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viernes, 20 mayo, 2022
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    Espionaje ilegal: ordenan nuevas medidas por maniobras de inteligencia en cárceles contra detenidos K

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    La justicia ordenó diversas medidas de prueba a fin de avanzar en el denominado “capítulo penitenciario” en la causa de espionaje ilegal que se habría realizado a detenidos alojados en cárceles del SPF, entre ellos funcionarios kirchneristas y empresarios.

    El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Franco Picardi, requirió a la Dirección del Servicio Penitenciario Federal a cargo de María Laura Garrigós de Rébori que el Registro de Alojados “informe los alojamientos históricos, con el mayor nivel de desagregación posible”, de exfuncionarios que estuvieron detenidos y habrían sido espiados, como Julio De Vido, Ricardo Jaime, Roberto Baratta, Rafael Resnick Brenner, Oscar Thomas, Fernando Esteche, Rafael Llorens, también de los sindicalistas Omar Suarez, alias “Caballo”, Juan Pablo Medina.

    Además de Claudio Minnicelli, Daniel Perez Gadín, Juan José María Olazagasti, Carlos Kirchner, Jorge Chueco, Cesar Milani, Victor Manzanares, Anastasio Perez Osuna.

    También sobre Carlos Zannini, Amado Boudou, José López, José María Nuñez Carmona, Mario Segovia, conocido como el “rey de la efedrina”. De acuerdo al relevo de evidencias, la instrucción no cuenta con datos relativos a este último grupo de personas, según advirtió el fiscal.

    La lista se completa con empresarios detenidos durante el kirchnerismo que habrían sido víctimas de maniobras de espionaje ilegal, como Cristobal López, Fabián de Sousa, Lázaro Baez, Gerardo Ferreyra.

    El fiscal Picardi, en miras a profundizar la investigación, entendió necesario requerir la ampliación de medidas de prueba en el denominado “legajo 9”, para el adecuado conocimiento de aristas específicas de los hechos que atañen a maniobras presuntamente producidas en el interior del SPF.

    En base a ese pedido, el juez pidió datos exactos de identificación de celda, pabellón, módulo, unidad, fechas de ingreso y egreso de cada uno de ellos, traslados de pabellones, número de causa judicial.

    Solicitó según la resolución, que proporcione la nómina completa de “todas aquellas personas privadas de su libertad, que fueron destinadas al Sistema IRIC, alojadas entre los años 2017 y 2019, con expresa identificación de celda, pabellón, módulo, unidad, fechas de ingreso y egreso de cada uno de ellos, traslados de pabellones, número de causa judicial, carátula, Juzgado y/o Tribunal y Fiscalía intervinientes, de acuerdo a las anotaciones respectivas”.

    Un tramo de la causa de espionaje investiga el mecanismo implementado desde el SPF para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos para luego poner esa información a disposición de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), conducida durante el macrismo por Gustavo Arribas.

    Por otra parte, el juez pidió al Servicio Penitenciario Federal informar a qué pabellones corresponden distintos abonados telefónicos y en todos los casos, deberá darse cuenta de las áreas específicas de instalación de las líneas que citó.

    En los teléfonos celulares secuestrados a espías investigados por espionaje ilegal se encontraron documentos Excel en los cuales los detenidos del sistema IRIC eran clasificados con los colores del semáforo. La calificación no era por su supuesta peligrosidad sino por la información y datos que se podía obtener de ellos.

    También, se deberá aportar el registro completo de ingresos de personas a la sede de Varela 266 de esta ciudad, durante los años 2017, 2018 y 2019.

    El programa IRIC fue el sistema de “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad” implementado por el gobierno de Cambiemos y que permitió agrupar a los empresarios, sindicalistas y exfuncionarios detenidos por supuestos casos de corrupción en el mismo espacio físico, lo que para la justicia habría facilitado el espionaje.

    Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia, sospechan los investigadores.

    La causa en la que se investiga el rol de los espías conocidos como Súper Mario Bros y cómo funcionó el espionaje en las cárceles sigue su curso en los tribunales de Comodoro Py, aunque quedó debilitada tras un fallo de la Cámara Federal que abonó la teoría del “cuentapropismo”.

    El juez Martínez de Giorgi, que quedó a cargo de la causa ahora ordenó medidas para encausar la investigación, en lo relacionado al espionaje penitenciario.

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