“Lo que vi en Misiones, respecto de la situación de mujeres pobres con algún tipo de conflicto con la ley penal es muy grave”, dijo a Página|12 la directora Nacional de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, quien el lunes presentó un amicus curiae ante el Tribunal Superior de Justicia de Misiones para pedir la libertad de María Ovando hasta que se dicte la sentencia definitiva.
La presentación, que califica las vulneraciones que sufrió la mujer como un “recorrido de violencia institucional”, reclama que se incorpore la perspectiva de género al análisis del caso. Además, pide que se restituya el vínculo de María Ovando con sus hijos e hijas y que se implementen medidas de carácter reparatorio.
Carpineti llegó al Tribunal de Justicia acompañada de un equipo interdisciplinario, que lleva adelante el caso, compuesto por diez personas, con quienes estuvo “más de 20 minutos demorada para poder ingresar, no se si por policía vestida de civil o seguridad privada contratada por el Tribunal, pero sin un argumento claro”.
El equipo luego visitó a Ovando en la unidad penitenciaria donde está alojada, y también allí hubo obstáculos “basados en caprichos, sin ningún argumento”, advirtió Carpineti en diálogo con este diario. “Enciendo una alarma, un llamado de atención, de que esto no puede ocurrir, porque si me ocurre a mí, que soy funcionaria nacional, no me imagino qué le puede suceder a otro que enfrente arbitrariedades”, subrayó.
En el penal, detalló la funcionaria, el equipo recogió relatos de Ovando y también de otras detenidas que padecen vulneración de derechos, por lo que solicitaron entrevistarse con el Director General del Servicio Penitenciario Provincial, quien las recibirá este martes.
“Tenemos un 24 por ciento de mujeres detenidas en el Penal que están con prisiones preventivas, que es una arbitrariedad muy grave”, advirtió Jose Luis Fuentes, abogado especializado en DDHH.
El defensor añadió que el hecho de que Ovando “siga estando detenida es una barbaridad total”. “Suponiendo que el Tribunal Superior se tome el tiempo para resolver, ella tiene que estar en su casa con sus hijos y eso no está sucediendo”, afirmó.
“Hay una enorme misoginia de parte de magistrados y magistradas, porque no sólo es de parte de los magistrados varones. Hay misoginia y aporofobia, odio a los pobres”, aseguró Carpineti, quien observó que en Misiones sucede con “particular énfasis”. “Espero que lean el Amicus, me llamen para recibirme, ordenen la inmediata libertad de María y traten su absolución”, dijo la funcionaria, para quien la situación “es muy preocupante y no es un caso aislado, sino que es una matriz de comportamiento del Poder Judicial en esta provincia”.
Un caso de (in)justicia patriarcal
En 2012, luego de haber estado un año y medio presa, Ovando fue juzgada y absuelta por “abandono de persona agravado por el vínculo” por la muerte de su hija de 3 años. La niña, que falleció en brazos de Ovando cuando ella intentaba llegar a un hospital de la zona, murió como consecuencia de un cuadro de desnutrición.
En 2020, Ovando fue condenada a 20 años de prisión, acusada de no haber evitado abusos sexuales hacia sus hijas y nietas. “En los ocho años que estuvo libre desde 2012 hubo cinco causas en los juzgados de familia controlando cómo ella ejercía su maternidad. Nunca detectaron ningún signo de que sus niñes sufrieran o tuvieran signos de abuso”, destacó su abogada, Roxana Rivas.
“Solo cuando ella se atrevió a iniciar una demanda civil contra el Estado provincial y los funcionarios que la encerraron, por los daños que sufrieron ella y sus hijes, desataron toda la furia del Poder Judicial contra ella”, añadió la letrada.
Informe: Mercedes Chamli
