La región de América Latina y el Caribe (ALC) está atrapada en una “trampa de desarrollo”. La Organización de las Naciones Unidas denomina de esta manera a la manifestación de dos características que se mantienen casi inalteradas a través del tiempo, y que se ven profundizadas por la pandemia: alta desigualdad y bajo crecimiento.
La desigualdad ralentiza el crecimiento por muchas razones en la región. La de ingreso se traduce en una concentración del poder político y económico. La desigualdad de género implica que el potencial de la mitad de la fuerza de trabajo de la región está subutilizado, mientras que la racial y étnica priva a las economías del esfuerzo de una cuarta parte de su fuerza de trabajo. La desigualdad en la calidad de la educación reduce el rendimiento de las inversiones educativas.
Al mismo tiempo, el bajo crecimiento genera desigualdad. Es que implica menos oportunidades de buenos empleos y se traduce en una recaudación fiscal insuficiente para financiar los programas sociales necesarios para combatir la pobreza y mitigar las desigualdades. “El bajo crecimiento implica que muchas de las personas que invirtieron en su educación no logran encontrar una ocupación relacionada con sus habilidades, lo que a su vez disminuye los incentivos para que otras inviertan en educación”, sentencia el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 que elabora la ONU.
Tras analizar este fenómeno, identifica tres factores críticos que contribuyen a la perpetuación del círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y los diseños erráticos de los sistemas de protección social.
Concentración del poder
“Uno de los desafíos más perniciosos de la alta desigualdad es la forma en que concentra el poder”. El informe señala la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden el interés privado en lugar del bien común como uno de los factores que conectan la alta desigualdad y el bajo crecimiento, ya que “a menudo resulta en políticas distorsionadas, miopes e ineficientes, y en instituciones débiles”.
Una cuarta parte de los y las latinoamericanos señala a las grandes empresas como el grupo poderoso más influyente. El principal canal a través del cual la concentración puede afectar al desarrollo es el poder de monopolio y su consiguiente poder político empresarial: haciendo que los consumidores paguen precios más altos por bienes y servicios, y reduciendo la inversión en innovación, en la medida que un monopolista no amenazado tiene menos incentivos para innovar.
“El poder político de las grandes empresas también distorsiona la política más allá del ámbito del mercado”, afirma. El más distintivo en este sentido refiere a los sistemas fiscales de la región y su débil poder redistributivo. “Los países de ALC recaudan impuestos más bajos como porcentaje del PIB que los países con niveles similares de desarrollo o desigualdad y también tienen una proporción limitada de recaudo fiscal proveniente de impuestos sobre las rentas personales”, afirma el informe derrumbando una vez más el mito de la elevada presión fiscal en la región.
Punto aparte merecen las barreras que surgen de la presión de lobby que se verían afectadas por políticas de desarrollo sustentable: “El poder político y económico que representa a los intereses privados, como la industria de los combustibles fósiles, en alianza con marcos legales que obstaculizan la posibilidad de hacer más verde la matriz energética, siguen constituyendo importantes barreras”, afirma el informe.
Violencia y desigualdad
América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo. Con apenas el 9 por ciento de la población mundial, actualmente representa el 34 por ciento del total de muertes violentas. Asimismo, la desigualdad fomenta la violencia criminal, política y social en ALC. Debido a que la violencia afecta desproporcionadamente a los más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo humano, incluidos los derechos, los ingresos, la salud, la educación y la representación política.
La violencia también afecta el crecimiento económico a través de su impacto en las personas, las empresas, las comunidades y las instituciones. El informe menciona algunos cálculos recientes que fijan el costo promedio del homicidio en los países de ALC en cerca de 4,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional. El Banco Mundial estima que los costos relacionados con los gastos médicos, la pérdida de productividad y el gasto público en seguridad ascienden al 3,7 por ciento de la producción anual. “Esto representa un desperdicio sustancial de los recursos públicos. Los costos macroeconómicos de la violencia se traducen en una mayor desigualdad de ingresos, especialmente si impiden que los países inviertan en políticas que reduzcan la desigualdad”, subraya el informe.
Protección social
La protección social es una de las herramientas clave para mitigar las desigualdades. De acuerdo a la ONU, las políticas de protección social aplicadas en la región segmentan el mercado laboral entre formales e informales dada la fragmentación de políticas, brindan protección errática a los hogares contra los riesgos, no redistribuyen los ingresos lo suficiente hacia los grupos de menores ingresos y, a veces, lo hacen en la dirección opuesta y sesgan la asignación de recursos de manera que castigan la productividad y el crecimiento de largo plazo.
