3.7 C
Posadas
viernes, 19 agosto, 2022
+SECCIONES
    spot_img

    En unidad para ir contra la corporación judicial

    Destacadas

    spot_img

    El presidente Alberto Fernández se mostró alineado con Cristina Fernández de Kirchner y respaldó los dichos con que la vicepresidenta cuestionó al Poder Judicial y, particularmente, a la Corte Suprema de Justicia. Desde Casa Rosada confirmaron que los Fernández no se pusieron de acuerdo puntualmente para hacer las declaraciones, por más que “están conversando todo el tiempo”. Para el mandatario, “la Justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”. “Como Presidente —agregó— sigo comprometido en que los argentinos contemos con una Justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos”.

    Desde Balcarce 50 aclararon en diálogo con este diario que no están trabajando en un nuevo proyecto para reformar el Poder Judicial y que es muy difícil avanzar con los existentes por el bloqueo opositor en el Congreso. “Lo que pasa en la Justicia es un escándalo y alguien tiene que decirlo”, añadieron en diálogo cerca del Presidente y explicaron que ese fue el motivo central de las publicaciones tanto de Alberto Fernández como de CFK.

    La vicepresidenta sumó hoy una parte más al video que publicó el lunes. Resaltó que el periodista Víctor Hugo Morales le había hecho notar una omisión: “Omití un hecho esencial en el análisis sobre la Corte de los Cuatro: el 50 por ciento de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay”. CFK acompañó la publicación con un video del expresidente Mauricio Macri, en el que dice que el decreto que él firmó para nombrar a dos jueces de la Corte Suprema “fue una propuesta de Pepín”.

    Antes de esa última publicación de la vicepresidenta, Alberto Fernández también había cuestionado la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. “Fue un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la Justicia”, dijo. Por otra parte, denostó que el presidente de la Corte Suprema sea, al mismo tiempo, quien preside el Consejo de la Magistratura y que éste se haya erigido en tal función poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo. “Eso solo deja en evidencia su desapego a la ley y a elementales normas éticas”, remarcó.

    Alberto Fernández, en lo que va de su Gobierno, realizó varios intentos para reformar el Poder Judicial. El 29 de junio de 2020, por ejemplo, presentó en Casa Rosada junto a la entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo, un proyecto de reforma que buscaba descentralizar a la Justicia Federal, unificar fueros y cámaras, crear fiscalías y defensorías, transferir competencias a CABA y restablecer pautas para garantizar la independencia de los jueces. Ese proyecto fue aprobado en el Senado, pero luego el oficialismo no consiguió los votos suficientes en Diputados, donde la iniciativa se frenó y no pudo ser tratada.

    El Frente de Todos también presentó en junio de este año, en el Senado de la Nación, un proyecto que fue consensuado entre el Ejecutivo y un grupo de 18 gobernadores para la ampliación de la Corte Suprema y que ésta pase a estar conformada por 25 miembros –en lugar de los 4 que tiene hoy–, con representación federal y de género. Ese proyecto tampoco avanza por no tener el consenso suficiente con la oposición en ninguna de las dos cámaras.

    En línea con lo que el día anterior había denunciado la vicepresidenta, Alberto Fernández expresó que “durante el macrismo, la Justicia Federal construyó ‘doctrinas’ que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas y aplicaron el derecho penal de autor sin vergüenza alguna”. “Cuando todo eso ocurría, el máximo tribunal del país adoptó una posición pasiva que permitió que tanto maltrato a la justicia por parte de la Justicia Federal fuera posible. De todo ello hubo responsables por acción y por omisión. Muy pocos tuvieron la dignidad de no sumarse”, subrayó.

    Luego, el Presidente denunció la persecución contra CFK: “La vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”.

    Fernández también recordó que “cuando quise reformar la Justicia Federal algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia”. “He repetido una y mil veces que debemos reconstruir una Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales. Tanta violación a esas normas es tácitamente admitida por la CSJN y ese es un problema que a todos debe preocuparnos”, expresó.

    Lawfare

    Tras las expresiones del Presidente y de CFK, otras voces se sumaron al debate. El exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni indicó que “Cristina sintetizó algo que venimos diciendo y observando hace bastante tiempo. El lawfare está funcionando a dos velocidades sincronizadas. Ahora sobresee y protege al expresidente Mauricio Macri, y a su vez se intenta proscribir a la vicepresidenta para las elecciones del año que viene. Sectores judiciales quieren obtener una condena rápida contra ella, con todo un escándalo mediático. Y luego obtener una condena firme para que la Justicia electoral diga que no puede presentarse a ningún cargo”. En diálogo con la radio de las Madres, el jurista puntualizó que “la catástrofe que se produce en el Poder Judicial es el resultado de defectos institucionales que hay que corregir de alguna manera”, y opinó que “hay que tener un proyecto en ese sentido”.

