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lunes, 15 abril, 2024
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    Patricia Bullrich le compite a Javier Milei a ver quién es más de derecha

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    Después de presentar a Carlos Melconian como su posible ministro de Economía para buscar certidumbre ante un electorado que parecía fugarse hacia la ultraderecha libertaria, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó su programa de gobierno para “un país en orden” en el que vuelve a la carga contra la protesta social y la estigmatización de las organizaciones sociales, el aval al gatillo fácil para las fuerzas de seguridad y colimba cívica para jóvenes, además de reforma laboral y acuerdos públicos-privados en la educación universitaria.

    En materia económica propone bimonetarismo para despegar del plan de dolarización de Milei y alianza con el Mercosur, sin mencionar el bloque de los Brics, y baja de impuestos, retenciones cero a la agroindustria y militarización de los “recursos estratégicos” como el petróleo y la minería. El programa de Bullrich no menciona qué ocurrirá con los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, pero sí vuelve a proponer la modificación de las Leyes de Seguridad Interior y Defensa.

    Economía, cepo, bimonetarismo y retenciones

    El programa de Bullrich habla de un “nuevo régimen cambiario, sin cepos” para liberar las exportaciones e importaciones, que asegurará “con normas prudenciales al movimiento de capitales”. “El cepo es un instrumento de tortura para los que producen, genera discrecionalidad y les hace perder rentabilidad. Solo sirve solo para mantener al Estado”, lanzó días atrás la ex ministra de Seguridad.

    El fin del cepo, según el programa, ocurrirá en paralelo a un sistema “bimonetario” en el que “convivan el peso y el dólar”. De esta manera, el programa de Bullrich se aleja de la dolarización propuesta por Milei. Algo que marcó el posible ministro de Economía, Carlos Melconian cuando fue presentado la semana pasada en Córdoba: “Tiene horizonte, tiene futuro y hay luz al final del túnel. Lo único que está prohibido acá es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica”.

    A tono con los reclamos del FMI, el programa propone “responsabilidad fiscal, con déficit cero inmediato” y una reforma para “garantizar la autonomía del Banco Central” con prohibición de financiamiento al gobierno y elección de autoridades a cargo del Congreso, con mandatos que no coincidan con el período presidencial.

    Además, el programa de Bullrich propone una nueva negociación con los gobernadores para un “nuevo acuerdo federal”, a diferencia de Milei que apuntó a dejar de transferirle fondos. La condiciones marcadas por la candidata de Juntos por el Cambio son: relaciones institucionales, fiscales, con ajuste del gasto de la política, establecimiento de la unicameralidad, adopción de sistemas electorales simples, inclusión de metas educativas, compromiso de límite del gasto corriente.

    La candidata de Juntos por el Cambio cumple con las promesas ofrecidas a la Sociedad Rural, que ya reclamó un lugar en un posible gobierno, y sostiene que habrá una “eliminación inmediata de las retenciones de producciones regionales”, algo que ya está en marcha desde septiembre, pero promete un “horizonte de reducción del resto de las retenciones, con mecanismos iniciales de pagos a cuenta de otros impuestos”.

    Por otra parte, propone que “se eliminarán la brecha de tipos de cambio entre insumos y productos, y liberación de todos los cupos a la exportación desde el primer día” y el envío de una ley al Congreso para prohibir “la potestad del Gobierno para restringir las exportaciones”. La ex ministra de Seguridad también prometió al sector agropecuario una nueva Ley de Semillas, Ley de Warrants, Ley de Fertilizantes y Ley de Biocombustibles. “Vamos a lograr el desarrollo del país productivo, promoviendo el corrimiento de nuestras fronteras productivas por la adopción de nuevas tecnologías”, dijo Bullrich en una reciente visita a Córdoba.

    Mercosur, Unión Europea, pero no Brics

    El programa marca al Mercosur como “una prioridad de la política exterior” que correrá en paralelo con la realización de “acuerdos de libre comercio con diversos países y regiones del mundo”. En ese sentido, el programa sostiene que el Mercosur “debe ser revisado su funcionamiento para asegurar la agilidad de sus decisiones para establecer nuevos acuerdos con otras regiones o estados”. Sin embargo, en ningún momento se menciona al BRICS, bloque de países emergentes en el que la Argentina fue incorporado a fines de agosto.

    Por otro lado, Bullrich propone avanzar en la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que Macri celebró cuando se logró la primera carta de acuerdo, pero aún permanece en negociaciones. Esos acuerdos se engloban en el horizonte de las “economías verdes”, buscando “potenciar el flujo de financiamiento local e internacional para proyectos de acción climática”.

