La convocatoria fue enviada, les diputades están anoticiados y, ahora, cada bancada se dedica a pulir su estrategia: todo está listo ya para que este jueves a las 11 horas comience el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema. El 26 será la fecha de largada, una formalidad que buscará ordenar el cronograma de trabajo de un debate que promete que se extenderá, como mínimo, tres meses. Y es que el bloque oficialista pondrá sobre la mesa no solo su pedido de expulsión, sino un total de 12 proyectos presentados por particulares, asociaciones civiles y otres legisladores (incluido uno de la Coalición Cívica). La comisión de Juicio Político se prepara para invitar una cuarentena de testigos, entre los cuales Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles seguirán siendo las estrellas. El fallo “a la carta” de Sebastián Ramos que cerró la causa que investigaba los supuestos chats filtrados no cambió los planes del oficialismo, que espera ansioso su comparecencia. “Esto es un juicio político, no un juicio penal”, insisten, formales, desde la bancada oficialista. “Se nota que están cagados hasta las patas”, suman, menos formales, otros diputados oficialistas.
En cuatro días comienza oficialmente la primera etapa del juicio político por “mal desempeño” contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Desde que Alberto Fernández arrancó el 2023 anunciando que avanzaría con el pedido de expulsión de todos los integrantes de la Corte Suprema, Carolina Gaillard, Germán Martínez y un reducido grupo de dirigentes que integran la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se pusieron a escarbar antecedentes, ordenar las causales y definir las vías de acción que permitiesen, de la forma más rápida y ordenada posible, dar comienzo al primer juicio político contra el Máximo Tribunal en 20 años. El objetivo era ampliar la investigación, superando incluso los fundamentos propuestos por el presidente y los gobernadores, para lo cual se presentó un nuevo proyecto de 410 páginas. No será, sin embargo, el único: se sumarán también otros 11 expedientes que tienen estado parlamentario.
En el proceso hubo también otros cambios. Una de las integrantes de la comisión que conduce Gaillard, la diputada massista Vanesa Massetani, tuvo que ser reemplazada debido a problemas familiares. En su lugar, finalmente, estará el riojano Ricardo Herrera, que es uno de los firmantes del pedido de juicio político y responde políticamente al gobernador Ricardo Quintela.
Impugnaciones, testigos y pruebas: el cronograma del juicio político
El 26 de enero – tres días después de que comiencen las sesiones extraordinarias – será el primer encuentro. El FdT cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión, por lo que no tendrá problemas para conseguir quórum a pesar de la estrategia de bloqueo de Juntos por el Cambio. Originalmente, la primera reunión iba a coincidir con la votación de la admisibilidad del pedido, pero dado que la fecha coincidía con los alegatos de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa y la conducción del FdT quería, por otro lado, empezar el debate gradualmente – de modo de “reducir los márgenes de impugnación” – se definió que la reunión del 26 sería más bien una formalidad, un primer encuentro en donde definir el cronograma de trabajo.
El FdT insiste en que quiere ser “prolijo” para evitar impugnaciones, pero la realidad es que está apurado: “Cada día que pasa las operaciones y las presiones son peores”, confesó una integrante de la comisión. La carta contra el juicio político firmada por unos 500 empresarios y profesionales de grandes estudios jurídicos fue un ejemplo de eso.
El 2 de febrero se convocará a todes les autores de los proyectos para exponer y defender su pedido de juicio político (algunos están dirigidos a los cuatro magistrados, otros solo a Rosatti o a Lorenzetti o a Rosenkrantz). Son 12 en total por lo que se espera una jornada extensa. Luego, el 9 de febrero, se someterá a votación la admisibilidad. En esta instancia, la estrategia de JxC será salir a confrontar con fuerza. “Circo por circo”, es la lógica que atraviesa al interbloque oficialista. Saben que el FdT tiene los números para dictaminar – y nada más que eso -, por lo que buscarán defender a los cortesanos dando la pelea en la arena de la comisión de Juicio Político. “El juicio no va a prosperar y ellos saben que no tienen los votos, así que harán un show mientras sientan que les rinda para hablarle a los propios”, cuestionó una de las principales espadas del PRO.
El FdT, sin embargo, tiene el número para aprobar la admisibilidad, y ahí es cuando comenzará la etapa del sumario y de recolección de pruebas. La comisión de Juicio Político cuenta con varias facultades para juntar pruebas: solicitar cruces de llamadas entre los jueces – eso es “prueba informativa” y no requiere la autorización de ningún juez -, convocar testigos y hacer careos entre ellos si se contradicen, así como también secuestrar teléfonos, allanar domicilios y realizar inspecciones oculares (aunque en estos últimos casos se necesita autorización judicial). Los protagonistas del listado de testigos serán el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el vocero de Rosatti, Silvio Robles. Con su presencia el FdT buscará demostrar la connivencia política entre la Corte Suprema y el PRO (para beneficiar al gobierno porteño en pelea por la coparticipación, por un lado, y para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, por el otro). El cierre exprés de la denuncia por los chats no representa, en este sentido, un impedimento para su comparecencia.
“Este es un juicio político, no un juicio penal. Nosotros no condenamos a alguien, en todo caso lo destituimos o no. Somos la cámara acusadora y tenemos que presentar prueba y todo lo que sea información pública de trascendencia institucional cuenta como prueba. Los chats son información pública de trascendencia institucional”, precisó Eduardo Valdés, diputado que encabeza el listado de firmas del pedido de juicio político. En la comisión insisten en que tanto Robles como D’Alessandro tendrán sí o sí que comparecer, más allá del “fallo entre gallos y medianoches” de Ramos. Algunos diputados, incluso, insisten que aquel “fallo a la carta” da cuenta que los magistrados “están desesperados porque saben que cometieron un mal desempeño”.
Las causales por mal desempeño
Finalmente, el FdT decidió incluir un total de doce pedidos de juicio político a la Corte Suprema que tienen estado parlamentario, cada uno con sus acusados y fundamentos. El protagonismo lo tendrá el proyecto firmado por les 15 diputades del FdT, que incluye las causales del documento presentado por el presidente y los gobernadores y le suma dos más. En resumen, denuncia a los jueces por de la Corte por “mal desempeño” en base a 5 hechos: el fallo de la coparticipación porteña, el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, la “espuria convivencia” de Robles y D’Alessandro expuesta en los chats, el fallo “Muiña” del 2×1 a los crímenes de lesa humanidad y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.
Hay, sin embargo, también pedidos de juicio político de otras legisladoras, como de Vanesa Siley contra Rosenkrantz, de Juliana Di Tullio contra Rosatti, de María Rosa Martínez contra los cuatro jueces e, incluso, dos de Paula Oliveto (y otres diputades de la Coalición Cívica) contra Lorenzetti. La incorporación del expediente de la CC no es casual, sino que forma parte de la estrategia del oficialismo de meter una cuña dentro de JxC.
Hay, a su vez, pedidos de juicio político presentados por la Asociación Argentina de Juristas y por la Asociación Civil Exigir. El expediente más resonante, sin embargo, es uno que se presentó hace solo unos días: el de la ex detenida desaparecida Patricia Isasa, quien acusa a Rosatti de haber protegido a uno de los represores que la secuestró y torturó cuando tenía 16 años.
