La CGT repudió la colocación en las rejas de la Casa Rosada, durante el “tractorazo”, de muñecos con fotos de funcionarios, dirigentes del oficialismo y representantes de organismos de derechos humanos simulando ahorcamientos. “La legitimidad de cualquier protesta se pierde cuando el odio prevalece sobre el reclamo”, dice el comunicado que lleva la firma de los cosecretarios generales de la central obrera, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.
Los dirigentes gremiales rechazaron la “estigmatización” que caracterizó a la protesta del sábado pasado y afirmaron que “es inexcusable que los principales dirigentes de la oposición se abracen a cualquier consigna y consientan agravios personales de toda índole a figuras políticas de otros espacios en la mezquina búsqueda de votos”.
También remarcaron que “el debate político no puede teñirse de odios irreconciliables y mucho menos personales, y es responsabilidad de los dirigentes hallar los límites y no sobrepasarlos”, y añadió que quienes tienen aspiraciones de conducir los destinos del país “no pueden subirse al primer tractor que pase por su puerta para congraciarse con un puñado de voluntades”, afirmaron los dirigentes obreros.
Por otra parte, la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Victoria Montenegro presentó un pedido de informes dirigido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y referido al “tractorazo” en el que solicita saber, entre otros puntos, si las cámaras de seguridad registraron la zona de la Pirámide de Mayo, donde manifestantes colgaron muñecos con fotos de funcionarios, dirigentes del oficialismo y representantes de organismos de derechos humanos simulando ahorcamientos.
“Se trata de una clara señal de amenaza respaldada en consignas odiantes que acompañaron toda la jornada y se escucharon en medios de comunicación”, manifestó Montenegro, titular de la comisión parlamentaria de Derechos Humanos.
Los muñecos, de color negro y ahorcados con sogas, tenían fotos de los rostros de funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes de derechos humanos, entre ellos el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
El pedido de informes solicita también conocer la “totalidad de dispositivos y servicios públicos que el Gobierno de la Ciudad dispuso a los efectos del desarrollo de la manifestación”, así como los “mecanismos y dispositivos de seguridad” previstos por la Policía porteña.
