El derecho financiero ha acuñado una serie de conceptos que han servido para repensar la criminalidad económica. Uno de estos conceptos es “riesgo moral”. El otro too big to fail (demasiado grande para caer). Son cara y cruz de un mismo debate en el que la historia económica argentina ha jugado un rol preponderante. Stiglitz fue de los primeros en problematizar la información asimétrica en los mercados poco transparentes, aunque se dicen “libres” y se autoproclaman, pese a la evidencia social creciente y masiva en contrario, más “eficaces” que la acción reguladora (supuestamente “ineficaz”) del Estado.
El sistema bancario inglés, meca del mundo financiero “libre”, acuñó el concepto too big to fail para justificar los rescates del Estado (“ineficaz”) a los bancos (“eficaces”). Este concepto (paradójico y contradictorio para un neoliberal que pide ayuda del Estado “interventor”) describe la situación de un banco o institución financiera cuya quiebra tendría –se nos dice- consecuencias desastrosas sobre la economía “real”.
Alemania desembolsó miles de millones de euros en 2008 para evitar la quiebra de su sistema financiero. Esto llevó a la doctrina alemana (Wolfgang Naucke) a preguntarse sobre el sentido ético de estos rescates millonarios, que tienen por base la especulación y el riesgo que luego pagan los contribuyentes, esto es: los pueblos pagan los “errores” de los bancos (“eficaces”). Desde ese momento en derecho penal se ha empezado a hablar de delito económico-político para mostrar la connivencia –el contubernio creciente- entre política y finanzas. El sector financiero tiene un impacto cada vez mayor sobre la acción de los Estados y sobre nuestra vida política, poniendo en jaque incluso el sentido de la democracia, que depende –o dependía- de la voluntad política y no de los condicionamientos financieros trasnacionales, no siempre visibles. Ffrench Davis, economista chileno, habla de “financierismo” para caracterizar esta etapa del capitalismo financiero, no orientado a la producción real, sino a la ingeniería donde endeudamiento y fuga de capitales a “paraísos” fiscales (producir ganancia a cualquier costo) se cruzan cada vez más, promoviendo la concentración de la riqueza en muy pocas –cada vez menos- manos. Nuestros países son, por otro lado, cada vez más pobres y están cada vez más endeudados: algo pasa. Algo que aún no tiene un nombre. Algo que aún no vemos del todo como un “delito”.
El concepto de riesgo moral define situaciones donde el riesgo no lo paga nunca el que lo corre: como con la estatización de deuda privada, los mega-endeudamientos contraídos por Estados que a todas luces (como Argentina en 2018) no iban a poder pagar, quienes cometen estas acciones de riesgo (ilícito, estos presuntos “errores“) no cargan nunca con las consecuencias (sí con los beneficios, las comisiones, etc.). Los pueblos cargan siempre con el peso económico concreto y real de estos supuestos “errores” de “cálculo”. No lo son. Organismos con cientos de técnicos especializados no se “equivocan”.
Uno de los mayores desafíos del derecho penal contemporáneo es ponerle un nombre a los delitos financieros. A los delitos muy graves (capaces de poner en riesgo planes alimentarios, como advirtió la ONU respecto de la acción especulativa predatoria de los fondos buitre) que se cometen en el mundo opaco de las finanzas. No son “errores”. No debemos verlos así. No es que algo se calculó mal. Son crímenes financieros con beneficiarios repetidos y mayorías cada vez más pobres. Hay una ingeniería cómplice detrás del “error“.
Se cumplió un aniversario de la muerte del ex canciller Hector Timerman. Vale la pena recordar que él, junto a Kicillof y Chodos, en la Asamblea General de la ONU, en 2015, lograron aprobar nueve principios para la reestructuración de deudas soberanas. No es un antecedente que merezca quedar en el olvido. Argentina ya tiene experiencia en la discusión jurídica y financiera global en materia de reestructuración soberana. Los delitos macroeconómicos y financieros, donde los actores se solapan y las responsabilidades, también vinculadas al endeudamiento, se hacen difíciles de visibilizar, son los delitos que caracterizan a una era de capitales sin bandera, dominada por la especulación y la evasión tributaria en “paraísos” fiscales: sociedades sin Estado, donde los ricos no quieren sentir ya ninguna “carga” social, no quieren sentir ninguna “presión” tributaria.
El Derecho Penal no ha llegado aún con fuerza al sector financiero. Muchas conductas que son enormemente lesivas no están tipificadas como crímenes. No son delitos. Hay una criminalidad que aún no se discute. Mucha violencia se representa, a la inversa, como un “costo” en términos de mercado (“libre”), cambiando el sentido de la discusión jurídica: se nombra desde la economía –costo- lo que en rigor debe (volver a) ser nombrado desde el Derecho: la injusticia de la pobreza, la intolerancia de la marginalidad y el subdesarrollo a que son condenados continentes enteros, no parecen por el momento, pese a su gravedad, temas “justiciables“: la mitad de la población mundial es pobre, sobrevive con nada, revolviendo basurales, aun así el Derecho permanece en silencio, no parece un tema de la “Justicia”.
Casi el 60 por ciento de los chicos argentinos crecen en la marginalidad o comen lo que encuentran, cuando encuentran. Familias enteras duermen en la puerta de los palacios de Justicia, como parte de un paisaje que se ha vuelto normal. Todo esto se naturaliza. Se habla de “pobreza”. (Se dice son pobres, como si fuera algo que “son” ellos, que “traen” consigo). No de crimen. No se discute esto como un delito.
Este delito difuso, financiero, vinculado a repartos de poder económico y comercial, no parece tener nunca un culpable. Parece ser el mero “juego” “libre” de las fuerzas del mercado. Así se nombra a la dinámica responsable de que millones de personas no tengan lo básico para sobrevivir: como “reglas de juego”. Miles de personas nacen condenadas al hambre. En vez de ver allí las consecuencias graves de un delito, el producto de una criminalidad que todavía no vemos, que rara vez discutimos, preferimos decir que son sectores “vulnerables”. No lo son. Son sectores ya “vulnerados” desde el inicio por dinámicas financieras que todavía no vemos, que no nombramos. Que no elegimos. Pueblos enteros atropellados, mancillados, privados de lo básico cada vez más, por dinámicas financieras que el derecho penal-económico no nombra. No tipifica. No se atreve a nombrar.
Por: Guido Leonardo Croxatto / Página 12
