“Es como si hubiera habido una devaluación. Hay escasez de materias primas. Nosotros teníamos compradas 22 toneladas de fosfatos para el semestre y ya nos dijeron que nos van a entregar la mitad. Las alternativas que podemos conseguir en el mercado local cuestan el doble en dólares”, explican desde una industria alimenticia para justificar aumentos en su lista de precios que parten del 8 y alcanzan el 25 por ciento a partir del próximo lunes.
En el ejemplo se cruzan algunos de los componentes que llevaron la inflación de marzo a su mayor nivel desde que gobierna el Frente de Todos, en torno al 5 por ciento. Lo primero es el descalabro internacional en materia de precios que provocó la guerra en Ucrania. Insumos industriales y materias primas alimenticias no solo se encarecieron de manera abrupta sino que se produjo una retracción de la oferta que complica el abastecimiento para numerosos sectores fabriles. A eso se suma la disparada de los costos energéticos y de combustibles.
España registró la mayor inflación desde 1985, con un alza del 3 por ciento en marzo y del 9,8 en los últimos doce meses. Alemania soportó una inflación del 2,5 por ciento el mes pasado, algo insólito para un país acostumbrado a tasas del 0,2 o 0,3 por ciento mensual, y acumula 7,3 por ciento en un año. Es un registro record desde la reunificación del país en 1990, cuando empezó la actual serie estadística. Son los casos conocidos esta semana de un fenómeno que se expande por el mundo del mismo modo que antes lo hizo la pandemia.
Sin embargo, en ese escenario internacional con precios de guerra, empresas con posiciones dominantes que operan en la Argentina se cubren de la estampida descargando aumentos sin filtro sobre las demás. Son incrementos que no sólo les garantiza estar a salvo de la suba de los costos de reposición sino que les permite avanzar con los márgenes de ganancia. A río revuelto, aprovechan para mejorar su posición relativa en los mercados donde operan, a expensas de clientes y, en definitiva, de los consumidores.
Los fabricantes de cartón fueron convocados para esta semana por la Secretaría de Comercio Interior para que den explicaciones de sus últimos aumentos. Hay subas generalizadas en la industria del orden del 20 por ciento. La multinacional Smurfit Kappa es líder del sector y principal promotora de los incrementos. Produce empaques corrugados, papel para corrugar y bag-in-box, insumos difundidos que repercuten en los costos de una extensa gama de productos. Su justificación ante los clientes es el incremento de costos.
Otro de los rubros observados es el de los envases de vidrio. En este caso la firma Rigolleau, de la familia Cattorini, es el actor excluyente del sector: provee a las principales compañías alimenticias, de bebidas, medicamentos, cosmética y perfumería. Las industrias vitivinícola, de aceiteros, cerveceros y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) la denunciaron el año pasado por priorizar exportaciones a Brasil antes que cubrir las necesidades del mercado interno. Ahora vuelven a quejarse por los aumentos de los últimos días, también del 20 por ciento. “Nuevos valores en las materias primas importadas e incrementos de fletes maritimos nos obligan a subir los precios”, indicó la compañía al informar las subas.
En la industria alimenticia, los panaderos le apuntan a las principales productoras de margarina: Calsa, Refinerías de Grasa Sudamericana y Refinería del Centro. En el acuerdo de precios alcanzado esta semana entre el Gobierno y la Federación de Panaderos, para limitar el precio del kilo de pan a un rango de 220 a 270 pesos, el reclamo común fue por los incrementos en la margarina. Los empresarios afirmaron que para poder extender el convenio a toda la línea dulce, facturas y demás, es indispensable frenar las remarcaciones de ese insumo.
Fideos, arroz, aderezos, salsas, con el liderazgo de Molinos Río de la Plata y Arcor, son otros alimentos que el Gobierno busca controlar mediante negociaciones permanentes con esas empresas.
“Un tercio de la inflación de marzo es por el impacto de la guerra. Dos tercios son por las maniobras especulativas de sectores monopólicos, que acopian mercadería, aplican aumentos desproporcionados a modo de cobertura o buscan aumentar ganancias”, evalúan en el Gobierno.
La expectativa de las autoridades es que la inflación empiece a retroceder a partir de este mes, como consecuencia de los acuerdos alcanzados, la puesta en marcha de los fideicomisos para el maíz y el trigo, la renovación de Precios Cuidados y la próxima implementación de las canastas de 60 productos para comercios de cercanía y los convenios con mercados concentradores de frutas y verduras. Para marzo se espera un piso del 5 por ciento. Para abril, del 4. Es decir, todas esas acciones son insuficientes para una baja significativa del índice de precios minorista.
La conformación de una mesa permanente de negociación con la Unión Industrial Argentina y la CGT buscará darle mayor potencia a los convenios y alinear expectativas, por lo menos para poner un techo a la escalada inflacionaria. “No hay razones para que la inflación se espiralice. No hay posibilidades de desborde monetario ni cambiario. El acuerdo con el FMI despeja en buena medida esa incertidumbre. Las tasas de interés tienden a ser positivas en términos reales”, sostienen desde el gabinete económico, buscando llevar tranquilidad.
De todos modos, incluso en el Gobierno reconocen que el techo del 48 por ciento de inflación para este año que figura en el convenio con el Fondo Monetario resultará perforado. Los más optimistas señalan que se ubicará entre 50 y 55 por ciento. Los pesimistas arriesgan más de 60, aunque son los menos y trabajan con la oposición.
Para aspirar a una menor inflación el Gobierno debería tener la fuerza y la decisión política de aumentar las retenciones al trigo, al maíz y al girasol. Son los alimentos que más se encarecieron por la guerra en Europa. Los fideicomisos para los dos primeros cereales sirven para amortiguar el impacto, pero no alcanzan a desacoplar la estampida internacional de los precios internos.
El argumento político que entrega el Poder Ejecutivo es que no tiene los votos para imponer esa suba en el Congreso, mientras que la razón económica es que la medida no tendría demasiada efectividad en este momento, cuando ya se comercializó el grueso de las cosechas de trigo y maíz. El incremento de los derechos de exportación podría afectar la siembra que está por comenzar y generar un problema a futuro, en año electoral, razonan los funcionarios.
El bono a jubilados y una política de ingresos potente tiene que ser una respuesta urgente del Gobierno ante el ataque de precios. Aunque eso no alcanza para evitar el desgaste político que produce la inflación, es indispensable para socorrer a las mayorías populares y una obligación del Frente de Todos en función del contrato electoral.
