En la conversación diaria del Gobierno aparece una agenda de largo plazo con objetivos de crecimiento que están directamente relacionados a la evolución que tenga la pandemia de COVID en Argentina. En ese horizonte, ya hay algunas definiciones tomadas, números posibles y problemas en vista. Dos ideas fuerza: la mejora económica tiene chances de ser robusta; y la inflación debería ir a la baja recién en abril.
La primera premisa que siguen en el Gabinete Económico es que la mejora en la actividad ya tiene una tendencia interesante que no debería torcerse aún si la segunda ola de contagios fuera más fuerte que la del 2020. Esta semana, el INDEC comunicó la novena alza consecutiva del Estimador de Actividad y el crecimiento más grande en cuatro meses. En el Ejecutivo tienen decidido no restringir actividades económicas centrales ni comerciales, sino trabajar en controlar la circulación, las reuniones sociales y seguir con los sectores económicos protocolizados.
Naturalmente, el Gobierno está ante un año eleccionario en el que no resignará crecimiento, porque además observan números bastante mejores que los previstos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya blanqueó que al menos habrá un PBI creciendo 7 puntos, casi dos más que lo presupuestado. Ven los funcionarios que planchando el indicador de actividad de enero, ya se llega a un 7 de mejora, descontando la caída que tuvo el sector agro. Las consultoras del mercado, por su parte, arriesgan a un rebote mayor, por arriba del 8. De ser así, se estará cerca de empatar el derrumbe de 10 puntos del PBI en 2020.
“Somos cautos”, se sinceran de todos modos en la Casa Rosada, porque la marcha de la pandemia es incierta. Pero se mentalizan en trabajar con el sector privado para evitar frenos en la actividad. Ya hay entidades, como la Cámara Argentina de Comercio y CAME que están llamando a extremar los cuidados para ir en la linea oficial de no forzar cierres. En este escenario, el Gobierno ve mucho potencial de la industria para seguir creciendo, como de la construcción, los autos y la siderurgia. Además del empuje de la cosecha y la producción agropecuaria. En paralelo, se analizan medidas extra que, en el tono de la rebaja en Ganancias, sean beneficios directos que le hagan sentir a la población lo que se empieza a ver en los números fríos.
Inflación, tarifas y salarios
El tema más complejo que afronta el Gobierno es la inflación, que además está impactando de manera directa en las cifras de pobreza. En el Ministerio de Economía aseguran que “la expectativa está puesta en abril, el mes a mirar”. Allí esperan un inicio de desaceleración. En el entorno de Guzmán explican que en “marzo seguirá alta, con números parecidos a los de febrero”, porque impactarán diferentes factores, como la apertura de colegios y las ventas de ese rubro. De hecho, cada vez que se abrió una actividad cerrada por pandemia, se vio reflejado en el IPC, como ocurrió con Hoteles, Restaurantes y Esparcimiento; y tarifas aéreas.
Además, apuestan a que la estabilidad cambiaria y el freno a las actualizaciones del dólar oficial jueguen a favor en la calma en los costos. En paralelo, el Gobierno prepara una batería de acuerdos sectoriales para poner un dique de contención al precio de los alimentos, que viene subiendo en general por encima de la media. Entre ellos hay un plan de tres ministerios para trabajar en la regulación y precios de alimentos frescos. Precisamente carnes, verduras y frutas han sido los que mostraron mayor dinámica al alza. Todo mientras ya rigen acuerdos políticos como Precios Cuidados y Precios Máximos, que abordar a los productos industriales que están en la góndola.
Así y todo, resaltan en el Ejecutivo la marcha de las paritarias como el dato fuerte, que vienen en una pauta de entre 30 y 35 por ciento de suba, lo que cubriría la primera parte del año con mejoras en el bolsillo. En este escenario, tampoco ven mal en el Gobierno que haya revisiones paritarias en octubre y noviembre. Para que la inflación no sea el techo de la recuperación, deben crecer los sueldos y moderarse los precios para que se vea en el consumo, rubro que explica 7 de cada 10 pesos de la economía.
Uno de los pocos enigmas pendientes una vez blanqueados los aumentos de naftas que terminan en pocos meses, son las tarifas de servicios públicos y su impacto en el índice. Los entes reguladores vinieron avisando que la pauta en luz y gas podría ser de 12 o 15 por ciento. En Economía, en tanto, aclaran además que el corredor fiscal es fino y que el dinero para subsidios no sobra. De todos modos, la de las tarifas es una definición política de altísimas esferas que obligará a todos los ministerios a cuadrarse.
