“Por ahora no dan las cuentas”. “Es un tema a debatir, pero no está resuelto en países más desarrollados”. Las respuestas de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y de la ministra de Economía, Silvina Batakis, a días de asumir, dejaron en claro que el salario básico universal no es una opción cercana en el esquema económico de Gobierno. El tema lo había traído a la agenda la vicepresidenta Cristina Kirchner en su discurso anterior, en Ensenada. Es el reclamo también de distintos sectores del Frente de Todos, expresado en un proyecto de ley que apoyan diputados que se inscriben en diferentes líneas internas en el Congreso, donde repartieron carteles: “Salario Básico Universal ¡Ya!”.
Tras la clausura discursiva oficial del tema la semana pasada, organizaciones de la Utep, con la adhesión de la CTA Autónoma, redoblan la apuesta: este miércoles harán asambleas de base para “definir un plan de acción” por este reclamo. “Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo… y hagan las cuentas de nuevo”, criticó duramente el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois. “Si hay que convencer al Presidente y a la ministra, estamos dispuestos a hacerlo, pero no vamos a dejar de dar el debate”, expresó Itaí Hagman, autor del proyecto de ley, a Página/12.
“Hay que dar una solución a los que no tienen nada de nada. Si hay voluntad política, se encuentra la forma de reasignar los recursos. El proyecto que está en el Congreso puede ser mejorable, discutible, inclusive puede ser otro, pero algo hay que hacer. Tampoco es la única opción: si se lleva a la calle el debate y gana consenso social, está la herramienta del decreto. No se puede simplemente decir: no es el momento”, sintetizan el planteo desde el camporismo, que en este momento trabaja en un proyecto de financiamiento.
El tema se presenta como un parteaguas próximo, cuando el Gobierno anunció que mantendrá intacto el plan económico que llevaba adelante el renunciado Martín Guzmán, en el que claramente no aparecía una idea de estas características.
Temas calientes
En medio de la tregua interna que firmaron el Presidente y la vice, Cristina Kirchner evitó confrontar sobre este tema en El Calafate, pero sí se refirió a los planes sociales: “Las políticas no se desarrollan sólo en el ministerio de Desarrollo Social, también en el ministerio de Economía”, deslizó, con el ejemplo de la gestión que hizo Alicia Kirchner y los programas que ejecutó entre 2009 y 2015. Tenía gráficos en mano que hablaban de las bondades de aquella gestión; no los mostró, los compartió luego en Twitter.
El tema aparece cruzado por otra discusión al interior de la coalición gobernante sobre el manejo de los planes sociales, la denuncia de “tercerización” y falta de control del Estado, o que las organizaciones “se comportan como un partido político”; la confrontación, en fin, entre la visión que representan los dichos de Cristina Kirchner y la de los hechos y no hechos del gabinete de Alberto Fernández, y más en territorio, la puja entre La Cámpora y el Movimiento Evita. En el medio, una discusión más de fondo sobre si el pleno empleo es una posibilidad a la que hoy se puede seguir aspirando, o como plantean algunas organizaciones sociales, es tiempo de repensar las ideas de trabajo y de empleo y apostar a fortalecer mucho más decididamente la economía popular y la organización en cooperativas.
¿Qué se propone?
Tal como está presentado el proyecto en el Congreso, el corazón del Salario Básico Universal es el de un piso de ingresos equivalente a la canasta básica alimentaria de un adulto, que era de 14.400 pesos en mayo y que irá aumentando a medida que se extiende la discusión y la inflación. Ese ingreso llegaría a un universo de unos siete millones y medio de personas, que es similar al que recibió el último refuerzo de ingresos de la Anses: incluye pero excede a una parte de los beneficiarios de planes sociales. Allí están también otros trabajadores informales de la economía popular, empleades de casas particulares y otras personas que se dedican a tareas de cuidados, las categorías más bajas de los monotributistas. Sería un “piso de subsistencia asegurado” para un universo muy heterogéneo de personas.
Así planteado, el salario básico no sería compatible con otros planes sociales, pero no los reemplazaría totalmente: quien percibe un Potenciar Trabajo, o una Tarjeta Alimentar, no lo cobraría. Pero hay una parte del Potenciar Trabajo, por ejemplo, que tiene que ver con la economía popular y la organización en cooperativas; esa parte de ese programa seguiría dirigida a esta población, y otra parte sí sería reemplazada por el SBU.
El proyecto que fue presentado en mayo pasado y giró a tres comisiones lleva autoría de Itaí Hagman y las firmas de quince diputados más, de extracción sindical y de diferentes organizaciones sociales; también el apoyo dentro del frente de otros como Darío Martínez y Daniel Arroyo, que fueron a la presentación; de Máximo Kirchner y del camporismo.
¿No dan las cuentas?
Aunque fuentes del gobierno aseguran que el impacto fiscal de la iniciativa es mayor, sus impulsores hablan de 1.8 puntos del PBI afectado. Pero lo reducen a 1 al considerar que el 0.8 del PBI se destina a distintos planes que quedarían desafectados. Entre las propuestas de financiamiento están los recursos de la segmentación de los subsidios energéticos, de la renta inesperada; más a fondo una reasignación desde otras áreas, lograr un régimen tributario más progresivo. También se habla de aplicar el SBU por etapas para morigerar su impacto fiscal.
Entre los gobernadores peronistas hay opiniones a favor y en contra, como hay realidades territoriales muy diferentes. En La Rioja, por ejemplo, hace rato que el oficialismo planteó el tema para ser incorporado en una discutida reforma constitucional provincial. “Queremos que tenga rango constitucional para toda aquella familia que por X causa no se encuentra trabajando. Hay que garantizarlo fundamentalmente para las madres sostén de hogar y para las que sufren violencia de género, pensando en una sustentabilidad alimentaria, educativa y sanitaria para sus hijos, para que tengan las oportunidades que ellas no tuvieron”, dice el gobernador Ricardo Quintela a Página/12.
Varias discusiones, como si implicaría una contraprestación de trabajo o de formación, de qué tipo, cuánto y cómo, siguen abiertas entre los impulsores del SBU. Son diversas las formas que podría tomar pero hay una idea madre: sería un ingreso “que no dependa del favor de nadie”, en palabras de la vicepresidenta. El ejemplo virtuoso al que se acude es el de la Asignación Universal por Hijo. Allí radica su “gran ventaja”, su componente superador: en su condición de piso básico y universal.
