Esa condición hace que el Estado sea casi el único pagador efectivo del salario mínimo. En base a esa premisa el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confía en alcanzar el martes que viene un acuerdo con los protagonistas del Consejo del Empleo, la Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil, que reúne a empresarios y sindicalistas. Desde hoy el funcionario -uno de los apuntados por el kirchnerismo como quienes deberían dejar su cargo- iniciará reuniones con las cámaras patronales, en particular con el nuevo presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, catalogado como rival político del Gobierno.
El martes próximo discutirán por los gremios la CGT, de Héctor Daer y Carlos Acuña, la CTA de los Trabajadores (Hugo Yasky) y, por primera vez de manera plena y por derecho propio, a instancias de una decisión de la cartera laboral, también lo hará la CTA Autónoma, que lidera Ricardo Peidró. Por el empresariado irán la UIA y las cámaras de Comercio y Construcción, las entidades de ruralistas, la Bolsa de Comercio, los bancos y el sector pyme entre otros rubros. De no haber acuerdo, en la cartera laboral confirmaron que terminarán por laudar en el rango del 46 al 48 %.
En abril hubo consenso casi unánime para elevar 35% el sueldo mínimo en siete tramos que debían completarse recién en febrero próximo. Sin embargo, la disparada inflacionaria de mitad de año y el arranque de una nueva ronda de paritarias que cerraba aumentos diez puntos porcentuales por encima de ese valor motivaron que el propio Moroni resolviera, tras consultas con la CGT y la UIA, adelantar los tramos a septiembre para completar allí la suba total y llegar al piso de 29.160 pesos, como también fijar para el 30 de este mes la revisión. El resultado electoral adverso para el Ejecutivo obligó incluso a anticipar esa renegociación para el martes que viene.