Nubarrones
El pesimismo se justifica. Los camioneros, que apoyan a Bolsonaro, seguían bloqueando el martes con decenas de vehículos el accesos al Supremo, mientras el titular del alto tribunal ponía al jefe de Estado al borde de la ilegalidad. Saliendo en defensa de De Moraes, Luiz Fux señaló en un esperado pronunciamiento que “si el desprecio a las decisiones judiciales ocurre por iniciativa del jefe de cualquiera de los poderes, esa actitud, además de representar un atentado contra la democracia, configura un crimen de responsabilidad que debería ser analizado por el Congreso Nacional”. Clarito: el crimen de responsabilidad es lo que gatilla la apertura de un proceso de impeachment.
Los pedidos de juicio político deben ser habilitados o bloqueados in limine por el presidente de la Cámara de Diputados. El oficialista Arthur Lima este martes evitó pronunciarse al respecto, cuando ya se acumulan más de 120 presentaciones sobre su escritorio. El hombre, referente del centrão –una constelación de partidos conservadores que solo tienen como amigos al poder y las prebendas–, se acercó al presidente recientemente, ya en su hora de debilidad, por lo que nadie se descarta que se esté reservando la chance de saltar del barco en el momento justo.
Mal negocio
Mientras la espuma de la crisis política sube, la economía –que en el segundo trimestre alarmó con una retracción no esperada, lo que augura que el rebote pospandemia no iría en el año mucho más allá de un mediocre 5%– sufrirá más y más. Encima, el presidente del Senado, el conservador Rodrigo Pacheco, congeló el tratamiento de la agenda del Gobierno, lo que deja en suspenso la ampliación de programas sociales clave para el proyecto “Bolsonaro 2022”.
El rechazo al presidente extremista crece y, con ello, la amenaza de un juicio político. Sin embargo, los gobiernos no caen por sus fechorías sino por anemia. En ese sentido, las multitudes que respaldaron a Bolsonaro en las calles hacen improbable una remoción.
Lo que queda, entonces, es puro impasse y tensión, pero con una fecha límite: octubre de 2022, cuando se realice la primera vuelta presidencial. Si para entonces el sistema institucional resiste los embates oficialistas en pos de una reforma electoral y si el jefe de Estado sigue rezagado frente a su enemigo Lula da Silva, llegará la hora de la verdad.
¿Jugará entonces Bolsonaro a todo o nada y precipitará una ruptura? ¿O se bajará de su candidatura para evitar la derrota? Y, acaso, ¿insistirá Lula en la suya o le pagará al establishment el peaje de su reivindicación histórica cediéndole su sitio a otro dirigente ante el altar de la unidad nacional?
Las preguntas sobran y las respuestas escasean. Mientras, lo seguro es que la democracia y la economía crujirán en Brasil.
