El Consejo de la Magistratura aprobó por siete votos contra cinco una resolución para que el presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones, pueda tomar decisiones administrativas y presupuestarias después de este viernes, cuando se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para que caduque la actual composición del organismo y, de no sancionarse antes una reforma en el Congreso, se vuelva a una conformación con 20 miembros (hoy son 13). La medida sostendrá el funcionamiento burocrático del sistema judicial, pero quedará en suspenso la operatividad del Consejo en cuanto a la designación y evaluación de magistrados. No está claro si el lunes podrá asumir al frente del cuerpo el titular de la Corte, Horacio Rosatti, ya que no se completó la designación de nuevos consejeros y el fallo del máximo tribunal estableció que la nueva integración debe asumir en forma simultánea.
Tras un intenso debate, el Consejo de la Magistratura decidió por el voto de la mayoría reservar potestades para garantizar el funcionamiento del sistema judicial mediante el pago de sueldos, las asignaciones de recursos y la gestión del personal. A favor de la iniciativa votaron el mismo Lugones (que deja la presidencia del cuerpo, pero quedará como consejero a cargo de las cuestiones administrativas) más los consejeros Graciela Camaño, Diego Molea, María Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Vanesa Siley y Gerónimo Ustarroz. En contra se pronunciaron los consejeros afines a la oposición, Juan Manuel Culotta, Diego Marias, Carlos Matterson, Ricardo Recondo y Pablo Tonelli (la senadora de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo se ausentó).
En un principio, se suponía que el reglamento provisorio para garantizar las prestaciones mínimas del Poder Judicial se aprobaría por unanimidad. Pero la posibilidad se esfumó tras el fallo de un juez federal de Entre Ríos que aceptó una cautelar solicitada por el diputado del FdT Marcelo Casaretto y les prohibió a la cámaras de Senadores y de Diputados designar a los dos consejeros que faltan para completar la nómina de 20. Los consejeros que responden a la oposición insistieron en que “la Corte vendrá” a la presidencia del Consejo de la Magistratura y resolverá el entuerto generado por su propio fallo. La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley advirtió que, si ello ocurriera, “la Corte estaría incumpliendo su propio fallo”. Lugones también consideró que si el presidente de la Corte asume sin la totalidad de los miembros de la nueva composición, sería “una especie de intervención”.
Si bien la ley para la reforma del Consejo consiguió media sanción en el Senado, todavía falta su tratamiento en Diputados, por lo que, según el llamativo fallo de la Corte, regirá la ley previa a 2006 (ya derogada), que integraba el Consejo con 20 miembros y dejaba la presidencia a cargo del titular de la Corte. Desde la publicación del fallo, el Consejo se abocó a organizar las elecciones sectoriales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas al plazo “exiguo” establecido, y de hecho llegó a elegir la nueva representante de los jueces, Agustina Díaz Cordero, y las nuevas abogadas, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez. Faltan las designaciones de la comunidad académica (se concretaría el próximo lunes) y del Poder Legislativo (en suspenso por la medida cautelar).
En la reunión plenaria de este miércoles estaba previsto el tratamiento de los concursos para ocupar diversos cargos de jueces federales, entre ellos tres de primera instancia y dos de Cámara Federal de Comodoro Py. Pero ante el complejo escenario, los consejeros resolvieron por unanimidad postergar la votación de las ternas candidatos. Todas las propuestas volvieron a la Comisión de Labor. “Nos vemos cuando Dios quiera”, cerró la sesión Lugones.
