“El acusado debe saber de qué se lo acusa y tener tiempo para defenderse, algo de lo que habla el Pacto de San José de Costa Rica. No hay código de ética que determine cuál es la conducta punible y cuáles son las penas”, continuó el parlamentario de Juntos por el Cambio.
El primer prófugo del macrismo y diputado del Parlasur se encuentra en Uruguay desde el pasado 8 de diciembre donde busca acceder al status de “refugiado político”, un estado al que no estaría en condiciones de acceder.
Rodríguez Simón está acusado de presionar y amenazar a empresarios, entre ellos a los accionistas del Grupo Indalo.
El pasado 3 de junio, la Justicia uruguaya frenó el pedido de extradición de Rodríguez Simón realizado por Servini, mientras el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou define su proceso de asilo político.
El el interín, el pasado 8 de junio, la División investigación federal de fugitivos y extradiciones de Interpol emitió un alerta roja por el pedido de extradición de Rodríguez Simón.
