Para desmentir una aparente asfixia financiera que le endilgan los gremios, la ministra hizo saber que en su gestión hubo un 93% de ahorro en la compra de medicamentos para la hemofilia, 70% en la compra de moduladores para fibrosis quística y la entrega de un medicamento de alto costo a todos los subsectores. También la absorción por parte del Estado de un medicamento para la atrofia muscular espinal considerado el más caro del mundo, a razón de más de dos millones de dólares por tratamiento, y el impulso de negociaciones conjuntas de los subsectores de salud para el abaratamiento de remedios.
Tanto en la iniciativa de Cristina de Kirchner como en la de Carla Vizzotti la CGT observa los mismos fantasmas: un excesivo intervencionismo del Estado en la gestión de las obras sociales y en su vínculo con los sectores farmacéutico y de las clínicas y sanatorios de capital privado. El argumento histórico de la “mesa chica” de la central es que los gobiernos suelen sentarse sobre los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que se constituye de aportes de las propias obras sociales -y en ese sentido alegan que deberían volver íntegros al sector- pero en el caso de la reserva presupuestaria de los $138 mil millones se trata de recursos estatales que Alberto Fernández les prometió a los gremios por la disparada que registró en los últimos años el peso de los servicios educativos y de transporte a los discapacitados.