En otro acto de la desproporcionada escalada de violencia judicial y política, los manifestantes detenidos al voleo durante la movilización contra la Ley Bases y acusados de una supuesta “sedición” contra el gobierno nacional fueron trasladados a las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza.
Así lo informaron los familiares de algunas de las personas que desde el miércoles estaban alojadas arbitrariamente en comisarías y alcaidías a la espera de su liberación. “Fueron trasladadas a unidades del Sistema Penitenciario Federal”, confirmaron a través de un breve comunicado.
La familia de Brian Ortiz, estudiante de Historia en el Instituto Superior de Formación Docente Nº1 de Avellaneda, informó que a él “lo acaban de trasladar a (la Unidad Penitenciaria de) Ezeiza, acusándolo de actos terroristas”.
“Es un estudiante ejemplar, trabaja haciendo rap en los trenes” y “es miembro del centro de estudiantes” del lugar donde estudia, indicó el comunicado que evidencia que el objetivo de que la detención del joven es político.
En tanto, Lucila Adano, hermana de Santiago Adano, otro de los detenidos el miércoles, confirmó que el joven fue trasladado durante la madrugada a Marcos Paz sin que la familia fuera informada de ello.
“Esto marca un antes y un después en materia de derechos humanos y garantías”, criticó la mujer entre llantos y sorprendida por la decisión que tomó la Justicia. “Él estaba con los jubilados porque mi vieja es jubilada”, contó durante una entrevista por Futurock.
Debido a esta nueva información, las familias suspendieron la movilización que tenían prevista para hoy frente a los lugares de detención y tribunales, y convocaron a otra al mediodía en los tribunales de Retiro, sobre la avenida Comodoro Py.
La persecución contra la protesta
La detención arbitraria, la falsa acusación con figuras penales desproporcionadas, la incomunicación, los traslados durante la madrugada y la falta de aviso e información a familiares son características propias de un modus operandi que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial no habían aplicado durante años en la Argentina.
La persecución judicial contra los 33 detenidos durante la jornada de protestas del miércoles trepó hasta niveles grotescos. Alentado por fake news lanzadas a través de las redes sociales solventadas por el gobierno de Javier Milei, el cuestionado fiscal Carlos Stornelli pidió prisión preventiva para todos y les imputó 15 delitos, entre ellos contra el orden constitucional.
Por la mañana, la titular de la causa, la jueza María Servini indagó a los primeros diez detenidos que inicialmente quedaron bajo la órbita federal. Luego de las audiencias, las defensas pidieron la liberación y, durante este viernes, la jueza resolverá si concede o no las libertades.
Por lo pronto, a los familiares se les informó que a algunos de ellos se los habían llevado a cárceles de mayor seguridad, fuera de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Servini deberá indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la Justicia porteña pero se acumularon a su causa y por eso quedó ella como única jueza a cargo de todos los detenidos.
Esas 33 personas llegan por varios delitos que tienen que ver con resistencia a la autoridad, lesiones, daños y se prevé también que se los acuse de un delito similar a los primeros, es decir, que tuvieron la intención de alzarse contra el orden constitucional. El propio Stornelli pidió a la jueza que continúen detenidos lo que está pendiente de resolución.
