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jueves, 11 agosto, 2022
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    Frenesí preferia: nombramientos, concursos y agite por los planes

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    La cuenta regresiva rumbo a la feria judicial tacha los días en el calendario pero suma vértigo a la agenda previa. El receso está previsto que comience el 18 de julio y se extienda hasta el 29 pero, en rigor, comenzará a regir desde el mediodía del 15. Eso deja exactamente doce jornadas hábiles para el sprint final. Los movimientos ocurren en varios frentes y son simultáneos: el Poder Ejecutivo afila un nuevo mensaje dirigido al Senado para que apruebe los pliegos de 33 magistrados, donde hace punta un candidato a juez con destino a Rosario, zona caliente por el narco; el Consejo de la Magistratura ingresará hoy en faceta “rosca” luego de romper la inercia de la elevación de ternas la semana pasada y con una treintena en carpeta; y la Corte Suprema luego de haber despachado Vialidad (con mucho menor cimbronazo al esperado) y el caso Denegri, mantendrá mañana una reunión para orejear qué expedientes pueden calzar antes de que comience el receso. Es arriesgado bajar la persiana por anticipado.

    El mundo judicial -como se anticipó desde Ámbito- no solo percibe el síndrome del “Pato rengo” respecto al presidente Alberto Fernández, sino que ahora vislumbra que gran parte de los miembros del Poder Ejecutivo también iniciaron la carrera para enlistarse en la concurrida Asociación Civil “Luchemos por la Mía”. Eso provocó un hormiguero de puentes subterráneos de diálogo por fuera del marco institucional y se cruzaron trincheras. El borrador que ahora circuló por los despachos con los mensajes dirigidos al Senado no causó sorpresas. Prevén que se acumulen a los 47 que el Presidente envió el 15 de junio mediante la publicación de los nombres en el Boletín Oficial, incluyendo jueces, fiscales, defensores y listado de conjueces. El Senado, por ahora, no ofreció novedades sobre su tratamiento en lo que también implica un termómetro para la relación con Cristina de Kirchner. Pero como reveló Ámbito, estamos en las vísperas de cumplir un año sin que se cubra alguna vacante en el Poder Judicial de la Argentina.

    Del listado que la Casa Rosada está puliendo, el destino más relevante parece ser el Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Rosario, Santa Fe que reeditaría a un candidato ya propuesto en 2018 durante la administración de Mauricio Macri y cuyo pliego fue retirado en febrero de 2020. Finalmente podría volver a reingresar por la revancha. En la lista se contabiliza mayor densidad de lo penal en el cúmulo de nominaciones. Esto incluye dos integrantes para los Tribunales Orales Federales de Rosario (llevan adelante juicios contra el narcotráfico, y una plaza para el TOF de Comodoro Rivadavia, tribunales orales de la Capital, un juzgado federal de primera instancia en Córdoba, varias vacantes en la Cámara Nacional de Casación, entre otros.

    Ese asunto se conjuga con la reunión de coordinación, prevista en el Consejo que arrastra temas del último plenario y que estrenó la dinámica de acuerdos puntuales y sistémicos. Allí hay dos sorpresas: los representantes del bloque oficialista -que responden en pleno al kirchnerismo más que al Gobierno- fueron los que mejor predispuestos se mostraron para exhibir avances. El PRO azuzó con resistir acuerdos pero terminó acompañando sin mostrar fisuras. Con este mínimo gesto, el Consejo se erige en un lugar impensado. Es el único ámbito en el que parece ser viable la negociación política. “No se espera a nadie” es el nuevo leit motiv que guía la acción que arrastra la nueva dinámica en la que todos los consejeros han procurado mostrarse activos y “presenciales” a la hora de diseñar sus agendas. Una muestra: el que quiera pedir acceso virtual vía Zoom para las reuniones debe responsabilizarse sobre su propia calidad de conectividad. Nada de echarle la culpa a la tecnología. El que desaparece de la ventanita no vota. Hay movimientos frenéticos de los representantes de los abogados que combinan giras proselitistas a sus propios electores y perfil más alto en propuestas para generar cambios. Habrá que monitorear, luego de la feria, cuando el Consejo ponga proa a definir si inicia juicio político al juez mendocino Walter Bento sin que haya sector alguno que lo defienda internamente. No estaría solo en esa picota. En la otra orilla, el pedido del juez Alejo Ramos Padilla de que le concedan una audiencia para defenderse –sin que mediaran los procedimientos formales de acusación- no fue bien recibido. Mucho menos que se hiciera público.

    Entre los abogados, el que se mostró más activo es el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra que promocionó su visita al presidente de la Corte Horacio Rosatti con un rosario de reclamos transmitidos para defender a la abogacía. Adentro de la reunión no se escuchó nada parecido. El hecho de haber sido recibido en la sede del Consejo impidió a Gil Lavedra pispear alguno de los expedientes en los que actúa como abogado de parte y que están a consideración de la Corte. No solo es el flamante apoderado de Vicentin contra su concurso, sino que le adeudan la liquidación por el litigio de la coparticipación a Santa Fe.

    Si existe una demostración de lo dinámico del panorama lo grafica el tema de la ampliación de la Corte a 25 miembros, asunto que había entusiasmado a los gobernadores y había empujado al Ejecutivo a hacer propia la iniciativa. A defenderlo en el Congreso concurrieron ayer sólo 7 de los 16 gobernadores que habían acordado. La retirada táctica de algunos también se explica con la controversia iniciada por Cristina con respecto a los planes sociales y abrió el dique para que su control pase a las gobernaciones y a las intendencias. “Mejor caja de planes en mano que futuro juez de la Corte volando”, calcularon en el aire los mandatarios. Esa chance se vuelve mucho más tangible en un contexto de bolsillos fláccidos y en el umbral de la campaña.

    Si no fue intencional la mención de Cristina sí tuvo correlato judicial: veloz, el fiscal Guillermo Marijuan aprovechando su rol en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social radicó una denuncia contra las organizaciones sociales que fomentarían el retorno de parte de lo abonado a los beneficiarios para sostener sus estructuras. Apuntó al Partido Obrero y al Polo Obrero. Pero la cuestión desde lo conceptual podría extenderse como mancha de aceite. De ello puede dar cuenta el nuevoencuentrista Martín Sabbatella que de 2013 a 2016 peregrinó por tribunales por aportes de sus militantes que descontaban parte de su sueldo en la AFSCA. Fue sobreseído porque la Cámara determinó que eran voluntarios. El trámite, para este caso, podría ser mucho más complicado de resolver.

    Mañana está previsto que declare en indagatoria un hombre que está acusado de realizar una pegatina agraviante contra el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda pretendiendo vincularlo con escándalos de supuesta corrupción en la obra social del Poder Judicial. Su identidad y quién podría haber hecho ese encargo no trascendieron todavía. Pero se manejaba en una 4×4 de alta gama. Quedó filmado. Raro.

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