“Argentina está a punto de ingresar en otro acuerdo disfuncional con el Fondo Monetario Internacional. Si bien los detalles todavía no fueron comunicados, ya sabemos que es disfuncional porque no habrá reestructuración de la deuda pública”, alertó el economista Willem Buiter, profesor de la Universidad de Columbia y ex economista jefe del Citigroup, en un artículo publicado en el portal Project Syndicate, usual ventana de divulgación del Premio Nobel, Joseph Stiglitz.
En las puertas de la concreción del acuerdo crediticio con el FMI con el cual se busca pagar el megapréstamo otorgado por el organismo en 2018, sigue resonando la inflexibilidad del Fondo para aplicar una política de alivio que dé cuenta de los errores propios cometidos. En ese cuadro de severas restricciones, el Gobierno argentino optó por negociar las condiciones que estaban sobre la mesa y evitar el escenario de incertidumbre total que hubiera implicado el no pago de la deuda. Se espera que en los próximos días el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de ley que permita avanzar definitivamente en el nuevo acuerdo de deuda.
El artículo de Project Syndicate firmado por Buiter plantea que el FMI tiene que aceptar un recorte en la deuda para evitar tener que discutir lo mismo dentro de un par de años. Esa sería la forma de que el Fondo se haga cargo del crédito desproporcionado de 2018, asumiendo una pérdida de capital. “Argentina debe reestructurar su deuda, incluyendo a los 40 mil millones de dólares que el país le debe al FMI. El status de acreedor privilegiado, que tiene el Fondo por sobre otros acreedores, debería quedar en suspenso”.
No sustentable
“La deuda pública argentina no es sustentable. En lugar de desperdiciar otros dos o tres años antes de caer en un nuevo default, económica y socialmente destructivo, se debería encarar de forma inmediata una reestructuración ordenada”, indica Buiter.
El economista recuerda que el crédito con el FMI, el mayor en la historia del organismo, fue firmado en junio de 2018 y extendido en octubre de ese año y sostiene que “en ausencia de controles de capital, la principal contribución del préstamo fue permitir la salida de capitales”. “A raíz de su volumen, el crédito de 2018 fue sujeto al marco de acceso excepcional de deuda, que requiere que los deudores reúnan cuatro criterios: fuerte necesidad del balance de pagos, deuda pública sostenible, perspectiva de recuperar el acceso a los mercados privados y capacidad y compromiso para implementar el programa económico apoyado por el Fondo. Argentina solo contaba con un criterio, el desbalance del balance de pagos. Sin embargo, el organismo aprobó el crédito stand-by de 2018”, explica el profesor de Columbia.
Buiter dice que el país no cuenta ahora, como tampoco contaba en 2018, con perspectivas de acceso al mercado financiero, de modo que la falta de sostenibilidad de la deuda seguiría en pie a pesar del acuerdo con el Fondo. Describe que la deuda pública subió del 57 por ciento del PBI en 2017 al 107 por ciento en 2021, mientras que el déficit fiscal ronda alrededor del 3 por ciento, sin incluir el pago de los intereses de deuda. Critica la lógica del nuevo acuerdo con el FMI que pretende que el Tesoro deje de financiarse mediante la emisión monetaria y el mercado local absorba esa deuda. También advierte que la suba de las tasas de interés reales tendrá impacto negativo en el crecimiento.
Recorte
“El peso de la deuda la hace no sostenible. A la Argentina se le debería pedir la implementación de la reestructuración radical de su deuda que permita una reducción del 100 por ciento al 60 por ciento del PBI. Y el FMI debería estar sujeto al mismo recorte que los otros acreedores. El FMI debería pagar el precio de sus errores de 2018. Por suerte, errores de esta magnitud no son comunes. El único comparable fue el préstamo de 30 mil millones de dólares a Grecia en 2010. En esa ocasión, luego del default el Fondo se escondió detrás de su status de acreedor privilegiado. No debe hacer lo mismo ahora”, advierte el artículo.
