Tras calificarla como un “fracaso”, el gobierno impulsará un proyecto para modificar o reemplazar la Ley de Alquileres vigente desde julio de 2020. Lo adelantó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el acto por el Día de la Construcción, y luego fue confirmado en conferencia de prensa por Gabriela Cerruti, vocera presidencial, y apoyado por el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi. Los puntos que analizarán son el plazo de los contratos de alquiler, el índice por el que se actualizan los precios, el sistema de garantías que el inquilino debe presentar para entrar y el trámite de registro de contratos en AFIP.
“La Ley de Alquileres, que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios, terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, sentenció Massa, resumiendo el diagnóstico del oficialismo respecto de la ley sancionada en junio del año pasado, con un amplio apoyo de ambos bloques, oficialista y opositor.
Desde el massismo hacen énfasis en la necesidad de elaborar un texto consensuado entre propietarios, inquilinos y las fuerzas que integran el Congreso, “para mantener el espíritu de la ley original, que fue un proyecto consensuado”, explicó la diputada electa Marcela Passo, a quien Massa encomendó la tarea a partir del 10 de diciembre cuando vuelva a ocupar su banca como diputada nacional tras dos años de pausa. Aunque no pueden asegurar plazos, canalizarán esfuerzos para que la propuesta pueda estar lista en diciembre y tener “la mejor ley en el menor tiempo posible”. Massa propuso en este sentido suspender la ley por 180 días para acelerar el nuevo tratamiento.
El cuestionamiento a la ley a la que esta semana adhirió el oficialismo fue uno de los puntos principales de la agenda de la oposición durante la campaña electoral. María Eugenia Vidal, Luciano Laspina y Martin Tetaz fueron algunos de quienes pidieron su derogación. Desde la Federación de Inquilinos Agrupados habían denunciado que no veían un compromiso para hacer cumplir la ley por parte del Ministerio de Hábitat.
En revisión
Desde el entorno de Massa aseguran que se encuentran revisando la demandas de las partes, que se concentran en cuatro puntos de la ley:
* Plazos de los contratos. La ley vigente aumentó de dos a tres años el plazo mínimo de alquiler y estableció mayores restricciones para que los propietarios rescindan el contrato. Estas condiciones generaron que una de las principales demandas de los dueños sea volver a los contratos de dos años y es uno de los temas que se analizarán en la revisión de los artículos que encarará el congreso. Para la Federación de Inquilinos, los tres años fueron un avance y mencionaron que en países de Europa existen contratos incluso más largos para dar previsibilidad a los inquilinos.
* Indice de actualización. Una de las principales demandas de las y los inquilinos tiene que ver con los porcentajes de actualización con los que se enfrentan al cumplirse el año del contrato. A diferencia de la situación anterior, en la que los propietarios fijaban aumentos semestrales por los dos años que duraba el alquiler, la nueva ley estableció que los ajustes se efectúan utilizando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración promedio de los trabajadores del sector privado formal (RIPTE), elaborado y publicado por el Banco Central.
Sin embargo, dado el aumento interanual de los precios -de 52,1 por ciento- y el RIPTE, los guarismos que empezó a arrojar el índice se encuentran en un nivel superior al 50 por ciento y preocupa a los inquilinos. Para aquellos que firmaron contrato el 1 de diciembre de 2020, el índice de actualización cuando se cumpla el año será de 51,37 por ciento. “Genera incertidumbre no saber cuál será la inflación, que es una variable sensible en Argentina. Habrá que revisar si se puede establecer el aumento sólo por el índice de salarios”, aclaró Passo.
– Garantías. Con la nueva ley, el inquilino debe otorgar hasta dos posibles garantías que pueden ser además un aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o una garantía personal del inquilino como el recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio, una de las cuales debe aceptar el propietario.
Sin embargo, quienes reciben los reclamos de la ley aseguran que a los inquilinos les sigue costando conseguirlas y pretenden analizar este punto a fin de que no sea un obstáculo para alquilar, al tiempo que genere tranquilidad en los dueños.
– Registro AFIP. La normativa establece que todos los contratos deben ser declarados ante la AFIP. El ministro Jorge Ferraresi aseguró que apenas 230.000 de los 2,5 millones que tienen en radar están inscriptos. El diagnóstico oficial es que el registro no funcionó. “Para el propietario genera mayores puertos administrativos a la hora de informar. Debemos generar mejores mecanismos por parte del Estado para que la fiscalización se puede hacer por cruces de información que el sistema ya tiene y no pedirle a los propietarios que se registren”, asegura Passo.
No fracasa la ley
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y uno de los principales defensores públicos de la nueva ley de inquilinos, respondió tajantemente ante la consulta de PáginaI12 acerca de los dichos de altos funcionarios del gobierno: “La ley de alquileres es demasiado para un gobierno como este. Lo que fracasa no es una ley, sino la voluntad política del gobierno y particularmente del Ministerio de Hábitat de resolver las grandes desigualdades entre quienes no tienen nada, y quienes hacen negocio con la necesidad de vivienda de otro”.
“No es la ley de alquileres, sino lo que falta regular. Falta regular el precio de los alquileres al inicio del contrato. Y como el mercado inmobiliario sabe que es el próximo paso, necesita derogar la ley ya, de manera urgente”, aseguraba Muñoz cuando la ley era atacada únicamente por el arco opositor. “La ley fue un avance y ahora es el momento de regular lo que falta, que es el precio inicial e implementar un fuerte impuesto a la vivienda ociosa”. El especialista adjudica al Estado la responsabilidad de esta falta de control. “Todo lo tenemos que hacer las organizaciones. Tuvimos que hacer nosotros una página web para calcular el índice de contratos de alquiler”.
