El mercado de carbono viene despertando creciente interés en el sector ganadero y forestal. Si bien hay cada vez más empresas y entidades públicas en proceso de generación de créditos, se trata de un mecanismo que no está exento de críticas.
El mercado de carbono crece rápidamente en base a tres pilares: 1) los compromisos climáticos voluntarios de las multinacionales que necesitan dar cuenta ante sus clientes e inversionistas de las medidas que están tomando para reducir sus emisiones de carbono; 2) la falta de instancias regulatorias públicas o multilaterales en este mercado y 3) el atractivo monetario que representa vender créditos, especialmente para empresas de países en desarrollo.
Sin embargo, el tema viene con polémica. Una reciente investigación de Bloomberg detectó que decenas de empresas globales dicen haber reducido emisiones en base a la compra de créditos de dudosa calidad.
¿Qué es?
En los mercados de carbono se intercambian derechos o certificados de emisiones de gases efecto invernadero (GEI). El inversor adquiere un crédito que le permite contar como propias reducciones de emisiones de GEI que en realidad hizo otra empresa, que es la que recibe el dinero. Por ejemplo, una empresa argentina que realiza una mejora de eficiencia en el tratamiento de sus residuos, lo cual le permite reducir sus emisiones de GEI, vende un crédito a una multinacional que necesita mostrar resultados para acercarse al cumplimiento de su meta de reducir emisiones para 2030.
La lógica detrás de este proceso es de eficiencia economicista, ya que se supone que la empresa del país desarrollado tiene menos costos en “comprar” una reducción de emisiones en un país en desarrollo que aplicar un proceso “verde” en su propio país. Así, el mundo accedería a una reducción de emisiones a un costo más bajo que si no hubiera existido este mecanismo de intercambio.
Los créditos de carbono se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que funcionan dentro de los mercados regulados de carbono; por el otro, los que se emiten en los mercados voluntarios. Los mercados regulados funcionan a partir de las exigencias vinculantes que estableció en 2005 el Protocolo de Kyoto en relación a la reducción de emisiones para 36 países industrializados. La Unión Europea también cuenta con un mercado regulado propio.
En la UE, por ejemplo, cientos de grandes empresas tienen un límite de emisiones que deben acatar para evitar multas. Lo hacen ya sea reduciendo efectivamente sus emisiones o bien comprando créditos de carbono. Una característica saliente de los mercados regulados u obligatorios es que cuentan con instancias regulatorias en cabeza de organismos multilaterales o gobiernos.
Los créditos que mayor dinamismo vienen mostrando en los últimos años son aquellos asociados a los mercados voluntarios, en donde se comercializan certificados asociados a iniciativas independientes de reducción de emisiones. Estos mercados no cuentan con una instancia regulatoria centralizada sino que el control pasa por agencias privadas, entre las cuales se destacan: American Carbon Registry, Climate Action Reserve, Gold Standard y Verra.
Actualmente, el valor de una tonelada de CO2eq ronda los 10 a 25 dólares en la Argentina. Ese es el dinero que recibe una empresa local por vender un crédito de carbono a partir de un proyecto de reducción de emisiones. En los países industrializados el precio es bastante más alto.
Créditos y emisiones
A través del mercado regulado del PK hay 8246 proyectos de créditos de carbono en todo el mundo que en total llevan vendidos 2293 millones de créditos, lo cual es equivalente a una reducción de emisiones de 2293 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e, que se usa para medir la GEI). Para tener una idea de esa dimensión, cabe recordar que Argentina en 2018 emitió 366 millones de toneladas de CO2e.
En tanto, el mercado voluntario acumula unos 7 mil proyectos de compensación que emitieron más de 1540 millones de créditos. La mayor parte de los proyectos de compensación voluntaria de carbono se concentra en los sectores de forestación y energía renovable.
Según datos oficiales, en Argentina hay 58 proyectos registrados en mercados de carbono, de los cuales 46 operan bajo el mercado regulado y 12, en el voluntario. En este último grupo aparecen proyectos como los de Genneia, que mediante dos plantas de energía eólica y una solar, y el de YPF Luz, que emitió 601 mil créditos a raíz de la planta eólica de Manantiales, Chubut. También Arcor vendió créditos del orden de las 600 mil toneladas de CO2 a partir de inversiones en renovables y mejoras en los sistemas de producción.
Un fuerte atractivo de los créditos de carbono ahora aparece en el sector ganadero, una de las actividades con mayores emisiones de GEI. “A partir del cambio en los tiempos de pastoreo y descanso y una baja en el uso de insumos a base química, entre otras medidas, el productor ganadero puede pasar a ser oferente de servicios ambientales, lo cual le puede representar un significativo ingreso de dinero”, indica Pablo Borrelli, cofundador de Ruuts, una empresas argentinas que brinda servicios de asesoramiento al sector agropecuario sobre los créditos de carbono.
Otro sector interesado es el sector forestal. La provincia de Misiones, por ejemplo, tiene un acuerdo para la generación de créditos asociados a la conservación de la selva en donde también participarían firmas petroleras.
Para que un crédito de carbono se considere “íntegro”, la reducción de emisiones asociada debe ser permanente y además se supone que el proyecto no se hubiera podido hacer sin el fondeo proveniente del mecanismo del mercado de carbono.
