La Corte Suprema tendrá su primer acuerdo del año este jueves mientras se reúna la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para resolver si admite los 14 pedidos de destitución contra los supremos y cómo sigue el proceso. Todas las miradas están puestas sobre el alto tribunal que, en este contexto, tiene pendiente resolver varios temas que pueden tener algún rebote en el escenario electoral y que, a su vez, están relacionados con los planteos de remoción. Es posible que los supremos se ocupen primero de las recusaciones en su contra en dos expedientes calientes: aquel donde Luis Juez (Juntos por el Cambio) reclama el lugar que el Senado le dio a Martín Doñate por Unidad Ciudadana en representación de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura; el otro es el de la coparticipación que reclama el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, donde ya obtuvo una cautelar a su favor. Si, tal como podría ocurrir, rechazan in límine apartarse, podrán avanzar con las discusiones de fondo. Otro tema que está dando vueltas por los despachos cortesanos es la causa Dólar Futuro, donde están en revisión los sobreseimientos de Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros.
En el clima de guerra que hay entre la Corte y el oficialismo, es difícil imaginar que haya fallos amigables para el gobierno nacional. El encuentro entre los supremos será presencial y estará teñido por las tensiones generadas por los pedidos de juicio político junto el escándalo desatado a raíz de la filtración de los chats ente Silvio Robles –vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti– y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En esos intercambios aparecían alusiones a la discusión por la designación de Doñate. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, figura que le decía Robles a D’Alessandro, con una explicación sobre la conveniencia de judicializar el asunto. También había referencias al expediente sobre la coparticipación. Robles le avisaba, con el link de un noticia, que había sido rechazada la recusación de Rosatti. “Espero que hagas sacar el fallo Robles”, le decía con jactancia al ministro. Aunque el juez Sebastián Ramos haya cerrado una causa contra ambos, quedan otras tres promovidas por gobernadores y el revuelo dentro y fuera del Palacio de Justicia persiste. Nadie descarta encontronazos entre los jueces. Queda la pregunta, además, de qué pasará con Robles.
Las recusaciones
El expediente sobre la representación de la Cámara alta en el organismo que elige y sanciona a los jueces fue promovido por el senador Juez, a quien le fue mal en primera instancia y ante la Corte pidió un per saltum. El Senado, a través de su apoderada, Graciana Peñafort, recusó al presidente supremo, Rosatti, por ser juez y parte en este asunto. Rosatti preside el Consejo gracias a un fallo que él mismo firmó, que invalidaba la composición anterior del cuerpo y lo dejaba a él en ese nuevo cargo al reponer una ley derogada. Para eso, antes se había autovotado para quedar al frente de la Corte. La recusación señala que es parte del organismo sobre el cual debe fallar, que integra, comanda y sobre el cual tiene un interés ostensible. El tribunal tuvo el escrito escondido durante una semana. Lo subió al sistema recién el martes, después de que Peñafort hiciera pública esa situación y reclamara con una nueva presentación.
En la causa sobre los fondos coparticipables que reclama Rodríguez Larreta, la Corte firmó en diciembre una medida cautelar donde ordenó que el Estado nacional le incremente los recursos a la Ciudad un 2,95 por ciento, sin explicar de dónde surgía ese cálculo, y dejó en suspenso la ley 27606 que establecía el mecanismo para determinar el monto a transferir para los servicios de seguridad. El origen de la discusión tiene que ver con los fondos para la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad. En 2016 Mauricio Macri asignó por decreto un 3,5 y Alberto Fernández lo redujo a 2,3 en 2020. El 27 de diciembre la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zaninni, recusó a todos los jueces de la Corte por considerar que prejuzgaron al dictar la medida provisoria con definiciones propias de una sentencia definitiva, que aún no dictó. A su vez, consideró que el tribunal no respondió a todos los intereses en juego, como los reclamos de otras provincias, que dejó en la nada. Según este planteo la Corte perdió la objetividad. A eso se suma el pedido de juicio político en el mismo sentido y las recomendaciones de Robles a D’Alessandro, quien –además– tuvo participación directa en este pleito.
¿Quién debería resolver la recusación contra los cuatro cortesanos? La Procuración dice que no pueden ser ellos mismos, que deberían ser conjueces sorteados entre los presidentes de las cámaras federales.
Asuntos latentes
Entre los temas pendientes con impacto político, la Corte debe resolver desde 2021 si el expediente donde se dictó después de 20 años la quiebra del Correo Argentino, del Grupo Macri, pasa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuya mayoría responde al PRO. Es algo a lo que apuesta Mauricio Macri, que pretende revertir la quiebra con jueces amigos de la jurisdicción porteña y en un tema donde siempre intervino la Justicia nacional comercial, como en todos los concursos de acreedores.
Pero todo indica que los supremos estarían más apurados por resolver un caso emblema de los expedientes armados: el que se conoció como Dólar Futuro, donde el fallecido Claudio Bonadio decía que existía una defraudación por la decisión, como medida económica, de vender dólares a futuro. El planteo era que se vendía a precios por debajo de la cotización y se buscaba perjudicar al Estado. La medida buscaba evitar una corrida cambiaria. Los beneficiarios fueron funcionarios y aliados del macrismo. Pero el magistrado acusó a CFK, a su ministro de Economía, Kicillof, y otros funcionarios. La Sala I de la Cámara de Casación (Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa) sobreseyó a todos antes de que hubiera un juicio oral al establecer que no había perjuicio al Estado. El fiscal ante Casación, Raúl Pleé, pidió que la Corte deje sin efecto esa decisión. El año pasado el procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó en respaldo a Pleé y dijo que había que hacer el juicio. Es un tema clave no solo por el caso en sí, sino por otros dos pendientes en la misma Sala de Casación: Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Una posibilidad, con la que especulan en Comodoro Py, es que los cortesanos digan que cuando hay funcionarios implicados se debe hacer el juicio oral. Si fallan antes que los casadores, habrán mandado un mensaje claro. Y si todo esto sucede, quedará abierta la puerta para un show de tres juicios contra CFK.
