“Luego del estrépito generado por vuestra decisión del pasado 1° de octubre de 2021, donde reconocía desconocer mi domicilio, este Juzgado recién pudo cumplir con su deber de comunicar lo allí resuelto a mi respecto el día 6 del mismo mes y año. Pese a encontrarme fuera del país, como era y es de público conocimiento, vengo en tiempo y forma a presentarme en autos, sin que ello signifique reconocer ni consentir en el Sr. Juez las garantías que me confieren los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo hago convencido de mi absoluta inocencia en los supuestos hechos que se me pretenden atribuir y como derivación de mi respeto y sujeción a las instituciones de la República”, así comienza el escrito presentado hoy ante el juez Bava.
En el mismo escrito, Macri apeló la decisión del juez Bava de prohibirle la salida del país. “Ello así, por cuanto lo dispuesto carece de todo tipo de fundamentación, y por ende aniquila y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, libre circulación y tránsito, principio de inocencia, proporcionalidad y razonabilidad”, advirtió el ex presidente en el escrito.
Los argumentos de Macri: “La decisión de disponer mi prohibición de salida del país no explica -y sin dudas allí radica el por qué de su ausencia absoluta de fundamentación- que recién el 6 de octubre de 2021 fui anoticiado por este Juzgado de la existencia de la presente causa, es decir 5 días después de aquella decisión, y que hoy, en tiempo y forma, vengo a presentarme en autos. La decisión de disponer mi prohibición de salida del país no explica -y sin dudas allí radica el por qué de su ausencia absoluta de fundamentación- que tengo arraigo conocido en mi país, donde vivo con mi familia y desarrollo públicamente mi actividad política. La decisión de disponer mi prohibición de salida de país resulta entonces huérfana de toda fundamentación relacionada a mi persona y situación, lo cual conculca los derechos, principios y garantías que me amparan y que informan el debido proceso y la defensa en juicio”.
La causa
La investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan se inició el 23 de septiembre del año pasado por denuncia de la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata. Caamaño había hallado documentación sobre los seguimientos a las familias mientras relevaba información que le había pedido el juez Alejo Ramos Padilla mientras investigaba el llamado “Proyecto AMBA”.
Cuando citó a indagatoria a Macri, el juez dictó el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes estaban al frente de la AFI.
