El Gobierno autorizó una suba de las cuotas del servicio de medicina prepaga, del 13,8 por ciento en diciembre, lo cual desató un nuevo cimbronazo al interior de la coalición oficialista. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “resulta francamente inaceptable este nuevo aumento”. Es el octavo incremento del año aprobado en favor del sector, con una suba acumulada de casi el 114 por ciento, bien por encima de las estimaciones de inflación más pesimistas.
Se trata del primer reproche directo de parte de CFK a la gestión oficial desde que Sergio Massa encabeza el equipo económico, más allá de haber deslizado semanas antes el problema de la falta de control sobre los aumentos de precios de las alimenticias. La Vicepresidenta ha mostrado a lo largo de su propia experiencia en el Ejecutivo una visión de los precios regulados por el Estado como anclas inflacionarias en lugar de que sean motores de las subas de precios, como considera que está sucediendo en la actualidad en el caso de las prepagas. Hay un dato político novedoso que probablemente tenga nuevos capítulos por delante.
La suba
El incremento porcentual en las cuotas de las prepagas está calculado a partir de la ecuación de costos que el Ministerio de Salud reconoce a las empresas a través de la Resolución 1293/2022, del 30 de junio pasado. Esa norma definió que “el cálculo para determinar el incremento se basa en la utilización de una matriz de costos promedio para el sector y la evolución de los índices de precios a nivel general y del sector salud en particular”. El índice considera una incidencia del 52,4 por ciento por parte del gasto en recursos humanos; un 17,2 por ciento en insumos médicos; un 12,2 por ciento en medicamentos y otro 18,2 por ciento en otros Insumos y gastos generales.
Dicha resolución, firmada por la ministra Carla Vizzotti, define que el cálculo del índice bimestral queda a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud junto a la Dirección de Economía de la Salud. Más allá del resultado final de la ecuación, no se publican datos parciales de cómo evoluciona cada componente. El indicador arrojó un aumento de las prepagas del 11,34 por ciento a partir del 1 de agosto, del 11,53 por ciento desde el 1 de octubre y ahora del 13,80 por ciento en diciembre.
De forma previa, las prepagas a lo largo de este año aumentaron de la siguiente manera: 9 por ciento en enero, 6 por ciento en marzo, otro 6 por ciento en abril, 8 por ciento en mayo, 10 por ciento en junio y otro 4 por ciento en julio. El acumulado del año arroja un incremento de las cuotas del 113,8 por ciento.
Repercusión
“Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de dos dígitos (13,8 por ciento), que el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114 por ciento anual de aumento otorgado. O sea, más de un 20 por ciento sobre la inflación anualizada”, publicó en Twitter la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
La ex presidenta agregó que “oportuna y reservadamente, manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario”.
La respuesta vino desde el lado empresarial. “Desde la asunción de Alberto Fernández a la fecha, la actualización de las cuotas de medicina prepaga está por debajo de la inflación”, dijo Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS). Detalló que “desde enero 2020 a diciembre 2022, las cuotas van a haber aumentado 247,6 por ciento, mientras que la inflación proyectada da 306,5 por ciento”.
No es el primer dardo que CFK dirige al Ejecutivo desde que Massa es ministro de Economía, aunque sí es el más incisivo. A comienzos de octubre, la Vice había tuiteado que “está mas que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”. Y agregaba que “el ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.