    En ese contexto, el programa asegura la continuidad de la política minera en coordinación con las provincias con el objetivo de “atraer inversiones, con especial foco en los minerales críticos”. Tras la conflictividad registrada en Jujuy, con la reforma constitucional, Bullrich afirmó que impulsará un programa de protección de infraestructura y actividades críticas, “incluyendo de transporte, energía, minería, petróleo, con despliegue de fuerzas federales y Fuerzas Armadas”.

    El tamaño del Estado

    Como eco del “plan motosierra” de Javier Milei, Bullrich propone “bajar los ministerios a la mitad”, algo de lo que también hablaba su rival en la interna Horacio Rodríguez Larreta, pero continúa con otras promesas: “Vamos a reducir a su mínima expresión los cargos políticos. Vamos a reducir a su mínima expresión los cargos políticos, sin funciones duplicadas por dependencias, y con sólo la cantidad mínima necesaria de cargos políticos para el cumplimiento de sus metas”.

    Para los funcionarios también promete algo que, hasta el momento, no ocurrió en ninguna gestión de Juntos por el Cambio: “Los funcionarios deben vivir igual que el resto delos ciudadanos. Se terminan las cajas chicas, los autos, los teléfonos pagos y todos los privilegios y prebendas”.

    Por otra parte, el programa de la candidata de Juntos por el Cambio habla de un  “aumento de la conectividad aérea, generando la llegada de nuevas aerolíneas y vuelos directos entre provincias”, algo similar al plan de “cielos abiertos” propuesta por la gestión de Mauricio Macri, pero para esto avanza nuevamente sobre la aerolínea de bandera: “Aerolíneas Argentinas. Luego de un período de transición breve dejará de recibir subsidios estatales”, asegura.

    El plan para Aerolíneas Argentinas entra dentro de un programa de “Racionalización de las empresas públicas”, que tendrá como “objetivo es que no produzcan gastos, es decir déficit, al Estado. Deberán presentar sus planes de negocio y tendrán fechas límites para ordenarse y autofinanciarse”.

    En ese contexto, el programa habla de poner marcha un plan de mejora y ampliación de infraestructura de transporte ferroviario, vial y fluvial, pero al hablar de la Hidrovía Paraná-Paraguay, asegura que saldrá del control estatal que cuenta en este momento y se buscará “volver a contar con un contrato de concesión que sea competitivo, administrado por el sector privado y controlado por la Subsecretaría de Vías Navegables”.

    En materia de energía, sostiene que se van a “normalizar los entes regulatorios intervenidos por el gobierno, lo que contribuyó a destruir la confiabilidad en el sistema y afectó la inversión”. En ese punto se refiere al ENREy al Enargas, autoridades  designadas a través de concursos abiertos y tendrán como rol  “asegurar el cumplimiento de los marcos regulatorios”.

    En ese tono, a la hora de hablar de la política de vivienda –en la que prioriza los acuerdo público-privados y los préstamos para alquileres sin asegurar un futuro con créditos hipotecarios– señala que se van a “limitar los gastos burocráticos y politización de los Institutos de Vivienda”.

    Seguridad o criminalización de la protesta, y gatillo fácil y baja de edad de imputabilidad

    El programa de Bullrich menciona algunas ejes de intervención de las fuerzas de seguridad para mejorar la seguridad ciudadana y la convivencias, pero dedica buena parte del programa a un plan apuntada a la criminalización de la protesta, tal como hizo durante su gestión como ministra de Seguridad con Mauricio Macri.

    El programa de gobierno promete “orden público” al señalar que se va “a terminar con los bloqueos, las ocupaciones y los cortes ilegales” a partir de “un marco legal para la realización ordenada de manifestaciones” y la que serán prohibidas manifestaciones “ilegales”, que bloqueen actividades y movilidad de los ciudadanos.

    En ese plan de seguridad, Bullrich habla de “eliminar automáticamente la intermediación de los planes sociales de las organizaciones que fomenten u organicen cortes o bloqueos”, como si los piquetes se tratarán de un fin en sí mismo y no el reclamo por una crítica situación social y económica.

    Ese plan se hace extensivo al turismo y a las actividades productivas, cuando se menciona que será “prioritario garantizar la seguridad de las actividades turísticas, sin cortes, usurpaciones, extorsiones o robos” y, sin mencionarlo, reivindica su política de persecución que se caracterizó por la creación de la RAM como un enemigo externo, recordado por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

    “Vamos a resguardar el territorio nacional de ocupaciones, ataques y extorsiones de organizaciones extremistas. Desplegaremos las fuerzas federales en las zonas afectadas; formando grupos de operaciones conjuntos y fortaleciendo la investigación judicial contralas organizaciones; persiguiendo sus fuentes de financiamiento incluyendo la cancelación de planes sociales en caso de estar involucrados”, señala.

