“Mala fe y conducta dilatoria.” Así definió la Procuración del Tesoro de la Nación a la última presentación del Grupo Macri en la causa por la multimillonaria deuda que el Correo Argentino viene arrastrando desde hace 19 años con el Estado. Lo hizo al rechazar la propuesta que el holding de la familia del expresidente Mauricio Macri hizo para intentar salvar a la empresa de la que es accionista mayoritario. El Grupo propuso pagar 1011 millones de pesos para saldar sus deudas, pese a que la Fiscalía determinó que el monto adeudado es varias veces superior. Cinco veces superior. Por eso, el dictamen del procurador Carlos Zannini le solicitó a la jueza del caso, Marta Cirulli, que decrete la quiebra del Correo, por la que deberá responder con su patrimonio el Grupo Macri, a través de la controlante Socma.
La familia Macri administró el Correo Argentino entre 1997 y 2003. En aquel momento, el gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año. En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos, todos rechazados por insuficientes.
Una vez que Mauricio Macri llegó a la Presidencia de la Nación, hubo un intento por aprovechar el acceso a ambos lados del mostrador: en junio de 2016, el Correo propuso y el Estado aceptó un acuerdo de pago que licuaba en un 98,87 por ciento su deuda multimillonaria con las arcas públicas. La maniobra fue advertida por la fiscal Gabriela Boquín, quien en febrero de 2017 denunció un acuerdo abusivo para la administración pública. Mientras ese escándalo es investigado en una causa abierta en los tribunales federales, el proceso judicial de salvataje del Correo –que debió haberse iniciado hacia 2004– comenzó en diciembre de 2019. Y el mes pasado, la jueza Cirulli dio inició a la cuenta regresiva hacia la posible declaración de quiebra de la empresa, al definir que las acciones del Correo valen cero pesos y que su deuda se debe computar con intereses, tal como venía planteando Boquín.
En ese contexto, el 29 de marzo pasado el Correo Argentino S.A. se presentó ante la jueza a través de un escrito firmado por su titular, Jaime Robirosa. Allí propuso saldar su deuda con el Estado por el canon nunca abonado y sus intereses derivados con el pago, en una sola vez, de 1011 millones de pesos. Si bien el monto implicaba una mejora respecto de la cifra que la firma venía reconociendo como deuda –296 millones de pesos– continuaba bastante lejos del cálculo oficializado por la fiscal Boquín, de acuerdo con el cual la deuda supera los 5 mil millones de pesos. La oferta del Correo incluyó también la cancelación de sus deudas con el resto de los acreedores, entre los que se encuentran la AFIP y el Banco Nación entre otros, en pagos anuales a realizar durante diez años. Pero además, el Correo le planteó a la jueza que ya cuenta con la conformidad de al menos 35 acreedores, que el Estado es hoy “un acreedor hostil” y, por lo tanto, le solicitó que los representantes de la administración pública sean retirados de las negociaciones, si no aceptan la oferta de pago, para facilitar el acuerdo con el resto.
Ambos planteos fueron rechazados por la Procuración del Tesoro. El procurador argumentó que resolvió intervenir en la causa “en defensa de los intereses estatales” y para “evitar que el silencio (…) pueda ser interpretado como consentimiento” a la oferta del Grupo Macri.
En su dictamen, Zannini detalló que las presentaciones que viene realizando el Correo “son la repetición de cuestiones ya planteadas, tratadas oportunamente por los tribunales y rechazadas en todos sus términos”. Para el procurador, “evidentemente, el interés de Correo Argentino no está, ni estuvo nunca, centrado en obtener conformidades (para evitar la quiebra), sino en continuar con su estrategia dilatoria en base a la permanente apertura de nuevos puntos de discusión”. Pero, observó, “el salvataje no es una etapa apta para generar controversias y mayor litigiosidad”.
El dictamen respondió que “es falso” que el principal responsable por la cesación de pagos sea, como alegó la familia Macri, el propio Estado nacional. También rechazó la calificación de “acreedor hostil” que endilgó la empresa concursada para intentar defenderse. “El Estado Nacional no es acreedor hostil ni abusa de su posición (…) No hay ninguna intencionalidad política, como falazmente afirma la concursada (…) El único objetivo del Estado Nacional es lograr la satisfacción de su postergada acreencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino”, sostuvo el procurador del Tesoro. “¿Cómo podría aceptarse que el Estado es un acreedor hostil cuando es la concursada quien realizó una oferta irrisoria?”, preguntó. Para la Procuración, el Correo, “a sabiendas de lo irrisorio de las ofertas, continúa haciéndolas con la única intención de seguir dilatando el trámite”.
Para concluir, el procurador le requirió a Cirulli que continúe con el procedimiento previsto por la Ley de Concursos y Quiebras, “teniendo presente que el resultado que se derivaría del fracaso de esta etapa no sería atribuible al Estado nacional, sino a la natural consecuencia que la norma impone al proceder de la concursada”. Es decir que, dado que no se alcanzó un acuerdo preventivo, se debe dictar la quiebra. Ahora la decisión final está en manos de la jueza.
