Cambios en el Consejo de la Magistratura
El ministro de Justicia, Martín Soria, expondrá este miércoles ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de Diputados. Será a partir de las 11 y analizará el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, iniciativa ya aprobada por el Frente de Todos en el Senado, trabada en la Cámara Baja.
Soria deberá dar algunas señales de apertura a los bloques del “centro” para abrir una negociación que, por ahora, parece compleja en Diputados. Por caso, el año pasado no logró hacerlo con los cambios sobre el Ministerio Público Fiscal. De hecho, el procurador interino, Eduardo Casal, sigue en su cargo y el pliego de Daniel Rafecas continúa pisado en la comisión de Acuerdos del Senado, que comanda la camporista Anabel Fernández Sagasti.
En el plenario de este miércoles, Soria estará acompañado por el secretario de Justicia Juan Martín Menna. El proyecto impulsado por el oficialismo eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura y crea cuatro regiones “federales”. También incluye cuestiones sobre género.
La exposición de Soria tendrá, con seguridad, fuertes críticas a la Corte Suprema, que en la iniciativa en cuestión queda fuera de la integración del Consejo. En la actualidad, el máximo tribunal de Justicia forma parte del mismo y su presidente, Horacio Rosatti, es quien comanda el órgano que selecciona y sanciona a jueces.
Al no contar con mayoría necesaria, el oficialismo debe ratificar a sus aliados habituales y ceder ante lo que reclame el interbloque federal, que maneja Alejandro Rodríguez. Será clave la postura de la legisladora Graciela Camaño, que analiza estos temas en dicha bancada y que hoy forma parte del Consejo.
Ley de Alquileres
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, convocó a un plenario junto a la comisión de Legislación General para este miércoles a las 13. Existe una alta probabilidad de que la oposición llegue a esa cita con un dictamen unificado a partir de la síntesis del proyecto presentado por Juntos por el Cambio y el que tiene como autores a Graciela Camaño (Interbloque Federal) y Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro).
Estos espacios opositores ya alcanzaron consenso respecto de la necesidad de retrotraer la legislación a los dos años de duración de los contratos de locación, y una actualización semestral de los valores, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado inmobiliario y la dispersión de precios, sin valores de referencia claros. También evalúan que las partes deberían tener mayor libertad para pactar el precio de los alquileres sin tener que atarse a un índice determinado por el Estado.
No obstante, el dictamen del interbloque Federal establece un tope para esos aumentos que no pueden superar el acumulado de inflación al momento de la firma del contrato. Además, esta iniciativa incluye incentivos fiscales para quienes pongan sus bienes en alquiler, algo que no había sido incluido en el dictamen de Juntos por el Cambio.
En tanto, el oficialismo en su dictamen propone (como piden los inquilinos) mantener los tres años de plazo de los contratos y el ajuste anual conforme una fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE) con la inflación (IPC). También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido, al tiempo que incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores.
Fondo para pagarle al FMI
En el mismo plenario de comisiones se pondrá en debate el proyecto con media sanción del Senado para la creación del “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”. Se apunta a formar un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de formalizar esos capitales ocultos a cambio de una multa del 20% de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los seis meses de la puesta en vigencia de la ley, la sanción pasa a ser del 35%.
Para alcanzar los 129 votos, el oficialismo deberá sumar 11 votos adicionales en el caso de que la totalidad de sus representantes en la Cámara baja estén presentes en la sesión y voten alineados. La cuenta no parece fácil. Aspiran a conseguir los votos de los diputados rionegrinos Luis Di Giácomo y Agustín Domingo del bloque Juntos Somos Río Negro, pero hay dudas sobre lo que harían los habituales aliados del Frente de la Concordia Diego Sartori y Carlos Fernández, ya que en el Senado se ausentó a la sesión la senadora del mismo espacio político Magdalena Solari Quintana.
Pese a la impronta “antifuga” que coincide con el relato de la izquierda, los diputados del FIT no acompañarían la iniciativa oficialista porque consideran que al aprobar ese proyecto se estaría convalidando el acuerdo con el FMI, que consideran “ilegal” a raíz de una deuda de origen contraída por Macri que también tildan de “ilegal”.
Este lunes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó a la oposición por no querer avanzar con el Fondo para pagar la deuda al FMI. “El proyecto que crea el fondo para el fondo apunta a los que había fugado, pero en Diputados nadie la quiere aprobar”, dijo.
Sumó también a la lista el otro proyecto del Senador Oscar Parrilli que plantea levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario para perseguir a los evasores de dólares. “Los que tienen la sartén por el mango están de fiesta. Este es un Estado estúpido. No hay articulación para desarmar la estafa y todos tienen miedo. No hay voluntad, ni actitud para cambiar las cosas”, lanzó ofuscada.
Biotecnología y nanotecnología
En una reunión conjunta, las comisiones de Industria, Presupuesto y Ciencia e Innovación Productiva, emitieron dictamen al proyecto de ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología. La resolución a la que llegaron los legisladores amplía el alcance de la ley a la Nanotecnología y extiende su vigencia por 12 años. La ley actual vence en julio de 2022, con estos cambios vencería el 31 de diciembre de 2034.
Entre otros puntos, el proyecto aprobado en el plenario crea el Registro Nacional para la Promoción de la Nanotecnología, se modifican los beneficios fiscales para que sean compatibles con la ley de Economía del Conocimiento y la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El proyecto de ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología extiende hasta 2037 la vigencia del régimen de beneficios fiscales a esa industria y amplía su alcance a las actividades que incorporan nanotecnología. El 1 de junio pasado, el plenario recibió la visita de funcionarios nacionales, empresarios y científicos, que expusieron en torno a los alcances del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
La nueva ley contempla que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La ley sancionada en 2007 estableció una duración de 15 años y ahora se promueve extender los beneficios hasta el 2037 ya que estos incentivos concluirán en el 2022 y se amplía su alcance a las que incorporan nanotecnología.
Cuidados paliativos
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este martes dictamen de mayoría sobre un proyecto de ley, aprobado por el Senado, que asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos, en el ámbito público, privado y de la seguridad social, así como el acompañamiento a sus familias.
La comisión, que preside el diputado del Frente de Todos (FdT) Carlos Heller, reunió la firma de los 36 diputados presentes en torno al proyecto, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida por el plenario de la Cámara.
El proyecto, que ya recibió dictamen en la comisión de Salud, busca desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona, que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes que padecen enfermedades amenazantes y/o limitantes para la vida.
También, a través de esta iniciativa, se propone promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa; y promover la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos.
El texto del proyecto aprobado por el Senado en octubre de 2020 define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida”.
Además, el proyecto crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial. La sanción llegará mientras que el Senado mantiene cajoneado el proyecto del radical Alfredo Cornejo para habilitar la eutanasia, que podría ir en sentido opuesto a la ley de cuidados paliativos, por acortar la vida en lugar de prolongarla.
Así lo entienden los comités de bioética que hace dos años celebraron la ley de cuidados paliativos y rechazan la muerte anticipada. Por último, la iniciativa establece que la ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial, y se invita a adherir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
