El diputado nacional Ricardo Buryaile negó ayer haberse “quedado con plata” del subsidio de $5.000 que el gobierno de Cambiemos destinó al filo de las elecciones de 2019 supuestamente a desocupados y que, en el caso de Formosa, terminó por financiar la compra de fiscales electorales, tal como comprobó la Justicia. El dirigente, en tanto, no negó la maniobra ilegal y por el contrario asumió que pudo haber “fiscales del oficialismo” que también cobraron ese bono, en tanto que declaró que en la provincia se distribuyeron “mil subsidios” cuando en los registros oficiales figura un total de 6.800. Buryaile reaccionó así luego de conocerse una pericia oficial que constató que más de la mitad de autoridades que controlaron los comicios 2019 para Juntos por el Cambio percibió el bono, a partir de una investigación que inició Ámbito en septiembre de ese año y que en la actualidad tramita en la Justicia federal. Consultado por el medio formoseño La Mañana, el exministro de Agro de Mauricio Macri negó los cargos en su contra: “nosotros no cometimos ningún delito”, aseguró. Ricardo Buryaile. exministro de Agroindustria, involucrado en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito. Informate más Clientelismo M: la Justicia confirmó compra de fiscales electorales con bono clandestino en 2019 “Nadie se quedó con plata de nadie, el bono no era clandestino sino que fue una resolución del Ministerio de Trabajo y fue para todo el país”, alegó. Buryaile omitió, en su descargo, que la imputación no es por apropiación del monto de los bonos sino por su utilización con fines electorales, y que su clandestinidad quedó de manifiesto en la falta de publicidad oficial de su instrumentación a pesar de ser un programa para todo el país, con un alcance mínimo de 130 mil beneficiarios y a un costo presupuestario de 650 millones de pesos. Otro aspecto saliente de la declaración de Buryaile, que fue cabeza de lista por Juntos por el Cambio para la Cámara de Diputados de la Nación en aquella elección, es cuando cuantificó el alcance del bono en su provincia: “mil subsidios se distribuyeron entre gente que no tenía trabajo y ANSES aprobaba estas solicitudes que luego se tenían que cobrar con un monto de $5.000 en el banco”. Según los registros a los que accedió este diario, hubo para Formosa un total de 6.800 bonos a un costo de $34 millones. Además, en la causa se investiga el direccionamiento de los beneficios dado que jamás se abrió inscripción alguna para las “solicitudes” mencionadas por el legislador. La causa arrancó pocos días después de la publicación de las primeras notas, en septiembre de 2019, mediante una denuncia ante la Justicia federal del apoderado del Partido Justicialista Jorge Landau. Aquella presentación recayó en la jueza con competencia electoral María Servini, que entonces la derivó para su instrucción en el fiscal Jorge Di Lello. Tras la muerte del funcionario el año pasado el expediente quedó en manos de su colega Ramiro González, quien recibió finalmente en los últimos días la pericia que terminó de constatar la compra de fiscales en Formosa, una sospecha que había expuesto en la causa el abogado local Dardo Williams Caraballo.