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lunes, 2 agosto, 2021
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    “La sociedad tiene derecho a elegir qué jueces y juezas quiere”

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    Silvana Mucci heredó sangre mapuche de parte de su madre, trabaja en el Poder Judicial de Río Negro desde hace 18 años y desde hace seis preside la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia del Superior Tribunal de Justicia en esa provincia a la cual ingresó por concurso ante el Consejo de la Magistratura. Apenas asumió su cargo modificó la denominación de la secretaria, antiguamente llamada superintendencia porque, sostiene, respondía a una denominación antigua y su intención es visibilizar la función concreta que tiene ese espacio que es, precisamente, el acceso a justicia.

    Comenzó a incorporar pequeños cambios pero muy efectivos para acercar el Poder Judicial a la ciudadanía, con una perspectiva transfeminista y popular, exigiendo además, paridad de género en los cargos y sobre todo impulsando debates para romper con el famoso techo de cristal que limita a las mujeres cuando intentan ocupar cargos jerárquicos. Destacando por otro lado, las voces de las comunidades mapuches que habitan el territorio para saber qué esperan y necesitan del Poder Judicial.

    “En Río Negro tenemos bocas o puertas de acceso a justicia y es algo que hemos militado bastante. Es importante hablar de acceso a justicia y no de acceso a la justicia porque entendemos el acceso a justicia como el valor de acceder a la resolución de un conflicto de modo justo y no a la justicia como sustantivo que sería el Poder Judicial. Las bocas de acceso sobre todo lo que hacen es orientar y derivar, porque justamente el principal inconveniente que tienen las personas es no saber a dónde ir, cómo ir. Todos los poderes judiciales deberían tener estos espacios para la población vulnerable que ni siquiera en tiene claro cuáles son sus derechos.

    ¿A quiénes están dirigidas estas oficinas?

    –Se apunta principalmente a esa población vulnerable. Las personas que sufren violencia machista en general y violencia familiar, están dentro de esa población que se encuentra por alguna de sus condiciones en una situación de vulnerabilidad, en los términos de las reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia. Lo que se intenta desde estas oficinas es seguir el proceso de esas personas que derivamos a la defensa pública, hacer una derivación responsable y que esa defensa accione en favor de sus derechos. Es un camino difícil. Nos cuesta bastante insertarnos porque desde estas oficinas que tienen una persona con una categoría inferior a los jueces, defensores, fiscales, en una estructura jerárquica, cuesta que respondan a ese seguimiento. Lo venimos trabajando intensamente y lo estamos logrando dentro de una estructura judicial tradicional y conservadora.

    ¿Qué situación presenta la provincia de Río Negro con respecto al patrocinio jurídico gratuito tan necesario para las personas que sufren violencia machista o deben reclamar el pago de una cuota alimentaria, por ejemplo, pero no tienen recursos económicos para costear un abogadx que lxs represente?

    –El gran porcentaje de las causas de violencia vienen con patrocinio de la defensa pública y cada vez crece más la demanda. Tiene sus propias pautas de asignación de casos que puede asistir de acuerdo a su situación económica, queda una franja intermedia con difícil cobertura de patrocinio. Hay una franja de vulnerables extrema, que va con defensa pública, pero queda una franja intermedia a la que realmente se le hace muy difícil el acceso a un patrocinio. La deuda que tenemos y en lo que debemos empezar a trabajar es a comprometer a los colegios de abogados y abogadas, porque el servicio de justicia, no es solo del Poder Judicial, hay actores muy importantes que son los abogados y abogadas que tiene un mercado cautivo con el patrocinio letrado obligatorio y que tienen responsabilidad frente a la sociedad. Con estas áreas de acceso a justicia, de lo que está haciéndose cargo el poder judicial y que me parece fundamental, es acercar el poder judicial a las personas. En el mapa de acceso a Justicia que tiene la corte, no son tantos los poderes judiciales que han logrado meter dentro de su organigrama estas tareas que siempre son marginales. Nosotros recién lo conseguimos el año pasado.

    ¿Cuál es el camino a recorrer para lograr un interés en la sociedad, un compromiso mayor para impulsar una reforma judicial transfeminista?

    –Creo que precisamente esta distancia que el Poder Judicial tiene con la sociedad, lleva a que cuando hay movimiento de cargos, a la sociedad civil en general, no le interesa demasiado, no se involucra. Los representantes del Poder Legislativo deberían encargarse de gestionar esa comunicación entre la sociedad y el Poder Judicial. Ahí está la pata que falta porque, al no haber participación de modo directo de la población queda resuelto entre corporaciones que terminan defendiendo intereses sectoriales por sobre intereses de la comunidad. Lo que falta es que la comunidad se involucre y sienta como propio su derecho a elegir y a pensar qué Poder Judicial quiere y qué jueces y juezas quieren porque si no participan no llega esa voz, ese deseo de cambio. Lo que siempre he tratado de hacer es ir dando pequeños pasitos y lograr instalarlos, pienso que esta manera de hacerlo es más efectiva que algo disruptivo, pequeños cambios, a veces imperceptibles que van quedándose en la institución. Tenemos que empezar a incorporar personas que tengan ganas de hacer estos cambios, y que desde adentro los hagamos como podemos y a su vez una movida grande y fuerte de afuera que pueda permitir el ingreso de estos perfiles que se necesitan. Si no hay una movida fuerte de afuera, las personas con los perfiles que tenemos ganas de cambiar no vamos a poder entrar y tienen que ser con movimientos como el feminismo.

