La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (27.642), más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, ya fue reglamentada, y ahora puede afirmarse que el país cuenta con una norma “modelo” en la materia. Lo destacan referentes de las organizaciones de la sociedad civil que hace tiempo pelean por este objetivo. “Es integral; la más completa de la región. Va a servir como base para que otros países puedan tomar aprendizajes o copiarla. Tiene los mejores estándares disponibles a nivel internacional y el alcance que habíamos esperado. No sólo toma en cuenta el eje del Etiquetado, sino que además contempla entornos escolares y publicidad”, celebra Mara García, integrante de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran). Junto a Ignacio Porras, de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (Sanar), desmenuzan en diálogo los desafíos que se vienen para la aplicación y anticipan el cambio de escenario que se producirá en unos meses.
Aunque hubo un fuerte lobby empresarial en la etapa de la reglamentación —incluso ahora que terminó hay sectores instalando confusas versiones en los medios—, el proceso derivó en un resultado que no decepcionó a las organizaciones. Se proponen seguir con atención la implementación. Los octógonos negros que indiquen excesos de nutrientes críticos en los productos deberían empezar a verse en agosto tratándose de las grandes empresas, ya que la reglamentación establece para eso de nueve meses desde la fecha de entrada en vigencia de la ley, lo cual ocurrió en noviembre de 2021. Para las PyMES son 15. Esto, en una primera fase. La segunda determina un plazo no mayor a los 18 meses para las grandes marcas y de 24 para las pequeñas y medianas. La primera etapa es más laxa, con puntos de corte menos exigentes respecto de la presencia de nutrientes críticos, con una gradualidad establecida hasta llegar al perfil de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es el que reconoce la ley. Las firmas pueden pedir prórrogas, con justificación, sólo en la primera instancia. A los dos años todas tienen que cumplir al pie de la letra con la normativa.
“En principio la que se reglamentó sería la ley casi tal cual salió del Congreso. El desafío viene ahora, para realmente saber si esa letra no tiene alguna fisura”, desliza García. “La autoridad de aplicación es Salud, pero hay un montón de sectores y actores que van a estar involucrados en el desafío de la implementación, como el Consejo Federal de Educación para los entornos escolares o la Anmat para la publicidad, promoción y patrocinio”. “Tenemos la mejor ley a nivel mundial, ya que incorpora también la asistencia alimentaria (el Estado debe priorizar la contratación de alimentos sin sellos). En este punto tenemos que ver la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social”, suma Porras. El texto de la reglamentación involucra también a Enacom para la publicidad y a las carteras de Desarrollo Productivo y Relaciones Exteriores en torno a los octógonos.
¿Qué productos llevarán octógonos negros?
“Esto nos va a demostrar cuántos productos con excesos de nutrientes críticos están en las góndolas. Nos va a poner entre la espada y la pared. Nos vamos a concientizar, incluso los que sabemos que compramos algo que contiene azúcares. Cuando miremos el changuito del supermercado y veamos que el 80 por ciento de los productos tiene sellos vamos a tomar conciencia de las porquerías que estamos comiendo… Se va a ver en muchos alimentos que la gente no presupone que son dañinos: el yogur, algunos jugos, las galletitas con avena y semillas; productos vistos como saludables”, dice García.
Según detalló el Ministerio de Salud, el etiquetado se aplicará de manera obligatoria en comestibles y bebidas analcohólicas que se vendan envasados y a los que durante su proceso de elaboración se les hayan agregado azúcares, sodio y grasas o ingredientes que los contengan en una cantidad que sea igual o superior a los límites definidos por la norma. Los productos que contengan edulcorantes y/o cafeína llevarán en sus envases sellos de advertencia con las leyendas “Contiene edulcorantes. No recomendable en niños/as” y “Contiene cafeína. Evitar en niños/as”. La leyenda “Exceso en calorías” sólo estará asociada al aporte de azúcares agregados y grasas totales y saturadas, porque las calorías en sí mismas no son consideradas un nutriente crítico.
