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jueves, 25 abril, 2024
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    Crédito para enfrentar el declino de los envíos de Bolivia en el sector gasífero

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    El Gobierno sigue dando pasos hacia adelante en su plan por maximizar la producción gasífera, con eje en Vaca Muerta, para sustituir combustibles importados y también mejorar las cantidades exportadas. Este lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que llegó a un acuerdo con el presidente de CAF-Banco de Desarrollo para América Latina, Sergio Diaz Granados, para que dicha entidad financie un plan de obras de gas por 540 millones de dólares. El nuevo crédito multilateral será aprobado oficialmente en marzo próximo, informó el Ministerio de Hacienda.

    “El plan consiste en el desembolso de 540 millones de dólares para la construcción del Gasoducto La Carlota -Tío Pujio, el Reversal del Norte y las plantas compresoras. El programa de obras permitirá incrementar el abastecimiento de gas al norte del país a través de la producción que se extrae de Vaca Muerta y aumentará las posibilidades de volúmenes de exportación de gas a Chile y Brasil”, indicó Massa.

    Obras en gas

    Dichos proyectos gasíferos guardan relación con dos situaciones estructurales que vienen avanzando en los últimos años. Por un lado, la paulatina caída en el envío de gas desde Bolivia por el gasoducto del norte, a causa del declino de las cuencas maduras en ese país, reduce la oferta de ese energético durante los meses de invierno, cuando se registra la mayor demanda. En una situación similar está la baja tendencial de la producción de las cuencas gasíferas del norte de la Argentina.

    Por otro lado, está el fuerte incremento en la producción gas desde de Vaca Muerta a precios muy inferiores a los de importación, incluso que los envíos provenientes de Bolivia. En este punto, el Gobierno apostó recientemente a renovar por varios años más el marco regulatorio de apoyo a las empresas petroleras inversoras.

    En suma, la caída de la oferta de gas desde el norte del país y Bolivia y la mejora constante de la producción en Neuquén son los factores que desatan las inversiones para modificar el sentido de la inyección: en lugar de norte-sur, desde el sur al norte, junto a las obras para conectar Vaca Muerta con las zonas demandantes de gas.

    De acuerdo a la información que en su momento dio a conocer la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN), la idea es expandir el gasoducto Centro Oeste a partir de la interconexión con el Gasoducto Norte (La Carlota-Tío Pujio). Esto requiere el incremento de la capacidad de compresión y la instalación cañerías paralelas junto a un nuevo gasoducto de 120 kilómetros. Por otro lado, la reversión de flujo del gasoducto Norte contempla adicionar compresión y sumar cañerías paralelas.

    El ministro de Economía asistió a la reunión con la CAF junto al director del Indec, Marco Lavagna y Leonardo Madcur en representación del Ministerio de Economía; la secretaria de Energía, Flavia Royon; el presidente de Enarsa, Agustín Gerez; el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal; y el director Nacional de Priorización Estratégica del Financiamiento Externo, Mauro Conti. Por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) estuvieron presentes el vicepresidente de CAF, Christian Asinelli; la representante de CAF, Patricia Alborta; y Jorge Srur, Gerente Regional Sur de CAF.

    Balanza comercial

    En una reciente entrevista con el Financial Times, el ministro Massa anticipó que “la balanza comercial de energía de Argentina pasaría de un déficit de más de 5 mil millones de dólares el año pasado a un superávit de unos 12 mil millones de dólares en 2025. Esto le dará a Argentina una capacidad muy sólida para pagar la deuda externa en 2025, 2026 y 2027”.

    De acuerdo a los últimos datos disponibles, el sector petrolero de Argentina exportó el año pasado un total de 3867 millones de dólares, lo cual implica una mejora del 109,3 por ciento en relación al 2021. Al margen de la suba de los precios internacionales, las cantidades vendidas al exterior también contribuyeron al resultado, ya que la producción en términos reales mejoró un 8 por ciento, a pesar de las restricciones de transporte que, al igual que en el gas, al Gobierno busca resolver.