    ¿Quienes ocupan cargos en la justicia y cuán lejos se está de alcanzar paridad de género en los cargos en Río Negro?

    –En la provincia de Río Negro, en los sesenta años que lleva de vida institucional, solamente hubo en períodos democráticos tres mujeres en la Corte, cuatro con la nueva incorporación.

    Hasta el 2013, solamente en períodos democráticos hubo una mujer y dos en la Procuración General. Si analizamos la composición de la cámara, en el siguiente órgano jerárquicamente mayor, tenemos 16 mujeres y 44 varones. Y al igual que sucede en toda organización, a medida que vamos bajando el cargo, va aumentando la cantidad de mujeres. Hay más mujeres que varones en la composición total de todo el personal del Poder Judicial, pero en los cargos jerárquicos son amplia mayoría los varones respecto de la de las mujeres y en todo el país pasa lo mismo.

    ¿Cómo romper el famoso techo de cristal? ¿Es posible?

    –Es difícil pero no imposible, aún hay muchos pactos preexistentes al proceso de selección mismo, que se sostienen muy fuertemente al momento de elegir y en esos pactos generalmente las mujeres independientes, feministas, estamos fuera.

    ¿Qué sucede cuando una profesional de la justicia que se define públicamente feminista aspira a ocupar un cargo jerárquico?

    –Es difícil porque todavía hay mucho prejuicio con respecto a cualquier movimiento divergente de la composición homogénea que tradicionalmente ha tenido el Poder Judicial, pensemos que es un poder que ha nacido aristocrático y si bien va cambiando, como va cambiando la sociedad, al Poder Judicial le cuesta porque es una organización conservadora que se mueve muy despacito para absorber esos cambios. Por eso, trabajar en una reforma judicial que empiece a respetar las diversidades es difícil. Y en ese respetar diversidades para alguien que se define como feminista, que ha hecho la carrera con independencia y con logros desde el desarrollo profesional no es fácil mantenerse y no es fácil intentar llegar a cargos como el Superior Tribunal porque quienes eligen también tienen un perfil conservador. Por más que sostengan que es necesario un poder más cercano a la gente -de hecho, esto es una idea unánime en cualquier representante del Poder Legislativo- cuando llega el momento de elegir, se siguen votando perfiles tradicionales, que los colegios de abogados estén conformes con esa selección y que no genere un cambio muy brusco o que haya manifestado públicamente ir hacia esos lugares.

    ¿Quiénes eligen?

    –Para los cargos de Jueces y Juezas del Superior Tribunal y para la Procuración General elige el Consejo de la Magistratura que se denomina Consejo Grande, integrado por 12 representas del Poder Legislativo y 12 representantes de los colegios de abogadas y abogados y es presidido con doble voto por el titular del Poder Ejecutivo, en este caso en Río Negro, por la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras. A esta altura de evolución de la democracia creo que en este Consejo debiera haber representación popular, con todo el riesgo que eso conllevaría en la elección de jueces y juezas, porque los partidos políticos normalmente terminan captando esa representación popular y no se sabe cuan independiente puede ser esa es la representación.

    Estamos en un momento donde jueces y juezas deben capacitarse en perspectiva de género, sin embargo, parece ser insuficiente o no lo aplican. ¿Qué opinas?

     

    –Cuesta, como toda nueva necesidad de formación, la mayoría de los postulantes que estábamos transitando el proceso de selección nos recibimos antes de la Constitución del 94, transitamos una facultad de derecho con anterioridad a la reforma constitucional y a la constitucionalización de las convenciones internacionales. Creo que es fundamental que cuando se admiten postulaciones para cubrir cargos, la formación en estas cuestiones pos 94 es fundamental porque si no nos formamos en las convenciones internacionales que establecen la lucha contra toda forma de discriminación contra las mujeres, que establecen las normas para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, va a ser difícil resolver con perspectiva de género si no se conocen profundamente esas normas y no se conoce el espíritu y lo que hay detrás de cada una de esas normas. No se puede aplicar lo que no se conoce. Se viene capacitando pos ley Micaela de modo obligatorio en el Poder Judicial de Río Negro, pero falta mucho, porque no es sólo capacitar y sensibilizar hay que internalizar esos conceptos y hasta que se internalizan esos paradigmas lleva mucho tiempo porque lo que circula en la sociedad es una mezcla de paradigmas de hoy y de ayer.

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