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lunes, 26 septiembre, 2022
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    Las más castigadas por la crisis

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    Con 125 mil trabajadorxs en la provincia, según estimaciones oficiales, en la provincia de Santa Fe hay 32 mil personas que antes de la pandemia estaban afiliadas a la Asociación de Trabajadores Auxiliares de Casas Particulares (ATACP). Solo un 25 por ciento de las personas que realizan ese trabajo cuenta con aportes jubilatorios, obra social y los derechos laborales que implican tener un trabajo registrado. A partir de marzo de 2020, este sector altamente feminizado fue uno de los que más sufrió las consecuencias económicas de la crisis. Desde entonces los despidos se suceden. “El gremio nuestro ha sido el más castigado, lo que pasa es que la franja de empleadores sufrió un golpe económico bastante importante que lo llevó a despedir a la gente, a no pagar y demás. Y se dieron conflictos. Obviamente el trabajador tiene que cobrar, tiene que vivir, pero nos encontramos con una franja de empleadores que tampoco tenían ingresos, que son generalmente gente joven, profesionales, que trabajan los dos, y necesitan la niñera, o el acompañante para un familiar mayor. Nos generó una problemática bastante jodida, hubo despidos, temas de que no se les pagó lo que debía”, explica Francisco Frenna, secretario general del gremio, en el que el 85 por ciento son mujeres.

    En todo el país, según un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación de abril de 2020, hay un millón 400 mil trabajadoras de casas particulares. El 99,3 son mujeres, concentrada en población de más de 35 años. El índice de informalidad nacional es del 76,8 por ciento y el empleo no registrado aumenta a medida que trabajan menos horas en cada hogar.

    ¿Por qué en Santa Fe el porcentaje de mujeres es menor al nacional? “En Santa Fe hay mayor cantidad de hombres, porque en toda la provincia tomamos a los caseros, casas de fin de semana y campo, que en otras provincias están en UATRE (sindicato de Trabajadores Rurales) y en Santa Fe están en nuestro gremio. Por eso se da un porcentaje mayor de varones. Pero sí, igualmente, la mayoría son mujeres”, explicó Frenna.

    El dirigente gremial no tiene estadísticas actualizadas sobre pérdida de empleos pero el día que atiende a Rosario/12 refiere que en pocas horas recibió cinco reclamos que fueron tomados por el área de legales del Sindicato. “Lo primero que hacemos es defender al trabajador, mediar, intentar que se le pague lo que corresponde y tratar de negociar para que continúe en su empleo”, dice Frenna, quien se excusa porque no puede “dar un porcentaje exacto” sobre las pérdidas laborales en el sector. “Sí te puedo decir que son muchos. Es una de las franjas que más sufrió el efecto pandemia, el trabajador fundamentalmente y muchos empleadores también. Es una problemática complicada”, asegura.

    En realidad, el 44 por ciento de las trabajadoras de casas particulares de todo el país son jefas de hogar, es decir que deben garantizar el ingreso principal para mantener a sus hijes. “Tenemos bajas permanentemente, empleadores que pagan, hacen acuerdos y demás. El trabajador nuestro no quiere una indemnización, quiere seguir trabajando”, dice Frenna.

    Es que en el trabajo en casas particulares –al que todavía algunxs llaman servicio doméstico– la relación entre empleada y empleadorxs es cuerpo a cuerpo. “Nosotros hacemos un trabajo gremial y un trabajo especial, porque les explicamos a nuestros trabajadores, los formamos, para que aprendan a negociar con el empleador”, planteó Frenna.

    Frenna puntualiza que hace más de 30 años, cuando fundaron el sindicato, “había un sistema de esclavitud, del que se salió en 2013, cuando salió la ley. Todavía hay un problema estructural, incluso en las grandes urbes”. En 2013 se aprobó la ley vigente, que establece un marco de derechos y jornadas laborales.

    La normativa no impide los abusos. “Estamos implementando un trabajo en los barrios cerrados, donde uno piensa que debería haber un poder económico superior, a veces es donde más gente en negro tenemos, donde no se les reconocen los problemas de transporte”, indica el sindicalista.

    Quienes no están registradas como trabajadoras, recurren al sindicato para hacer el reclamo. “Vivimos haciendo campaña para que los trabajadores se registren”, dice el dirigente gremial, quien indica que le dan asesoramiento a quienes trabajan en la informalidad. Si es por despido, saben que luego viene “todo un proceso de demostrar” que estuvieron empleadas.

    Cuando se le pregunta por situaciones conflictivas, Frenna indica: “Ahora que vino época de vacaciones, el empleador se fue de vacaciones, se tomó 15 días, los mismos que le corresponden al trabajador, pero cuando vuelve, le dice que ya está, que ya se tomó las vacaciones, si no laburó esos quince días. Pero el trabajador no fue a trabajar porque no estaba el empleador, esas no son sus vacaciones”.

    Las reticencias para aplicar los aumentos estipulados por la autoridad nacional también es otra fuente de conflicto. Desde febrero de 2021, la hora para el “cuidado y asistencia de personas” tiene un valor mínimo de 183,50 pesos y la de “tareas generales” 171 pesos. “Otro problema general es la diferencia salarial, donde no se quisieron aplicar los aumentos que hubo, porque dicen que no fueron a trabajar. Y no les quieren dar el aumento”, plantea Frenna.

    Otra situación conflictiva fue la cuarta categoría (cuidado y asistencia de personas). “Eran personas que tenían que estar en el frente de batalla, los cuidadores de adultos mayores y la niñera iban a trabajar. Solamente no iba si el empleador estaba en la casa, pero el acompañante de personas mayores sí está totalmente obligado a ir”, dijo Frenna, y contó sobre situaciones de empleadores que “los cambiaban de categoría. Los tuvieron anotados en quinta categoría durante años, para pagarles menos, y el año pasado, para que fueran a trabajar, los pasaron a cuarta categoría, así podían conseguir el permiso”, ejemplificó.

    El otro problema que subraya son lxs empleadores. “Tenés los que dicen ‘no puedo pagar porque estoy fundido’, ‘hace un año que no gano un mango’, ‘tuve que cerrar el negocio’. Hay empleadores que despidieron gente e hicieron acuerdos. Y otros directamente dejaron de pagar”, relató el sindicalista.

    Fuente:https://www.pagina12.com.ar/

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