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    Si la aceptación de las remarcaciones excesivas y la corrección de las mismas es efectiva se verá y dependerá del poder de control del Gobierno, pero por primera vez en mucho tiempo las grandes empresas del consumo masivo decidieron alinearse con la pauta oficial de aumentos que impuso el ministro de Economía, Sergio Massa. Página/12 accedió al contenido de cartas que empresas de la talla de Unilever, Coca Cola, Procter and Gamble, Colgate, Johnson y Mastellone enviaron a comercios grandes y pequeños en las cuales piden “desestimar las listas anteriores” que “son erróneas” y aclaran que “la lista vigente a partir del 1 de febrero tendrá un aumento de 3,2 por ciento aprobado por la Secretaría” de Comercio. El factor central fue una presión fuerte del gobierno sobre los dólares para importar: “o bajan los precios o no hay divisas”, les espetaron. Incluso algunas, que habían pasado listas con aumentos de iguales productos con variaciones mínimas con aumentos de hasta el 50 por ciento, los volvieron a atrás. Uno de los casos, los detergentes de Procter and Gamble, que a fines del 2022 les habían variado características mínimas del packaging para aumentarlos hasta un 50 por ciento. Allí el Gobierno vio una maniobra y obligó a retrotraer el precio. Un adelanto en Precios Justos Estas cartas que da a conocer este diario contienen información y diferentes análisis. El primero es que, tal como planteó la Secretaría de Comercio en las reuniones con 13 grandes firmas del consumo, se adelantó al 1 de febrero la segunda etapa de Precios Justos (vencía el 28 de febrero), y durará hasta junio, previo a las PASO. Y que además se bajó del 4 por ciento al 3,2 por ciento la pauta de incremento para todos aquellos productos que no están dentro de la canasta de 2000 congelados de Precios Justos. Este punto es importante porque las empresas están aceptando bajar un punto porcentual de aumento un mes antes de terminar la primera etapa de Justos, cuando podrían, si quisieran, seguir aumentando el 4 por ciento que era lo acordado hasta el 28 del mes. Según fuentes del propio mercado, fue el ministerio de Economía el que presionó sobre las empresas para que aumenten lo pautado como un ultimátum para recibir los dólares para las importaciones, tal el acuerdo que se rubricó con las firmas. Para el Gobierno, más allá del IPC general del INDEC, es prioridad que los precios de los alimentos y canasta básica se encolumnen con subas de al menos la mitad que hace unos meses. Por ejemplo, esas mismas empresas que hoy aceptan aumentar un 3,2 por ciento, en junio, julio, agosto y septiembre venían remarcando los precios entre 8 y 20 por ciento. Con Massa en la mesa de negociaciones, aún en un tema muy micro pero relevante, se revirtió un proceso de aumentos muy por encima de una inflación que ya era alta cuando Martín Guzmán era ministro de Economía. Lo llamativo de estas comunicaciones formales, también, es la velocidad del anuncio y que está vez se hizo formal. Hace sólo unas semanas que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se viene reuniendo con 13 empresas del consumo masivo para bajarles las nuevas indicaciones de subas no mayores al 3,2 por ciento. Economía unificó personería Un empresario de una firma grande nacional atribuye esta actitud de las empresas al orden que impuso el propio Gobierno con Economía teniendo injerencia directa sobre otras áreas que sirven para presionar en los controles. La referencia es para el trabajo conjunto de Comercio Interior y Exterior con AFIP, Aduanas, el Banco Central y Hacienda. Con la información que se deriva de esas carteras, Massa y Tombolini cuentan con más herramientas de comportamiento de las firmas, para presionar en las negociaciones por los precios. Esa mecánica, por caso, fue la que descubrió que muchas de las empresas de consumo masivo venían haciendo importaciones anticipadas para favorecerse con el tipo de cambio, mientras tenían remarcaciones de precios injustificadas en mayores costos. Ahora, en Comercio trabajan para que no pase lo que, también, viene ocurriendo: que esas mismas empresas envían menores volúmenes de mercadería de lo que está previsto en Precios Justos. Este diario alertó sobre grandes firmas con hasta un 30 por ciento sobre 100 de envío de mercadería a los supermercados. “Es el mayor desafío que nos queda”, aseguran en Comercio. Para el Gobierno, además, es clave que estos acuerdos se reflejen en el IPC en una cuenta, que es la siguiente: que el rubro Alimentos y Bebidas esté al menos 1,5 puntos porcentuales por debajo de la inflación general del mes de enero, teniendo en cuenta que es lo que más pesa de manera pareja en los bolsillos de los sectores medios y bajos.
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