No llevarán octógonos los nutrientes intrínsecos; es decir los que integran la matriz del producto, los que no son agregados (por ejemplo, una miel cuyo dulzor proviene de la fructosa natural). Sobre esto están apareciendo mensajes confusos en los medios. “Leí un artículo (de Clarín) donde se planteaba que la leche llevaría etiquetado, cuando claramente queda por fuera. El lobby no pudo influir en la reglamentación pero sigue creando confusión y engaño”, protesta García, licenciada en Nutrición.
Los envases retornables con rótulos litografiados y/o pintados llevarán etiquetas adhesivas de “difícil remoción” —se lee en la reglamentación— hasta 30 meses luego de la entrada en vigencia de la ley, y luego tendrán que incorporar el rótulo litografiado o pintado.
“Los supermercados presentan un 70 por ciento de productos con exceso de nutrientes críticos, procesados o ultraprocesados. Tienen muy poca superficie de alimentos naturales o mínimamente procesados. Por eso se va a ver un impacto en la cantidad de sellos”, explica, por su parte, Porras. “Tenemos basada nuestra alimentación en ese tipo de productos. Pero lo que venden los supermercados es solamente el 10 por ciento de la oferta alimentaria global. Es decir que si en un supermercado va a estar etiquetado el 92 por ciento de los productos no representa más que un 9 por ciento del universo total de alimentos que existen. La gente que trabaja para la industria afirmaba que el 91 por ciento de los productos del supermercado estarían alcanzados por sellos. Ese es el sistema que no nos conviene que exista. Necesitamos una mayor oferta de alimentos frescos”, suma el licenciado en Nutrición.
Expectativas
Uno de los grandes objetivos es “lograr un cambio en el patrón de consumo”, para que así haya una repercusión en el plano de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. En Uruguay, grafica el licenciado, el 50 por ciento de los consumidores modificó sus compras cuando aparecieron los sellos: comenzaron a elegir productos sin ellos o con menos, de la misma línea. “En México sucedió lo mismo. Y a eso se sumó que el 50 por ciento de los productos que estarían alcanzados por el Etiquetado al momento de darse de alta la ley no lo estuvieron porque las empresas reformularon la oferta”, agrega. García define: “El sello es una advertencia para el consumidor que la industria podrá sacarse de encima si reformula sus productos, mejora su calidad y deja de ofrecer nutrientes críticos en exceso”.
Entornos escolares y publicidad, otros pilares de la norma
La ley también determina que los productos con sellos no pueden ser vendidos u ofrecidos en entornos escolares. La implementación de este punto será “compleja”, se anticipa García. La Fagran viene trabajando hace años en el tema. “El Consejo Federal de Educación es un organismo vinculante, es decir que sus reglamentaciones tendrán alcance nacional. Pero esto no quita que después cada provincia no pueda articular alguna reglamentación propia. Tampoco conocemos los plazos para esto. Estamos con todas las energías puestas en lograr el apoyo de nuestros colegas a nivel federal. Contamos con 24 entidades miembro, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, lo que nos da cierta seguridad de que hay un contralor que pueda llevar la fiscalización adelante”, apunta. Porras señala: “Anmat tiene que fiscalizar la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos. Veremos si se formarán grupos específicos, si se le ampliará el presupuesto, si tiene la espalda”.
Ambos entrevistados hacen hincapié en la necesidad de que la sociedad civil se involucre en el proceso que se viene: “Es necesario que haya una línea de denuncia, como lo hay con la ley del tabaco, una plataforma donde se haga partícipe a la población, que tendrá que acompañar. Esta es una ley muy ambiciosa. Los mecanismos de fiscalización tendrán que ser exhaustivos y participativos. Estamos ante un nuevo comienzo; nada termina. Tendremos que ser ciudadanos activos y denunciar incumplimientos”, insta él. “Tenemos que poder lograr la conciencia colectiva de la denuncia y el autocontrol de lo que la industria ofrece. Eso va ayudar a las organizaciones a ejercer una fiscalización y el poder de la ley será más exitoso”, concluye ella.
