La principal causa de la reducción del déficit primario de la Administración Pública Nacional fue la caída del gasto, según corroboran los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en su informe sobre la ejecución presupuestaria de 2022. El gasto “primario” retrocedió porque el Estado realizó menos inversiones (en construcción o inversiones de las empresas públicas) e hizo menos transferencias al sector privado para mejorar la capacidad productiva. Se compraron menos bienes y contrataron menos servicios, y también se recortaron gastos en subsidios energéticos y al transporte público.
En cambio, la OPC destaca que la ejecución presupuestaria llegó casi al 100 por ciento en partidas sensibles como los programas sociales, transferencias a universidades y el dinero asignado a subsidios. Los intereses de la deuda y los programas sociales fueron las partidas del gasto que más crecieron.
El Estado se achicó para cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal, que acarrearía consecuencias macroeconómicas más costosas para la población que el retiro parcial del Estado de sus múltiples funciones. Si bien los datos de la OPC no confirman el saldo de las cuentas públicas que analiza el FMI, permite describir el comportamiento de las principales partidas del gasto y de los recursos.
El gasto primario de la APN se redujo 7,4 por ciento en términos reales respecto de 2021. Dentro de esas erogaciones, las mayores caídas se dieron en los gastos de capital (37,6 por ciento), bienes y servicios (30,2 por ciento) y subsidios a la energía y el transporte (11,3 por ciento). Por el contrario, crecieron más que la inflación los pagos de intereses de deuda pública (18 por ciento en términos reales), otros gastos corrientes y los programas sociales (que aumentaron en torno al 97 por ciento nominal, mientras que la inflación fue de 94,8).
En lo que respecta al gasto en jubilaciones y pensiones, la OPC estimó que la política de bonos extraordinarios para jubilaciones de bajos ingresos y la expansión de las prestaciones por la caja previsional de las fuerzas de Seguridad compensaron la reducción del gasto por la aplicación de la fórmula de movilidad, que marcó un aumento del 72,4 por ciento en 2022. Señala entonces que el gasto jubilatorio creció apenas 0,3 por ciento en términos reales, básicamente por los bonos compensatorios para los haberes más bajos y el incremento en la cantidad de beneficiarios.
El gobierno lanzó un bono de 6000 pesos para jubilados en abril, otro de 12.000 en mayo, 7000 en septiembre, en octubre y en noviembre y 10.000 en diciembre. El poder de compra de los haberes jubilatorios se redujo 5,6 por ciento en términos reales, mientras que la pérdida de los haberes de quienes cobran la mínima con la aplicación de bonos se moderó a 1,1 por ciento interanual, concluye el informe.
Las asignaciones familiares, atadas también a la fórmula de movilidad, sufrieron una caída de 2,4 por ciento en términos reales. Pero el deterioro fue mucho más agudo en el caso de la AUH: 10,4 por ciento interanual.
En cuanto a las transferencias en programas sociales, la OPC apunta una evolución casi a raya con la inflación que derivó en una caída del 0,6 por ciento en términos reales. En dicha variación influyó la alta base de comparación y la dinámica de las ayudas a familias y empresas instrumentadas durante 2021 en el marco de políticas por la Covid-19. En los principales programas sociales se observó una evolución dispar del gasto: por un lado aumentaron las becas Progresar y el programa Potenciar Trabajo, con variaciones del 32,8 y 25,3 por ciento en términos reales, respectivamente; en cambio, el programa de Políticas Alimentarias se redujo 6,5 interanual debido a que la actualización de la prestación no llegó a compensar la inflación.
Respecto de los programas sociales el informe destaca el elevado grado de ejecución: en Políticas Alimentarias fue del 99,9 por ciento y en Potenciar Trabajo, 99,8 por ciento. En este sentido se ubican en segundo lugar las transferencias a universidades, con 99,6 por ciento de ejecución; los subsidios energéticos, con 99,3; al transporte público, con 99,1, y las pensiones no contributivas, con 99,1.
