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jueves, 18 abril, 2024
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    Fondo contra la desigualdad

    Propuesta de México para una reparación internacional

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    El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso ante la ONU crear un fondo económico internacional para combatir la desigualdad en el mundo. Apuntaría a cobrar una contribución voluntaria anual de 4 por ciento a las mil personas más ricas del planeta, otra contribución similar a las mil corporaciones privadas más importantes por su valor de mercado mundial y una cooperación del 0,2 por ciento del PIB de cada uno de los países integrantes del G20. Según sus cálculos, podría recaudar un billón de dólares anuales para luchar contra la desigualdad.

    Lopez Obrador presentó la idea ante el Consejo de Seguridad de la ONU que preside,  pero aseguró que lo propondrá bajo el nombre de Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de “garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios”.

    “Nunca en la historia de esta Organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no sólo las consecuencias”, señaló. Al tiempo que apuntaba sobre la ONU, el presidente mexicano explicó cómo funcionaría operativamente el fondo.

    Insistió en que los recursos deben llegar a los beneficiarios “de manera directa, sin intermediación alguna porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres a organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios”.

    De esta forma, propuso que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo y una vez definida la población objetivo en cada país comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas así como para hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos.

    Como contraparte en su informe anual, la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria, ayudando a financiar el plan mundial de fraternidad y bienestar.

    “Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable”, aseguró.

    Los países del G20, que de aceptar esta medida voluntaria donarían un porcentaje de su riqueza, son Alemania, Arabia Saudita, Brasil, India, Japón, Canadá, Argentina, Corea del Sur, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Turquía, Indonesia, México, Australia, Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Europea.

    Impuestos globales

    No es la primera vez que se debate aplicar impuestos globales a quienes más tienen. Los ministros de finanzas del G20 aprobaron en julio un mecanismo de fiscalidad para las multinacionales. El proyecto, que ya había sido consensuado en la OCDE, busca un impuesto mínimo global de al menos el 15 por ciento sobre los beneficios de las empresas con presencia global, con especial impacto en las de servicios digitales como Google, Apple y Amazon.

    El ministro de Economía argentino Martín Guzmán aseguró que “hoy cobrar impuestos a las corporaciones multilanacionales es una necesidad” e incluso se animó a sugerir que la tasa mínima corporativa global debía ascender al 25 por ciento en vez del 15 planteado.

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