    El secretario general de la CTA, el diputado Hugo Yasky, expresó que “ya no se aguanta más el maridaje obsceno del Poder Judicial con los poderosos de este país. Si la Corte Suprema ya tiene firmada la sentencia de CFK, la voz del pueblo tronará en las calles”.

    El juez Juan Ramos Padilla, en tanto, opinó que la vicepresidenta “tomó una mochila que debieron haber agarrado otros”, y que ella “es la persona más perseguida del país por la mafia que se apoderó de la Justicia”. En este sentido, advirtió que el máximo tribunal “está preparando un golpe de Estado al estilo Bolsonaro”. En línea con lo que dijo Zaffaroni, añadió que “el año que viene van a intentar inhabilitar a Cristina”. Martín Doñate, senador nacional por Río Negro, adelantó que desde el bloque oficialista no descartan pedir el juicio político, contra los jueces de la Corte.

    Los magistrados reaccionan

    La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió a acusar a la vicepresidenta, luego de las críticas que realizó al Poder Judicial, y en particular a la Corte Suprema de Justicia.

    En un comunicado firmado por Marcelo Gallo Tagle, titular del organismo, subrayaron: “Expresamos nuestro rechazo al video publicado por la señora vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el que ataca a la CSJN y a distintos magistrados federales”.

    “Esta institución observa que, más allá del absoluto respeto y garantías que le caben a la señora vicepresidenta como ciudadana de discrepar con decisiones jurisdiccionales que le son adversas, consideramos que quienes ejercen la función pública en las más altas jerarquías deben actuar con equilibrio y mesura en su críticas y respeto institucional”, añadieron. Luego, aprovecharon la ocasión para criticar al Gobierno, al decir que “esa moderación debe extremarse en contextos de debilidad económica y social como la que atravesamos”, criticaron.

    Artículo anteriorLarreta volvió a cargar contra los movimientos sociales
    Artículo siguienteEl diputado nacional Ricardo Buryaile negó ayer haberse “quedado con plata” del subsidio de $5.000 que el gobierno de Cambiemos destinó al filo de las elecciones de 2019 supuestamente a desocupados y que, en el caso de Formosa, terminó por financiar la compra de fiscales electorales, tal como comprobó la Justicia. El dirigente, en tanto, no negó la maniobra ilegal y por el contrario asumió que pudo haber “fiscales del oficialismo” que también cobraron ese bono, en tanto que declaró que en la provincia se distribuyeron “mil subsidios” cuando en los registros oficiales figura un total de 6.800. Buryaile reaccionó así luego de conocerse una pericia oficial que constató que más de la mitad de autoridades que controlaron los comicios 2019 para Juntos por el Cambio percibió el bono, a partir de una investigación que inició Ámbito en septiembre de ese año y que en la actualidad tramita en la Justicia federal. Consultado por el medio formoseño La Mañana, el exministro de Agro de Mauricio Macri negó los cargos en su contra: “nosotros no cometimos ningún delito”, aseguró. Ricardo Buryaile. exministro de Agroindustria, involucrado en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito. Informate más Clientelismo M: la Justicia confirmó compra de fiscales electorales con bono clandestino en 2019 “Nadie se quedó con plata de nadie, el bono no era clandestino sino que fue una resolución del Ministerio de Trabajo y fue para todo el país”, alegó. Buryaile omitió, en su descargo, que la imputación no es por apropiación del monto de los bonos sino por su utilización con fines electorales, y que su clandestinidad quedó de manifiesto en la falta de publicidad oficial de su instrumentación a pesar de ser un programa para todo el país, con un alcance mínimo de 130 mil beneficiarios y a un costo presupuestario de 650 millones de pesos. Otro aspecto saliente de la declaración de Buryaile, que fue cabeza de lista por Juntos por el Cambio para la Cámara de Diputados de la Nación en aquella elección, es cuando cuantificó el alcance del bono en su provincia: “mil subsidios se distribuyeron entre gente que no tenía trabajo y ANSES aprobaba estas solicitudes que luego se tenían que cobrar con un monto de $5.000 en el banco”. Según los registros a los que accedió este diario, hubo para Formosa un total de 6.800 bonos a un costo de $34 millones. Además, en la causa se investiga el direccionamiento de los beneficios dado que jamás se abrió inscripción alguna para las “solicitudes” mencionadas por el legislador. La causa arrancó pocos días después de la publicación de las primeras notas, en septiembre de 2019, mediante una denuncia ante la Justicia federal del apoderado del Partido Justicialista Jorge Landau. Aquella presentación recayó en la jueza con competencia electoral María Servini, que entonces la derivó para su instrucción en el fiscal Jorge Di Lello. Tras la muerte del funcionario el año pasado el expediente quedó en manos de su colega Ramiro González, quien recibió finalmente en los últimos días la pericia que terminó de constatar la compra de fiscales en Formosa, una sospecha que había expuesto en la causa el abogado local Dardo Williams Caraballo.
    spot_img
    spot_img
    spot_img
    spot_img
    spot_img
    spot_img

    Últimas noticias