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viernes, 9 diciembre, 2022
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    El Estado y la relación con los privados: ¿es o se hace?

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    Los dirigentes de entidades del sector y la mayoría de los integrantes del universo agropecuario son los críticos más estruendosos del Estado en su capacidad de intervención en la economía y de recaudación de impuestos. Son los militantes más activos del sector privado en denostar cada una de las iniciativas del sector público.

    En períodos de bonanzas demandan su apartamiento casi total del funcionamiento de la actividad, y mucho más cuando contabilizan ganancias extraordinarias, como las anotadas en los años de la pandemia y de la guerra en Ucrania.

    En cambio, cuando irrumpen situaciones críticas, como se producen cada tanto por cuestiones climáticas (sequías o inundaciones), exigen el auxilio del Estado como si fuera un mandato bíblico. En estos momentos se da un contexto de esas características debido a una marcada insuficiencia hídrica en amplias zonas agrarias, que terminará afectando la siembra y la cosecha de la próxima campaña.

    El denominado campo rechaza cualquier acción del Estado cuando transita un ciclo favorable y demanda su asistencia cuando debe enfrentar uno negativo.

    Auxilio estatal en situaciones críticas

    No es que el Estado no tenga que intervenir para fomentar una actividad o ante un contexto negativo que afecta a un sector clave de la economía, que se desarrolla en la frontera tecnológica con fuertes inversiones e innovaciones que incrementan la productividad y lo convierte en un jugador competitivo a nivel internacional. Además, en términos macroeconómicos y de la dinámica del sector externo, es el más importante proveedor de divisas en una economía con escasez estructural de dólares.

    La cuestión es política en la definición de cuál es el rol del Estado y su relación con un actor relevante de la producción en el debate sobre el sendero de desarrollo y la construcción de sentido acerca de la comprensión del funcionamiento de la economía.

    En forma esquemática, el denominado campo rechaza cualquier acción del Estado cuando transita un ciclo favorable y demanda su asistencia cuando debe enfrentar uno negativo.

    En el marco de la negociación política con los representantes de las cámaras patronales, siempre acompañados de tradicionales voceros mediáticos, resulta fundamental exponer entonces esta doble vara conceptual y de intereses, en momentos en que el Estado sale al rescate de productores afectados por la sequía y realiza un aporte considerable para financiar la próxima campaña.

    El Ministerio de Economía dispuso la entrega en forma directa de hasta 2,0 y 2,6 millones de pesos a productores de maíz y de soja, respectivamente. Imagen: AFP

    El “ATP Agro”

    En una especie de ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción desplegado durante la pandemia), el Ministerio de Economía dispuso la entrega en forma directa de hasta 2,0 y 2,6 millones de pesos a productores de maíz y de soja, respectivamente. Ese dinero será para el financiamiento en la compra de insumos (semillas y fertilizantes) y alcanzará a unos 19 mil productores (de hasta 100 hectáreas de maíz y de hasta 400 de soja). La dimensión de estos campos implica un stock de capital millonario en dólares, con un valor por hectárea de 13 a 15 mil dólares en la zona núcleo.

    Ese dinero del sector público para productores agrarios no es un crédito sino una transferencia directa, equivalente al 40 por ciento de la inversión en semillas y fertilizantes.

    Con la actividad agropecuaria, del mismo modo que con el resto, el sector público tiene que incorporar el concepto y la política de la contraprestación del sector privado cuando éste recibe una asistencia estatal extraordinaria.

    En este caso, podría haber sido el compromiso de liquidación de la cosecha retenida de soja y maíz, lo que implicaría un flujo de dólares hacia el Banco Central. El requisito que se incorporó para acceder al “ATP Agro” es no tener más del 15 por ciento en stock en el caso de la soja.

    El Programa Crédito Argentino (CreAr) para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas industriales y agroindustriales suma 500.000 millones de pesos.

    Transferencias a industrias

    El Ministerio de Economía también lanzó el Programa Crédito Argentino (CreAr) para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas industriales y agroindustriales.

    El monto involucrado alcanza los 500.000 millones de pesos. Estas firmas podrán acceder al crédito con tasas bonificadas de hasta 30 puntos.

    Además, se presentó el Registro de Fabricantes de Bienes de Capital de origen nacional. Quienes se inscriban podrán acceder a beneficios, como la reducción del 70 por ciento en las contribuciones patronales y del 90 por ciento para MiPyMEs, un bono anual de crédito fiscal calculado sobre el Impuesto a las Ganancias, inversiones en I+D y reintegros de exportación.

