Argentina sobrecumplió la meta de déficit fiscal primario al cerrar en 2,4 por ciento del PBI las cuentas de 2022. Ese resultado se logró fundamentalmente por el ajuste del gasto público. Este año la meta es más austera y la expansión de la economía moderada, de modo que será espinoso el cumplimiento del ratio de 1,9 del PBI. El informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) corrobora los datos de Economía: en términos reales el gasto público cayó y más fuerte en inversiones en infraestructura y para ampliar capacidad productiva, por el contrario las erogaciones que más crecieron fueron el pago de intereses de la deuda pública.
La OPC destaca también la compensación que representó el pago de bonos a jubilados para morigerar la pérdida contra la suba de precios y las actualizaciones presupuestarias de los programas sociales.
Desde el gobierno entienden que las consecuencias macroeconómicas de un déficit fiscal elevado son más perniciosas que achicar al Estado en sus múltiples funciones sociales y económicas. Los datos de la OPC no son estrictamente comparables con lo que analiza el FMI pero también dan cuenta de una caída real del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) en los últimos seis meses del año y que marcó una merma de 7,4 por ciento en 2022.
Así agrupado, el Estado contempla además del Tesoro a los fondos fiduciarios, empresas públicas, organismos de la seguridad social, etc. El déficit de la APN fue 3,6 por ciento del PBI en 2022.
De acuerdo con la OPC y teniendo en mente que la inflación en 2022 fue 94,8 por ciento, las retracciones más significativas del gasto se dieron en: las erogaciones de capital, es decir en infraestructura y las transferencias a empresas públicas y privadas para mejorar la capacidad productiva que cayeron 37,6 por ciento en términos reales, en segundo lugar se ubican las compras de bienes y contrataciones de servicios que cayeron 30,2 por ciento y los subsidios económicos reducidos en 11,3 respecto de 2021.
Por el contrario aumentaron los pagos de intereses por la deuda pública 18 por ciento en términos reales, y además esta partida recibió de los mayores incrementos respecto de lo presupuestado inicialmente.
En relación al gasto en jubilaciones y pensiones, la OPC estimó un crecimiento de apenas 0,3 por ciento real debido básicamente a los bonos compensatorios para los haberes más bajos y el incremento en la cantidad de beneficiarios. La fórmula jubilatoria arrojó un aumento del 72,4 por ciento nominal en diciembre que se ubicó por debajo de la inflación. Pero el gobierno otorgó sucesivos bonos para quienes cobran el haber mínimo: 6.000 pesos en abril, 12.000 pesos en mayo, 7.000 pesos en septiembre, octubre y noviembre y 10.000 pesos en diciembre.
Esto permitió que quienes cobran la mínima moderen la pérdida contra la inflación a -1,1 por ciento en términos reales mientras los del regimen general de ANSES perdieron -5,6 por ciento.
Atadas también a la evolución de la fórmula de movilidad sufrieron una caída de 2,4 por ciento en términos reales las asignaciones familiares: AUH, a trabajadores pasivos y del sector público nacional. Pero el deterioro fue mucho más agudo en el caso de la AUH: 10,4 por ciento interanual.
En cuanto a las transferencias en programas sociales, la OPC apuntó una evolución casi a raya con la inflación que derivó en una caída del 0,6 por ciento en términos reales. En dicha variación influyó la alta base de comparación y la dinámica de las ayudas a familias y empresas instrumentadas durante 2021 en el marco de políticas por la Covid-19.
En los principales programas sociales se observó una evolución dispar del gasto, por un lado aumentaron las becas Progresar y el programa Potenciar Trabajo, con variaciones del 32,8 y 25,3 por ciento en términos reales respectivamente, reflejando en ambos casos el aumento en la cobertura, mientras el programa de Políticas Alimentarias cayó 6,5 interanual debido a que la actualización de la prestación no llegó a compensar la inflación.
Las partidas de los programas sociales también formaron parte de las que mayores asignaciones respecto del presupuesto inicial percibieron. Además, la OPC destaca en ellas un elevado grado de ejecución cercano al 100 por ciento al final del período.
Por último, los subsidios energéticos acusaron una caída de 6,5 en términos reales que se tradujo en menores transferencias a Cammesa y también al Plan Gas.ar, en tanto que las transferencias a Enarsa se incrementaron 22,9 por ciento como consecuencia principalmente del aumento de los precios de importación del gas proveniente de Bolivia. Por el contrario, los subsidios al transporte crecieron 4,8 por ciento en términos reales. Estos son los principales “subsidios económicos” que mencionábamos en el primer párrafo.
En lo que respecta a los demás entes de la APN todos ellos vieron reducidos sus ingresos: las transferencias a fondos fiduciarios mermaron 55,8 en términos reales, a las empresas públicas 46,9 y a las provincias y municipios un -33,4 por ciento. Así también se achica el gasto.
