Hay en la agenda empresaria un asunto que, curiosamente, es eje de las charlas e inquieta más que la propia crisis pandémica y los problemas económicos que atraviesa Argentina. En el ranking de temores surgió hace unos meses la obsesión de trabajar para borrar de la agenda de debate político la idea de varias potencias mundiales y organismos multilaterales, como Estados Unidos, Alemania y el Fondo Monetario (FMI), de aprobar un tributo global permanente a las empresas. Y evitar que eso cale hondo en Argentina, justo en plena campaña política. Ese impuesto se discutió en foros internacionales como una especie de mecanismo de redistribución económica, que se aceleró por la situación mundial que generó la pandemia de la COVID 19.
En los últimos días, el asunto fue el corrillo de los chats empresarios de dueños. Según , en tres grupos de Whatsapp se discutió sobre la inconveniencia de que el punto se cuele en los debates y campañas de oficialistas y opositores. “Esto ya no es el Impuesto del Gobierno”, escribió un histórico constructor que tiene un grupo con no más de 10 dueños de compañías. Se refería a que el pedido global de que las multinacionales y grandes empresas paguen impuestos fijos más altos excede al tributo por única a la vez a las Grandes Fortunas, una ley que votó el Congreso por iniciativa oficial con el objetivo de financiar gastos de pandemia. “Ya judicializaron los que quisieron, pagaron los que quisieron, no hay mucha vuelta, pero si empieza a volverse algo constante es un problema”, se quejó un líder alimenticio en el mismo grupo.
Como casi todos los temas delicados y estratégicos para el poder económico, esas conversaciones salieron de los chats más mediáticos que hoy reúnen a más gerentes y jefes de comunicación que empresarios que paguen salarios; para situarse en grupos chicos. Bastante lejos del popular Nuestra Voz o de otros que han armado las llamadas empresas unicornios.
A mediados de Julio, el FMI les pidió a los 132 países miembros firmar un acuerdo fiscal global para que los países con normas menos sofisticadas se beneficien de un impuesto global del 15 por ciento a las multinacionales. Esa postura se inició con el aval político de Estados Unidos, en los hechos el dueño del FMI, quien le dio la potestad a la OCDE para avanzar en esa línea.
Naturalmente, el alineamiento contó con los países del Grupo de los 20 y expresiones directas de funcionarios de peso de las naciones líderes en Europa. El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, lo calificó de “paso colosal hacia una mayor justicia fiscal”; su homólogo francés, Bruno Le Maire, habló del “acuerdo fiscal internacional más importante alcanzado en un siglo”; y su par británico, Rishi Sunak, consideró que “el hecho de que 130 países en todo el mundo, incluidos todos los del G20, se hayan adherido, representa un paso adelante en nuestra misión de reformar la fiscalidad mundial”. Lo mismo hizo la titular del FMI, Kristalina Geogieva, y el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, quien fue un paso más allá: avaló el tributo del 15 por ciento, pero aclaró que, a su juicio, debería haber sido de entre 21 y 25 por ciento.
En este escenario de replanteamiento global -a tiempo o a destiempo y con menor o mayor intensidad- sobre el rol de las finanzas internacionales, el endeudamiento de los países y los niveles de tributación de las grandes fortunas, los ceos argentinos decidieron resistir con la construcción de un discurso contrario. Incluso siendo el Papa Francisco uno de los impulsores de estas nuevas condiciones, los ceos ultra católicos niegan la conveniencia y se incomodan ante cada pedido papal de ese estilo. Como en la reciente aparición del Sumo Pontífice en el Congreso Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), donde fue crítico con el rol empresarial en la pandemia.
Este diario charló con uno de los empresarios que está en contra del tributo, quien pidió reserva de identidad, pero planteó como argumento que “una cosa es discutirlo en países que tienen un 30 por ciento de carga tributaria y otra en Argentina, donde es superior al 50 por ciento”. La muletilla de la carga impositiva alta es una constante en las justificaciones.
El otro factor que se puso de manifiesto es más particular y tiene que ver con el contexto de la previa a la campaña política de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Varios deslizaron la voluntad de no financiar campañas de candidatos que, ante la consulta por estos temas, tengan una posición favorable o, simplemente, argumenten que estos debates son atendibles en contextos de crisis global y pandemia.