    El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa. La coyuntura política del oficialismo está cruzada por una interna a cielo abierto. Imagen: Telam.

    Restricciones políticas para la gestión de la coyuntura

    Existen atenuantes respecto a la resolución de estas iniciativas en la coyuntura política del oficialismo, cruzada por una interna a cielo abierto. En este contexto no resulta sencilla la tarea de coordinación y conducción de la gestión y, por lo tanto, ganar márgenes de negociación con actores del sector privado especializados en apropiarse de recursos públicos, ya sea por subsidios directos o por maniobras de elusión o evasión impositiva.

    De todos modos, la transferencia directa de recursos públicos al sector agropecuario, como a otras actividades productivas vía subsidios a la tasa de interés o beneficios fiscales, debe ser una herramienta imprescindible de negociación de funcionarios con las empresas.

    No sería una estrategia extravagante de la política argentina, sino que simplemente replicaría lo que han realizado y lo siguen haciendo los países que han emprendido sostenidos procesos de desarrollo.

    El caso emblemático de cómo se definió el vínculo de las elites con el Estado, además de los conocidos en las potencias occidentales, es Corea del Sur.

    La experiencia de Corea del Sur

    A comienzos de los años sesenta Corea del Sur era un país pobre dedicado fundamentalmente a la agricultura. Empezó a tomar una serie de medidas para convertirse en una economía pujante y diversificada sobre la base de un “capitalismo dirigido”. Las políticas públicas se centraron expresamente en el desarrollo de capacidad industrial y tecnología nacional, con el fin de adquirir competitividad internacional.

    El objetivo fue fortalecer los conglomerados nacionales (chaebols). El notable aumento del PIB que se produjo en las décadas posteriores respondió a un proceso de industrialización orientado al exterior, que convirtió a Corea en la décima economía mundial.

    Aquí aparece un factor central de la política económica coreana: el gobierno pudo disciplinar al sector privado para asegurar el cumplimiento de ciertos objetivos al introducir distintas clases de incentivos y subsidios que beneficiaban a los chaebols, que se comprometían a alcanzar las metas propuestas bajo la fiscalización estatal.

    El rol del Estado consiste en promover el desarrollo de las fuerzas productivas y hacer efectiva una justa distribución del ingreso y la riqueza. Imagen: Adrián Pérez.

    El rol del Estado

    Para profundizar en el debate acerca del rol del Estado, instancia que hoy está contaminada por las disputas políticas electorales, resulta un aporte relevante el último documento de los economistas del Plan Fénix (Facultad de Ciencias Económicas-UBA).

    Es una actualización de las orientaciones generales de este grupo de reflexión de economistas, a veinte años de su creación. En la presentación afirman que la Argentina no sólo ha tenido dificultades para mantenerse en la senda de crecimiento con equidad, sino que además ha reincidido en un endeudamiento perverso.

    El plan presentado es un conjunto de aportes para la formulación de una estrategia que permitiría transitar una vía virtuosa entre la utilización de recursos primarios y el desarrollo de capacidades en los sectores industriales y de servicios modernos. “Todo ello apuntalado por una sólida red que asegure la inclusión y el cierre de la pronunciada brecha social”, apuntan.

    Se trata de un extenso documento, del cual se rescata aquí el capítulo sobre el rol del Estado, cuyos principales conceptos son los siguientes:

     

    • “Desde sus inicios, el Plan Fénix ha sostenido que, esencialmente, el rol del Estado consiste en promover el desarrollo de las fuerzas productivas y hacer efectiva una justa distribución del ingreso y la riqueza. En la medida en que cumple ese rol, el Estado consolida la vigencia de reglas de convivencia civilizada. La intervención estatal busca reproducir la fórmula desarrollo-equidad-gobernabilidad. El Estado debe corporizar el proyecto de desarrollo con equidad; no es del libre juego de los mercados que puede esperarse que este proceso se motorice”.
    • “Este importante rol del Estado demanda una administración integral, centrada en el ciudadano, ágil e inteligente. Debe encontrarse profesionalizada y tener acceso al talento. Por otro lado, el financiamiento público debe basarse sobre una tributación equitativa y eficaz, y acorde con los objetivos del programa”.
    • “Más que ‘hipertrofiado’, el Estado argentino es un aparato institucional ‘deforme’. Existen organismos públicos que funcionan bien, otros que no cumplen función útil alguna, y también hay muchos que son raquíticos o inexistentes. Frente a la difundida creencia de que en el sector público ‘sobra gente’, se constata la existencia de un ‘síndrome sobra-falta’: en ciertos organismos y para ciertas funciones sobra en efecto personal (por lo general, de baja calificación), mientras que en los mismos u otros organismos falta personal con los perfiles necesarios para desempeñar funciones esenciales, generalmente de alta calificación. La solución no es, entonces, ‘echar gente’, sino planificar cuidadosamente la futura planta de personal en función de la revisión que se haga del valor público de cada área funcional, adoptando una inteligente política de reconversión, reasignación e incorporación programada”.

