En el marco del inicio de una discusión global sobre los aportes de grandes capitales para paliar las crisis, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya jugó una ficha a favor de la iniciativa de cobrarles a los más ricos. Justo días después de que Estados Unidos confiara que llevará al Grupo de los 20 una postura en ese sentido. En Argentina, en tanto, ya se votó un tributo similar que fue aprobado por mayoría parlamentaria y está en proceso de cobro.
El organismo que conduce Kristalina Georgieva se declaró “muy a favor” de imponer un impuesto mínimo global a la renta empresarial. En rueda de prensa al comienzo de las reuniones de primavera boreal del FMI y el Banco Mundial, la principal economista del FMI, Gita Gopinath, señaló que los gobiernos enfrentan “gran cantidad” de evasión fiscal y de dinero transferido hacia paraísos fiscales.
En esa línea, indicó que esto es un motivo de “gran preocupación” para el FMI, porque “reduce la base impositiva sobre la que los gobiernos pueden recaudar ingresos y gastar en las necesidades sociales y económicas”. “Estamos muy a favor de un impuesto mínimo global a la renta empresarial”, afirmó Gopinath.
El influjo de Estados Unidos
El lunes, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, manifestó que ese país trabaja con las naciones del G20 “para acordar una tasa mínima de impuestos a las empresas”. “Juntos podemos usar este impuesto mínimo global para asegurarnos que la economía prospere sobre la base de una mayor igualdad de condiciones de tributación para las empresas multinacionales”, señaló Yellen, una directiva que Biden eligió para comandar una visión diferencial de la economía y la estrategia geopolítica, dentro de los parámetros posibles para Estados Unidos.
Consultada sobre otra propuesta de la administración de Joe Biden para aumentar los impuestos a las corporaciones estadounidenses del 21 por ciento al 28 por ciento, Gopinath sostuvo que es prematuro comentar sobre el posible impacto de esta medida. La economista jefe del FMI indicó que, por el contrario, la drástica reducción de este impuesto durante el gobierno de Donald Trump (del 35 por ciento al 21 por ciento), no llevó a un salto significativo en las inversiones.
Naturalmente, la salida del FMI al frente con una propuesta en ese sentido, tiene que ver con el respaldo de Estados Unidos, la silla número uno en el organismo. Pero hay otros países que tienen ideas similares y ya se han expresado, como la Alemania de Angela Merkel.
Argentina, caso testigo
El país estuvo entre los primeros que plantearon que, ante el contexto de pandemia, la necesidad de que aquellos sectores con más espalda pudieran ayudar a paliar una situación compleja e inédita en la historia económica de la Argentina. Un escenario en el que el cerrojo de la cuarentena obligó a cerrar actividades y redundó en perdida de empleo y reducciones salariales o tareas.
Así, con un proyecto del Gobierno de Alberto Fernández, comenzó a regir la ley del aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, aprobada a fines del 2020 en el contexto de la pandemia. El Gobierno nacional prorrogó hasta el 16 de abril la presentación de la declaración jurada y, de esta manera, los contribuyentes alcanzados por esa ley tienen más tiempo para reunir la documentación de respaldo necesaria para determinar de cuánto será su aporte.
Esta prórroga fue solicitada a la AFIP por tres cámaras empresarias: la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), aduciendo que precisaban tiempo para reunir la documentación. Más allá de las dudas, para el Gobierno esto fue una señal de intención de pago.
En paralelo, hubo cierta rebelión, por ahora muy menor, de presentaciones de empresarios en la Justicia, reclamando no pagar el tributo, que está estipulado para unas 13 mil personas que tienen fortuna personal superior a los 200 millones de pesos. Un porcentaje no sólo menor en relación a la población, sino también ínfimo si se mide en todo el empresariado.
