo menciona que se vulneró el principio de “buena fe” como guía de las relaciones jurídicas y subrayó la palabra “inoponible” (situación jurídica de un acto ineficaz respecto de determinadas personas) la partición del FdT para estos fines. Para la Corte, es como si nunca hubiera existido, lo que extiende los alcances más allá del caso. El Máximo Tribunal fustigó: “la realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino”. Pero la estocada fue más allá: “el respeto del Poder Judicial al ejercicio que hace otro poder del Estado de sus potestades propias nunca significó otorgar una patente de corso para burlar el debido proceso parlamentario”. Para la Corte se desconocieron las “más elementales reglas constitucionales”.
Ante este escenario, lo más factible es una escalada. Su duración, un interrogante. El ansiado y deseable diálogo interpoderes, una quimera.