     

     El documento del Plan Fénix (Facultad de Ciencias Económicas-UBA) es un insumo necesario para salir del laberinto político y conceptual en que ha caído el oficialismo. Imagen: Wikimedia commons.

    Planificación y cortoplacismo

    En relación al rol del Estado se destaca que el aparato estatal argentino es producto de un largo proceso histórico, para indicar que los mayores avances en materia de reforma y modernización estatal se han producido en las áreas de administración financiera integrada y digitalización, como consecuencia de los extraordinarios desarrollos producidos en las tecnologías de la información y la comunicación.

    Otros puntos que incluye el documento del Plan Fénix, insumo necesario para salir del laberinto político y conceptual en que ha caído el oficialismo, vinculados al rol de Estado son:

     

    • “Otra fuente de deformidad que suele ser causa de frustración de muchos funcionarios es la enorme diferencia existente entre diferentes organismos públicos respecto de la retribución recibida por agentes estatales que desempeñan tareas de similar nivel de formación y competencias. La política de remuneraciones debe contemplar esta enorme fuente de distorsión, tendiendo a una gradual equiparación que preserve, además, la capacidad de retención de talentos por parte del Estado”.
    • “Un déficit de la gestión pública argentina es la virtual ausencia de planificación y el cortoplacismo como la dimensión temporal dominante en la formulación de políticas públicas. La administración pública debería ser una gestión en tres tiempos: planificar el futuro, gestionar el presente y evaluar el pasado. Se suele aludir a esta falencia afirmando que ‘no existen políticas de Estado’, es decir, cursos de acción que se mantengan en el tiempo en una cierta área de política pública, más allá de la coyuntural ocupación del gobierno por una fuerza política e, inclusive, a través de gobiernos de distinto signo”.
    • “Planificar es intentar administrar previendo el futuro y proyectando la asignación de recursos y responsabilidades que serán necesarias para alcanzar los objetivos y metas de un gobierno.
    • Los planes estratégicos, en nuestro país, suelen detenerse en las metas y no prevén la distribución de responsabilidades, las actividades, plazos, cronogramas, recursos e indicadores de resultados. La motivación prevalece sobre la comprensión de los fenómenos que se pretende resolver. Las decisiones suelen ser súbitas, inconsultas y a menudo infundadas e inconducentes.
    • Además, se desconocen los efectos secundarios de esas decisiones, se difunden formas autistas y no colaborativas o no coordinadas de resolver cuestiones de la agenda pública y, lo que es peor, se pierde la oportunidad de aprender de los fracasos al perder sentido los mecanismos de seguimiento, control y evaluación de las decisiones, desapareciendo virtualmente la rendición de cuentas. Porque sin planificación no hay control de gestión para evaluar si se alcanzaron o no las metas. Por lo tanto, reconciliar los tres tiempos –futuro, presente y pasado– de la gestión pública es otra prioridad de la cargada agenda de largo plazo, más allá de la inevitable atención de la coyuntura”.

     

    La construcción del relato

    Pese al avance de la derecha y de la derecha radicalizada en el dominio del relato acerca del rol del Estado, la experiencia local e internacional muestra que no puede dejarse al arbitrio de decisiones privadas la configuración de un proyecto de crecimiento.

    Los economistas del Plan Fénix dicen al respecto que “un explícito esfuerzo por vertebrar tal proyecto es una condición ineludible, a fin de transmitir el sentido y propósito de los esfuerzos productivos y a la vez brindar un marco de referencia a las decisiones”.

    Para concluir que este rol le corresponde claramente al Estado, que deberá constituir tal proyecto en el marco de un acuerdo que convoque al conjunto de los actores del campo económico, social y cultural.

    Esta debería ser la principal tarea de las fuerzas políticas que aspiran a bloquear el eventual cuarto período neoliberal desde 1976, que amenaza con ser implacable en la eliminación de derechos laborales, previsionales y sociales.

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