    En tanto, Bullrich plante un programa de “cuidar a los que nos cuidan”, que vuelva a poner sobre la mesa las resoluciones ministeriales con la que institucionalizó el gatillo fácil durante su gestión ministerial. La candidata presidencial propone “la reforma del artículo 34 del Código Penal para establecer la legítima defensa especial para los agentes que, en servicio o fuera de él, intervengan para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las personas”.

    Además de reformar el Código Procesal Penal para “restringir el uso abusivo de la prisión preventiva respecto al personal policial”. Estas propuesta se sostienen para “asegurar el bienestar del personal de Fuerzas Policiales y de Seguridad, y protegerlos frente a abusos judiciales”.

    También vuelve a poner sobre la mesa la Ley de Derribo, rechazada durante el gobierno de Mauricio Macri. Bullrich propone en su programa otras modificaciones resistidas durante su gestión y frenadas constantemente por las organizaciones sociales y de derechos humanos. Se trata de la reforma de las Leyes de Seguridad Interior y de Defensa, con el argumento de hacer un “uso adecuado de las fuerzas armadas en las hipótesis de conflicto que enfrenta el país”.

    Y, por otro lado, “impulsar la baja de la edad de imputabilidad y modificar el régimen de menores que delinquen, para solucionar un vacío legal y evitar que los menores sean usados por redes delictivas”. En ese tono, el programa de Bullrich habla en materia judicial de “poner a las víctimas como centro de protección del Derecho Penal, dejando atrás el zaffaronismo, que defiende a los delincuentes”.

    Al hablar del Poder Judicial es llamativa la expresión de “despolitizar el sistema judicial”, cuando la gestión de Juntos por el Cambio tiene varias causas judiciales abiertas por la intromisión política en las investigaciones judiciales. Bullrich propone como solución “la reforma del Consejo de la Magistratura”, órgano que ahora se encuentra bajo el control de la Corte Suprema.

    Políticas laborales y sociales

    En este punto, el programa de Bullrich avanza sobre la reforma laboral al mencionar una “modernización del régimen laboral” con la promesa de “generar más empleo formal, terminar con la litigiosidad y darle previsibilidad a las relaciones laborales”. Como propuesta menciona el envío al Congreso de leyes para el empleo joven y el “empleo casual” y la aplicación de un régimen impositivo simplificado para pymes.

    “Vamos a promover el empleo mediante nuevas formas de contratación. Adaptar la legislación a las nuevas modalidades de trabajo: trabajo de plataformas, trabajo por equipo, banco de horas”, propone.

    En ese camino, tal como anticipó su posible ministro de Trabajo, Dante Sica, el programa confirma la decisión de “actualizar los convenios colectivos, incluyendo la eliminación de la ultraactividad y la negociación de nuevos convenios acordes al mercado laboral actual” y fomentar “la negociación de convenios por empresa”. Como parte de la reducción de costos laborales, el programa vuelve a la carga sobre la organización gremial al proponer “eliminar los aportes solidarios y las contribuciones previstas en los convenios actuales”.

    Educación Social y Empleo

    La cruzada de Juntos por el Cambio con la organización gremial también está presente en el capítulo de Educación del programa, en el que se habla de “declarar la educación servicio esencial” y menciona que “el derecho de huelga no debe estar por encima del derecho de los chicos a aprender”. En ese marco, también proponer evaluar la calidad de los Institutos de Formación para mejorarla calidad de los docentes.

    A nivel universitario, Bullrich no propone la privatización como su rival de ultraderecha Javier Milei pero contempla una modernización del sistema universitario, con reducción en la extensión de las carreras y el enfoque de estudio y investigación en “temas estratégicos para el país a través de acuerdos público-privados”.

    En tema de investigación, la candidata de Juntos por el Cambio tampoco habla del cierre del CONICET, como Milei, pero señala que “ha sufrido cierta partidización y desviación de sus objetivos”, por lo que propone “vincularlo fuertemente con el sector productivo, mediante asociaciones público-privadas para la investigación y desarrollo”.

    Por otro lado, como solución al desempleo joven, Bullrich vuelve sobre una política aplicada al final de su mandato como ministra de Seguridad: el “Servicio cívico voluntario en valores”, que estará dirigido a jóvenes de 18 a 25 años sin secundario y sin trabajo como ámbito de cohesión e integración social.

    En cuanto al plan Potenciar Trabajo, que reúne casi 1.300.000 personas, Bullrich propone que se conviertan en un sistema de cobertura temporal, en el que los trabajadores informales deberán demostrar mensualmente que buscaron empleo formal, asistieron a una institución educativa o se capacitaron en un instituto de formación profesional.

    Además, la ex ministra de Seguridad apunta contra las organizaciones al sostener: “No más intermediarios. Buena parte de los recursos que el Estado vuelca a la política social se pierden en financiar organizaciones piqueteras y partidos políticos. Esos recursos enriquecen ilegalmente a muchos intermediarios y financian a sus organizaciones políticas”.

    Fuente: Pagina 12

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