El FMI y el Banco Mundial se comprometieron públicamente a presentar una propuesta financiera que permita atacar de forma conjunta los problemas de sobreendeudamiento y medioambientales. Será en la cumbre mundial de cambio climático que tendrá lugar el próximo noviembre. Si bien todavía no hay certezas de cuál va a ser la iniciativa, hay diversos centros de estudios y organismos que vienen investigando el tema, al tiempo que el gobierno argentino pidió que se le aplique una reducción de deuda por ser un “acreedor ambiental”. Al mismo tiempo, hay una agenda regional abierta para evitar que los compromisos climáticos, en donde los países desarrollados naturalmente están más avanzados, terminen siendo una nueva traba para la periferia.
Este lunes, el Global Development Policy Center de la Universidad de Boston junto con la Heinrich Böll Foundation de la Universidad de Londres lanzaron un documento que busca marcar la cancha de cara a la propuesta prometida por el FMI y el Banco Mundial.
“La mayoría de los países de ingreso medio no cuentan con mecanismos de alivio de deuda. En muchos de estos países, los fondos que se destinan al pago de la deuda pública son más grandes que los gastos en salud y educación. En lugar de destinar recursos a salir de la crisis de una forma sostenible, los países tienen que pagarle a sus acreedores.
El riesgo es que las economías vulnerables entren a un círculo vicioso en donde la mayor vulnerabilidad climática impacte en el costo del endeudamiento y reduzca el espacio fiscal para desarrollar medidas paliativas. De hecho, la evidencia empírica muestra que el cambio climático ya elevó el costo del endeudamiento para los países vulnerables y se espera que esos efectos se amplifiquen. De modo que los países que no inviertan en medidas paliativas y en desarrollo van a tener incluso menor sustentabilidad de deuda en el futuro”, indica el informe, titulado “Alivio de deuda para una recuperación verde e inclusiva”.
¿Cómo sería un canje verde e inclusivo?
“El G-20 debería invitar a todos los países con riesgo de crisis de deuda a participar en un marco de reestructuración de las deudas basado en las necesidades para hacer frente a la adaptación y la mitigación de cara al cambio climático. Los gobiernos que reciben el alivio de deuda deben alinear sus políticas y presupuestos con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de París”, sigue el trabajo.
El grado de alivio de deuda puede estar dado por el costo de revertir una vulnerabilidad productiva, como por ejemplo la dependencia de la producción de combustibles fósiles, la mitigación de áreas afectadas y/o necesidad de inversión en educación, infraestructura, salud y agua y saneamiento, por ejemplo.
El informe propone como mecanismo de reestructuración una suerte de nuevos bonos Brady, que en la Argentina se utilizaron para la reestructuración de la deuda externa a fines de los `80 bajo condicionamientos ligados al Consenso de Washington, de la mano de las privatizaciones y la desregulación de la economía. Las operaciones de canje de nuevos bonos “verdes” de menor valor actual en lugar de los bonos viejos emitidos por los países periféricos estarían garantizada por un fondo manejado por el Banco Mundial, que en caso de falta de pago del país se convertiría en el nuevo acreedor del Estado.
Los “condicionamientos” ahora serían otros. Así, los recursos que se liberan por la reducción de pagos de la deuda deberían utilizarse para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. “Los gobiernos pueden decidir libremente cómo gastar el dinero, siempre que demuestren que van en sentido de la recuperación verde e inclusiva. Además, los organismos internacionales deben incentivar a la participación de los fondos privados en las reestructuraciones de deuda mediante mecanismos regulatorios”, define el documento.
Las tensiones y riesgos
Hay sectores que advierten sobre el riesgo de que la agenda ambiental en manos del FMI, el Banco Mundial y del club de los países más ricos del mundo termine siendo una vía para trabar el desarrollo de los periféricos a partir de, por ejemplo, nuevas barreras paraarancelarias en contra de bienes producidos en economías “no limpias”.
En esa línea se encuadra parte de la última declaración conjunta del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrado por los ministros de Agricultura de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. “Todos los países deben cooperar para la preservación del medio ambiente pero teniendo en cuenta las responsabilidades históricas, así como las capacidades nacionales por su nivel de desarrollo y condición socioeconómica. Los países menos desarrollados son los más susceptibles a los impactos del cambio climático, debido a factores físicos, sociales y económicos. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo han tenido su origen en los países desarrollados. Los países que tienen responsabilidad principal, histórica y presente, por la degradación ambiental deberían proveer las herramientas económicas y tecnológicas adecuadas que permitan a los países en desarrollo mejorar la sostenibilidad de su producción”, dice esa declaración.
